Para los integrantes del movimiento #YoSoy132 y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es claro que los 14 jóvenes retenidos por los disturbios del sábado 1 –13 hombres y una mujer– son la “cuota política” que el Estado se arroga ante la falta de elementos para demostrar su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ataques a la paz pública, expresión propuesta en 2002 por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Por eso insisten en que se derogue el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal que tipifica ese delito, equiparable al de disolución social, de infausta memoria. Y sostienen: “El culpable aquí es el Estado”domingo, 16 de diciembre de 2012 | Patricia Dávila y Santiago Igartúa | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- El delito de ataques a la paz pública en pandilla que mantiene en la cárcel a 14 de los jóvenes que se manifestaron el sábado 1 es equiparable al de disolución social que se aplicó a los estudiantes del movimiento de 1968 y culminó el 2 de octubre de ese año con la matanza de decenas de ellos en la Plaza de las Tres Culturas.
Este aspecto le pesa "políticamente" a la juez 47 de lo Penal, Patricia Mora Brito, pues según el razonamiento que aparece en los expedientes de los otros 55 detenidos –quienes tuvieron que ser puestos en libertad porque los partes de policía eran genéricos, imprecisos y contradictorios– es similar al de los autos de los otros 14 que aún están en prisión.
Para integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Mora Brito "se contradice en su propia resolución", por lo que, arguyen, los 14 que se quedaron presos son una "cuota política".
Los litigantes promueven, a través del movimiento #YoSoy132, la desaparición del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal vigente, que a la letra dice:
"Artículo 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación".
De acuerdo con los abogados, la represión del sábado 1 es equiparable a la que sufrieron los estudiantes que acudieron el 2 de octubre de 1968 al mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) en Tlatelolco. Por ello urgen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a derogar el artículo 362 antes de que concluya el año para que los 14 detenidos recobren su libertad.
CRIMINALIZAR
"Los integrantes de la ANAD elaboramos la iniciativa inspirados en la represión ejercida contra los jóvenes el sábado 1 de diciembre. La acusación que les imputaron fue desproporcionada y desmedida. También lo hicimos porque en los últimos tres años este mismo delito –‘ataques a la paz pública’– ha sido utilizado para criminalizar sólo a jóvenes, como los reggaetoneros que fueron detenidos a mitad de año por presuntos actos vandálicos en estaciones del metro.
"Asimismo, el movimiento #YoSoy132 asumió la propuesta de pedir la derogación a partir de esta coyuntura política", sostiene el abogado David Peña, afiliado a la asociación y a la Liga de Abogados 1 de Diciembre.
En cuanto a los conceptos de "ataques a la paz pública" y "disolución social", refiere: "Hicimos un comparativo entre los puntos del CNH del 68 y lo que ahora reivindica el #YoSoy132. En aquella época, los estudiantes pedían la derogación del delito de disolución social; los jóvenes de ahora demandan la derogación del de ataques a la paz pública. En el 68 exigían la destitución del jefe de la policía; hoy ya se fue, pero si se hubiera quedado la demanda sería la misma".
Y así como el CNH abogaba por la libre manifestación o de expresión, lo que hoy se pide es la no criminalización de la protesta.
"Si en el 68 participabas en una manifestación, era suficiente que alguien dijera: ¡Abajo el gobierno!, para que lo acusaran de disolución social. En la actualidad esta práctica sigue vigente. En el 68, a la disolución social se le consideraba una modalidad de terrorismo; ahora, el gobierno del Distrito Federal lo aplica con el mismo criterio.
"La disolución social se derogó en 1970, a dos años de la matanza de Tlatelolco. Tres décadas después cobró vigencia, al aprobarse el artículo 362, el cual rescató la esencia persecutoria del delito de disolución social que emplearon el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría en 1968 para reprimir manifestaciones estudiantiles", explica Peña.
LAS PRUEBAS QUE SÍ EXISTEN
Los integrantes de la ANAD insisten: Las autoridades del Distrito Federal violan el debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías judiciales, la integridad personal y el derecho de asociación de los jóvenes, pues la procuraduría capitalina les imputa como agravante el sólo hecho de reivindicarse como miembros de #YoSoy132.
Para el gobierno de la Ciudad de México, #YoSoy132 es una pandilla. De ahí la urgencia de derogar el artículo 362, dicen los abogados de la Liga 1 de Diciembre. Para las autoridades capitalinas, insisten, dejar presos a 14 jóvenes es una cuota política.
David Peña puntualiza: Lo que sí hay son pruebas de que elementos de la Policía Federal se excedieron al realizar los disparos contra los manifestantes y que la Procuraduría General de la República no ha abierto una averiguación previa para investigar a los que dispararon y a quienes les dieron la orden.
Lo mismo sucede, según el abogado, con los policías capitalinos, pues la procuraduría local no ha abierto ninguna indagatoria contra ellos por falsedad en sus declaraciones y el uso excesivo de la fuerza al realizar las detenciones.
Y se lanza contra el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera: "Él dijo que el Consejo de Honor y Justicia va a realizar una investigación, como encargado de las sanciones administrativas. Para nosotros, los actos del 1 de diciembre rebasan el consejo".
LOS PERFILES
He aquí los perfiles de los 14 acusados de ataques a la paz pública:
–Enrique Rosales Rojas. Tiene 50 años, de los cuales ha sido profesor de primaria en escuelas públicas en la delegación Gustavo A. Madero los últimos 29.
–Obed Palagot Echavarría, estudiante de biología en la UNAM, es promotor de los derechos de los migrantes. A sus 23 años ha sido pescador, malabarista y biólogo en Sudamérica, donde trabajó durante meses a cambio de techo y comida,
–Roberto Fabián Duarte García, de 38 años, a quien el ombudsman capitalino clasifica como "persona en situación de calle". Está preso también por sus adicciones. Sus familiares tuvieron que llevarle unos zapatos al reclusorio, pues las autoridades ignoraron sus pies descalzos.
–Daniel García Vázquez frisa los 24 años y estudia arquitectura. Proviene de una familia de campesinos de San Luis Tecuautitlán, en el Estado de México. Ahí comenzó a trabajar en la recolección de tunas.
–Stylianos García Vackimes –Sty, por su hipocorismo– es fanático del futbol americano. A sus 30 años, tiene pocos amigos que compartan su gusto por la música clásica. Comenzó como mesero en una taquería; hoy es dueño de una fonda en Iztacalco.
–César Llaguno, de 22 años, vendía hot cakes en Estados Unidos cuando era indocumentado en ese país. Regresó a la Ciudad de México, donde ha sido bolero en el corredor de la Avenida Juárez los últimos dos años. Ahí lo alcanzó la historia. Su padre y él carecen de recursos para contratar a un abogado que defienda su caso.
–Bryan Reyes Rodríguez, quien perdió a su padre hace 18 años, cuando aún no cumplía los nueve, estudia en la Escuela Nacional de Música. Desde adolescente toca la guitarra en cafés para cubrir sus gastos.
–Eduardo Daniel Columna, de 19 años, tiene el semblante de un niño. Patriota –así lo describen sus familiares–, fue "vejado y humillado" el sábado 1. Encarcelado, dejó inconcluso su semestre en la carrera de ingeniería.
–Oswaldo Rigel Barrueta Herrera también de 19 años, estudia bachillerato. De él, sus padres dicen que es un gran lector y amante de la música de Los Beatles.
–Sandino Jaramillo Rojas, de 30, trabaja como fotoperiodista independiente para mantener a su abuela en los talleres de Faro Oriente, sustentado por el Gobierno del Distrito Federal. En la memoria de su cámara está su defensa.
–Alejandro Lugo Morán, de 34 años, es el sustento de sus sobrinos de 6 y 10 años. Campista, vive a dos cuadras de la Glorieta de Colón, zona de donde lo detuvieron en un estacionamiento "por su aspecto", asegura su madre.
–Carlos Miguel Ángel García Rojas es un servidor público de 31 años. Trabaja en el Centro de Salud Urbano "Virgencitas", de Ciudad Nezahualcóyotl. Ganó la beca "Recursos Abiertos en Casa Vecina" de la fundación Centro Histórico para impartir talleres de arte a niños de la comunidad.
–Jorge Dionisio Barrera Jiménez, de 35 años, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su esposa lo describe como un hombre culto, dedicado con fervor a la crianza de su hija pequeña.
–Rita Emilia Neri Moctezuma, de 22 años, es de cuerpo frágil y carácter de hierro. Estudiante de enfermería, hace su servicio social en el Hospital Materno Infantil Inguarán. Sus 10 compañeras, ya liberadas de Santa Martha, recuerdan que era la primera en prestar su chaleco para cobijarlas del frío calante. "Vivimos frío, hambre, sed, agresión sicológica verbal y en algunos casos física", escribió desde la cárcel. Su testimonio estremeció las redes sociales.
