Aun cuando Felipe Calderón se había comprometido a no autorizar más permisos para el funcionamiento de casinos durante su administración, no solamente así lo hizo; favoreció en particular a las empresas Producciones Móviles, S.A. de C.V. y Exciting Games, S. de R.L. de C.V., cuyos propietarios son identificados como “personas relacionadas con la delincuencia organizada”. Calderón no dio tiempo de nada, puesto que las licencias, casi 100, las liberó dos minutos antes de concluir su mandato.
Dos minutos antes de concluir su sexenio, a las 23:58 horas del 30 de noviembre, el presidente Felipe Calderón otorgó, a través de la Secretaría de Gobernación, dos permisos para operar casi 100 casinos, en un trámite “ilegal” que se consumó a las 3:16 de la madrugada del 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto era ya formalmente el primer mandatario del país.
No sólo eso. Socios de las dos empresas beneficiadas por Calderón, Producciones Móviles, S.A. de C.V., y Exciting Games, S de R.L. de C.V., son identificados como “personas relacionadas con la delincuencia organizada” y, pese a que lo sabía, la Secretaría de Gobernación expidió los permisos.
Esto le permitirá a Producciones Móviles operar, durante 25 años, 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números, mientras que Exciting Games podrá explotar, también durante un cuarto de siglo, siete centros de apuestas y siete salas de sorteos.
Se trata de una “conducta a todas luces criminal” del entonces secretario de Gobernación Alejandro Poiré y de otros 12 funcionarios que otorgaron los dos permisos, los únicos en el sexenio de Calderón, según la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la empresa Entretenimiento de México, S.A. de C.V. (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona.
El viernes 14 de diciembre, una semana después de que Emex presentó la denuncia (viernes 7), la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDSPCAJ/M/322/2012 en la Unidad Especializada de Delitos cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia.
Y es que el “favoritismo” del gobierno de Calderón se tradujo también en que, además de los permisos, se otorgaran a ambas empresas autorizaciones para la operación de casinos que desde hacía años funcionaban de manera ilegal.
Producciones Móviles operaba ilegalmente 38 establecimientos desde enero de 2011, y Exciting Games seis desde septiembre de 2010, fechas en las cuales dejaron de ser operadoras de Emex, pero tanto Poiré como los otros 12 funcionarios de la Secretaría de Gobernación toleraron su funcionamiento.
En la denuncia presentada por Arturo y Juan José Rojas Cardona –este último conocido como El Rey de los Casinos– se acusa a los funcionarios, los miembros del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, de cometer el delito de ejercicio abusivo de funciones en el otorgamiento de los permisos.
La denuncia de Entretenimiento de México, S.A. de C.V., firmada por su representante legal, Adrián Aminadab Román y Román, solicita a la PGR investigar también a otras 18 personas físicas y morales relacionadas con las dos empresas favorecidas por el gobierno:
“(Es) una conducta a todas luces criminal”, insiste la denuncia, porque “estas empresas no pudieron haber obtenido el permiso federal cumpliendo cabalmente los requisitos necesarios que para tal efecto prevé la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, máxime que la operación de sus establecimientos ocurre desde mucho tiempo antes de que obtuvieran el permiso federal en obvia ilegalidad; puesto que un hecho lícito no puede partir de uno ilícito, no se puede enmendar el camino de lo legal tratando de ocultar lo ilegal”.
En la denuncia se pide al Ministerio Público investigar, también, si se utilizó “dinero sucio” en el otorgamiento de los permisos a partir de que el pasado 15 de agosto se cambió el estatus jurídico de las empresas, que de operadoras pasaron a ser permisionarias.
“Independientemente del delito que pudiera versar sobre la indebida autorización de carácter económico que otorgaron los servidores públicos denunciados, y de las empresas, sus representantes, accionistas o apoderados que solicitaron las autorizaciones indebidas planteadas, solicito se investigue la utilización de recursos de procedencia ilícita de los probables responsables.”
Las autorizaciones de Poiré, el subsecretario Obdulio Ávila y otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la mayoría militantes del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieron con el inicio del procedimiento para revocar el permiso a Emex, en agosto de este año (Proceso 1874).
Sin embargo, apenas el martes 11, el juez Tercero de Distrito en Materia Civil de Nuevo León, Julio César Franco Ávalos, concluyó el procedimiento de concurso mercantil iniciado contra la empresa de los Rojas Cardona.
Calderón, como Creel
En los dos permisos para operar hasta 94 casinos, Calderón no sólo incumplió su palabra de no otorgar este tipo de autorizaciones, sino que imitó a Santiago Creel, quien una semana antes de dejar el cargo de secretario de Gobernación, en mayo de 2005, para buscar ser candidato presidencial, autorizó numerosos permisos para casinos.
Uno de esos permisos fue otorgado justamente a los hermanos Rojas Cardona, quienes han mantenido relación política con prominentes panistas del entorno de Gustavo Madero, cuya campaña por la presidencia del PAN fue presuntamente financiada a través de los hoy diputados Jorge Villalobos y Rodolfo Dorador, aunque ellos lo han rechazado reiteradamente.
De hecho, conforme a una grabación, Dorador se ufana de haber colocado como director del Registro Nacional de Miembros del PAN a Iván Garza Téllez, exempleado de El Zar de los Casinos. Con ambos apareció en una fotografía publicada en Proceso 1819, del 11 de septiembre del año pasado, junto al también panista José Serrano y al cardenal Norberto Rivera.
El pleito de Madero con Calderón coincide con la decisión de éste de tratar de revocar, a través de la Secretaría de Gobernación, el permiso a los Rojas Cardona.
Ahora, el trámite para autorizar los dos permisos mediante los cuales pueden operarse hasta 94 casinos, que derivan del otorgado a Emex de los Rojas Cardona, se finiquitó entre las 23:33 horas del 30 de noviembre y las 4:00 horas del 1 de diciembre, según la constancia en la página de internet de Juegos y Sorteos, que certificó el Notario Público 136 de Nuevo León, José Juan de Dios Cárdenas Treviño.
A las 23:33 del 30 de noviembre se actualizó la página con la lista de permisionarios, y a las 23:58, dos minutos antes de terminar el sexenio de Calderón, se introdujo el nombre de Exciting Games, mientras que la fecha de introducción de Producciones Móviles fue ya el 1 de diciembre, a las 3:16 horas.
“Todas estas introducciones se practicaron por un sujeto de nombre Antonio Alvares (sic)”, dice la denuncia de Emex ante la PGR, y enseguida apunta:
“(Son) fechas de introducción que denotan invariablemente una urgencia excesiva en las personas que las fabricaron para que éstas aparecieran en esta página, ya que sabían que al día siguiente tomaba posesión el nuevo presidente de la República aproximadamente a las 11:00 AM, y con esto el cambio en la administración federal, de tal suerte de que si no lo hacían estos funcionarios que se denuncian, probablemente quienes los remplazarían, al advertir las deficiencias que hacían indebida esa autorización, negarían su trámite y no hubieran concedido el permiso federal para esas empresas.”
Conforme a la denuncia, los funcionarios de la Secretaría de Gobernación actuaron en todo momento con favoritismo hacia las dos empresas que recibieron los permisos derivados del otorgado por Creel a los Rojas Cardona, identificado como DGJS/SCEVF/P-06/2005.
A Exciting Games se le dio el permiso con el mismo número del de Rojas Cardona, pero con el término “bis”, mientras que al de Producciones Móviles se le añadió “ter”.
Por ello, exige, “debe sancionarse la conducta criminal” de los funcionarios involucrados, porque el artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que los permisos son intransferibles.
Además de Poiré y Obdulio Ávila, los acusados de cometer por lo menos el delito de ejercicio indebido de funciones son Carlos Armando Reynoso Nuño, titular de la Unidad de Gobierno; el director general adjunto de Juegos y Sorteos, José Epigmenio Zermeño Radilla, y otros 10 de menor jerarquía.
También están señalados como presuntos responsables los integrantes del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, que incluye a dos miembros de la sociedad civil que supuestamente deben vigilar la correcta aplicación de la ley.
Los otros acusados son socios, apoderados y representantes de Producciones Móviles y Exciting Games: José Francisco Alejandro Sánchez, Juan Juárez Santiago, Shelf Company No. 73, S.A. de C.V., Augusto Jair Bravo Gutiérrez, Luis Palomino Bandala, Alfredo Moreno Quijano, José Ramón Moreno Quijano, Antonio Moreno Quijano y Jorge Armando Guerrero Ortiz.
También, Oaxaca Investments LLC, John Edward Nonley, Gordon Gay Burr, Gabriel Velasco Carrión, José Miguel Ramírez Rodríguez, Julio Carlos Gutiérrez Morales, Miguel Ángel Noriega Loredo y Alberto Yamir Mendoza Ordóñez.
Nexos criminales
En este elenco destacan Alfredo Moreno Quijano, presidente del Consejo de Gerentes de Exciting Games, quien está prófugo de la justicia luego de que el Juzgado 37 Penal del Distrito Federal emitió en su contra una orden de aprehensión por fraude. A su vez, la Procuraduría de Justicia capitalina expidió una alerta migratoria para evitar que salga del país.
Moreno Quijano, cuyo hermano José Ramón es director general de Exciting Games, es esposo de la exdiputada federal del Partido Verde Adriana Sarur Torre, quien ha trabajado para TV Azteca y fue parte del grupo de legisladores pertenecientes a la “telebancada”.
Según la diputada Lizbeth García, presidenta del Grupo de Trabajo Especializado en la Vigilancia y cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de la anterior legislatura, un exsocio de Exciting Games es Tomás Ruiz Ramírez, padre del actual secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz y extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Tomás Ruiz González.
En la denuncia, los Rojas Cardona se deslindan de Exciting Games, porque dejó de ser su operadora de casinos desde septiembre de 2010, “en razón del ilegal manejo económico que realizaba esa empresa y dejando de pagar los porcentajes correspondientes de operación a Entretenimiento de México”.
Producciones Móviles también dejó de ser operadora de Emex, desde enero de 2011, “entre otras razones por el mal control de legalidad con que se desenvolvía esa persona moral, incluyendo el de mantener entre sus socios a personas relacionadas con la delincuencia organizada, como oportunamente se hizo saber a la Secretaría de Gobernación, como se acredita con el contrato de operación y su correspondiente convenio de terminación, además con el escrito dirigido a la Secretaría de Gobernación, informando la circunstancia planteada en relación a la delincuencia organizada”.
En efecto, Arturo Rojas Cardona informó a la Secretaría de Gobernación del caso de Lino Armando Vázquez Mata, expresidente del Consejo de Administración de Producciones Móviles, que siguió ostentándose como operadora de Emex y hasta la Secretaría de Gobernación le autorizó la apertura de un casino en Querétaro.
Según el escrito, Rojas Cardona advirtió de violaciones a la ley, “toda vez que el señor Lino Armando Vázquez (anterior socio y representante) se encuentra relacionado con la delincuencia organizada, ya que se encuentra detenido por narcotráfico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo cual afecta a la permisionaria en sus intereses, pues la Segob solapa y aun mantiene como operador a un delincuente, a pesar de ser una sanción grave”.
Sin embargo, ambas empresas siguieron explotando el permiso de Emex, “obteniendo sumas económicas descomunales, instalando y operando los denominados casinos”.
Expone la demanda: “Estas actividades las continuaron desarrollando sin consentimiento de mi representada, pero a través de la participación constante y furtiva de diversos funcionarios públicos de la Secretaría de Gobernación federal, que se los permitió indebidamente, no obstante que por ley se encuentra prohibido que los operadores realicen estas actividades directamente”.
Agrega: “Estos funcionarios les brindaron ese apoyo estructurando documentos y resoluciones administrativas que les otorgaban a estas empresas esa capacidad, acordándole cuestiones fuera de derecho o por simple criterio, inclusive contradiciendo las propias determinaciones que tomaban frente a otros asuntos análogos, todo apuntando a que estaban coludidas con esas empresas para que continuaran instalando y operando casinos en toda la República Mexicana de manera ilícita”.
Pese a todo, la Secretaría de Gobernación dio carácter de permisionarios a Exciting Games y a Producciones Móviles.
“La cuestión es denunciar una conducta a todas luces criminal, que estas empresas no pudieron haber obtenido el permiso federal cumpliendo cabalmente los requisitos necesarios que para tal efecto prevé la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, máxime que la operación de sus establecimientos ocurre desde mucho tiempo antes a que obtuvieran el permiso federal, en obvia ilegalidad, puesto que un hecho lícito no puede partir de uno ilícito, no se puede enmendar el camino de lo legal tratando de ocultar lo ilegal.”
Y acusa a los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón: “(…) lógicamente obtuvieron el permiso porque los funcionarios de la Secretaría de Gobernación vigentes en ese momento lo autorizaron indebidamente”.
Por ello, los hermanos Rojas Cardona solicitan a la PGR investigar “las dos conductas delictivas”: El otorgamiento del permiso a Exciting Games y a Producciones Móviles, y el otorgamiento de derechos y prerrogativas que son exclusivas de Emex.
Y concluye con la sospecha de que hay manejo de dinero sucio:
“Independientemente del delito que pudiera versar sobre la indebida autorización de carácter económico que otorgaron los servidores públicos denunciados, y de las empresas, sus representantes, accionistas o apoderados que solicitaron las autorizaciones indebidas planteadas, solicito se investigue la utilización de recursos de procedencia ilícita de los probables responsables.”
Fuente: Proceso
