lunes, 17 de septiembre de 2012

Derechos laborales en riesgo

17 septiembre 2012 | Marco Aurelio Palma Apodaca | La Jornada Morelos
Con la iniciativa de Reforma a la Ley Laboral presentada hace días por Felipe Calderón con carácter de preferente, es decir para aprobarse en plazo máximo de 60 días, se demuestra a todas luces que se intenta eliminar de tajo y sustancialmente nuestras conquistas laborales, siendo el fondo de la misma la llamada “la flexibilidad laboral”. 
Esta reforma evidentemente de corte neoliberal pretende anular principalmente el derecho y principio constitucional de estabilidad en el empleo substituyéndolo por simples empleos eventuales y sin prestaciones. Contratos a prueba donde se eliminara la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario, es decir una persona podría estar por años laborando bajo contratos eventuales. Es además un claro atentado contra los derechos humanos, el derecho laboral a todo el pueblo de México, pues en un momento dado nos afectara a todos y todas, es decir tanto a trabajadores y trabajadoras de empresas privadas e instancias federales, estatales y del ámbito municipal al cancelarse el carácter tutelar que prevé la actual ley y que sin duda está poniendo en riesgo diversos principios que operan en la misma, retomando además criterios de contratación propios del siglo pasado, por citar solo un gris ejemplo la llamada “Ley Lozano-Calderón” pretende legalizar ya a las empresas que operan con el terrible sistema de outsourcing o de subcontratación donde el patrón y un tercero celebran un contrato lo que implica una subcontratación a través de una outsourcing, donde se triangula e incluso se simula la relación laboral, con todo el propósito de anular la debida responsabilidad solidaria de la empresa que verdaderamente se beneficia del trabajo obrero y con el único objetivo de no otorgarle las prestaciones de que por ley le corresponden, regular la subcontratación equivaldría a oficializar dicho agravio. Con dicha iniciativa se desaparecen los contratos de planta al anular la premisa de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato de trabajo, pretende anular el pago de indemnizaciones por despido al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la materia de trabajo, se estaría permitiendo abusos en los contratos a prueba, de capacitación inicial, y de labores discontinuas al poder repetirse continuamente cambiar el tipo de contrato o actividad, al igual permitiría exportar mano de obra barata a través de contratos por hora o eventuales. 

En el caso de despidos se pretende acortar el pago de los salarios caídos a un año, propiciando que las y los trabajadores sean quienes sufran la prolongación y costos de los juicios laborales, en el mismo contexto permite despidos arbitrarios sin garantía de audiencia por reclamo de clientes ó proveedores del patrón, al igual cancela todo tipo de protección a las trabajadoras domesticas, busca que se permita ya la movilidad total del trabajador al interior del centro de trabajo y legaliza el trabajo multihabilidades a través de tareas “conexas ó complementarias” sin el pago proporcional del salario de acuerdo al incremento del trabajo, pretende también retirar la obligación del patrón de la entrega personal del aviso por escrito respecto al despido y en el mismo sentido retira la sanción al patrón de considerar el despido injustificado cuando no entregue el aviso de despido al trabajador, con dicha propuesta se otorgaría mayores facultades a las autoridades laborales para decidir sobre el registro de sindicatos, la Autoridad determinaría si se estalla una huelga ó no, en la misma tesitura se estaría permitiendo a los patrones o terceros pedir el arbitraje obligatorio después de 60 días de estallada la huelga, se propone que se permita decidir si reconoce ó no a los sindicatos mayoritarios al interior de los centros de trabajo, en dicho contexto se acoraza aun mas los “contratos colectivos de protección” para evitar la entrada de sindicatos Independientes, permite la intromisión de patrones para definir quién es el sindicato mayoritario, se facilita la creación de los sindicatos patronales llamados también “sindicatos blancos”, y evita a los trabajadores afiliarse a un sindicato cuando ingresen a laborar.

Desaparecería de la Ley Federal del Trabajo la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo, lo que permite el aumento de accidentes de trabajo al condicionar el empleo a cambio de mayor productividad, evitaría que se penalicen conductas negligentes del patrón que llegaran a afectar la vida y salud de las y los obreros en el trabajo y mantiene en perjuicio de los mismos la carga probatoria en materia de riesgos de trabajo. El texto de dicha reforma regresiva propone un régimen desigual de transparencia al no obligar al patrón a informar sobre sus finanzas y por el contrario si obliga a los sindicatos. Anularía la bilateralidad de las relaciones laborales impidiendo la intervención sindical, privatiza las relaciones laborales al dar al patrón la potestad de decidir el cumplimiento de las normas laborales de manera unilateral, y no crea empleos más bien los abarata; facilita la imposición de bajos salarios y la prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en el empleo y el mismo se condiciona a quien tenga mayor productividad, se crea la figura del fácil y “libre despido”, donde se exime al patrón de entregar las causas del despido, además se pulveriza el salario con la modalidad del pago por hora, lo que equivaldría a menos de 7.50 pesos (considerando que el salario mínimo actual en Morelos es de 59.08 pesos) no generaría el pago de prestaciones sociales, ni prima de antigüedad convirtiendo al obrero en una simple mercancía. 

Con dicha iniciativa se pretende reducir el costo de mano de obra, por lo que hoy denunciamos que con un salario así no se puede garantizar una vida digna y se atenta además contra el derecho; a la salud, vivienda, alimentación, educación. Si los partidos en el congreso aprueban dicha reforma tan deseada por la Coparmex desde hace mas de 25 años, no tenemos duda de que la situación de las y los trabajadores en nuestro país empeorara al mismo tiempo de que el gobierno mexicano incurriría en responsabilidad internacional por violación de al menos 28 tratados internacionales. Así mismo viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos y de garantías laborales previstas en el artículo primero y 123 de nuestra Constitución Federal y diversas Jurisprudencias de la SCJN, así como la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Convenio 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical. 

Por hoy en nuestro país la clase trabajadora prepara una gran batalla para impedir que la última reforma regresiva de Calderón que busca acabar con los sindicatos se concrete, toda vez que la misma traerá mayor pobreza a la población en general. Todos los sectores de la sociedad debemos organizarnos para apoyar a las y los obreros en la defensa de sus conquistas que están en riesgo. La única motivación de esta reforma regresiva es apuntalar al capital y no al respeto de los derechos humanos, por lo que necesitamos abrir ahora un debate público y amplio en todo el país sobre sus implicaciones para generar una propuesta que realmente atienda a la clase trabajadora y no al poder económico. Es urgente ahora construir una unidad con solidez y visión de largo plazo.