El gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia realizó su convención extraordinaria
Los delegados convinieron en mantener la solidaridad con las secciones que están en paro
El sindicato nacional de mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia acordó, en el marco de su convención general extraordinaria, “exigir a las autoridades laborales que sin excusas ni pretextos realicen la revisión continua de las condiciones de seguridad con las que operan las minas, plantas y fundiciones”; demandar cárcel para empresarios que cometan homicidios industriales; que todas las secciones den apoyo económico, político y moral a las que están en huelga y oponerse a que se reviva la reforma laboral.
Durante los trabajos de la convención, cerca de mil delegados acordaron mantener la solidaridad con las secciones que cumplieron cinco años en paro el pasado 27 de julio, como son: la 17 de Taxco, Guerrero; 201 de Sombrerete, Zacatecas, 65 de Cananea, Sonora, y también dar apoyo a las secciones 42 de Durango, de la mina Cerro del Mercado del empresario Alonso Ancira, y la 309 de la mina La Platosa, de la empresa Excellon Resources, por todo el tiempo que duren esos conflictos.
En la convención, además de que se refrendó el liderazgo de Gómez Urrutia, también se tocaron temas diferentes al gremio minero. Por ejemplo, se fijó la postura del sindicato frente a los resultados de las elecciones presidenciales, pues esperan que “el respeto al voto sea efectivo por parte de las autoridades electorales y de todos los partidos, así como de los diversos niveles de gobierno y protagonistas políticos, una vez que se hayan resuelto todas las controversias poselectorales”.
Respecto de los recientes siniestros que han costado la vida a varios mineros, convinieron, por unanimidad, que a aquellos empresarios que no cumplan con una operación segura de sus centros de trabajo y con toda la protección a sus trabajadores se les revise la concesión y, en su caso, se les suspenda el permiso de operación, llegando incluso a la clausura definitiva. Ello, sin menoscabo de que se les penalice incluso con cárcel por su negligencia criminal.
Los delegados exigieron que se establezcan controles más estrictos para las empresas mineras y metalúrgicas, no sólo para remediar, sino para impedir que ocurran tragedias que signifiquen la pérdida de vidas, especialmente en las zonas carboníferas, donde han muerto más de 150 trabajadores en los últimos seis años, particularmente en los pocitos, que fueron considerados “tenebrosos recintos de la muerte y la desgracia de las familias mineras”.
De la reforma laboral sostuvieron que actualmente hay un proceso de supuesta negociación entre el organismo cúpula de los patrones, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Trabajadores de México para impulsar una iniciativa que favorecería a los empresarios y no al trabajador.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
