MORELIA, Mich. (apro).- Estudiantes agrupados en la Coordinadora de Lucha Universitaria (CUL), normalistas, padres de familia, organizaciones sociales y habitantes del municipio de Cherán marcharon por las principales calles de Morelia para exigir la liberación de los 16 alumnos de la Universidad Michoacana presos en el penal de Mil Cumbres.
Un contingente bloqueó los accesos de entrada y salida a la ciudad de Morelia, la capital del estado y se apoderaron de varios vehículos con los que impidieron el paso de los automovilistas.
Las manifestaciones se realizaron de manera simultánea en Morelia, Uruapan y el Distrito Federal.
En la capital del estado y en Uruapan, los inconformes portaban pancartas en las que exigían la libertad de sus compañeros, consignados por el delito de destrucción de vehículos oficiales.
Simultáneamente, gritaban consignas en contra del gobernador Fausto Vallejo; del secretario de Gobierno, Jesús Reyna; el rector de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara; y del procurador Plácido Torres, entre otros. A todos los acusaron de “golpeadores” y fascistas.
En la salida a Pátzcuaro, decenas de estudiantes embozados, y armados con palos y piedras, se apostaron en las bocacalles de las entradas a los fraccionamientos e interceptaron varios vehículos. A las 19:00 horas redoblaron la vigilancia y movilización al percatarse que cerca del libramiento carretero de Morelia circulaba un convoy policial.
En Uruapan cerca de unas tres mil personas, entre estudiantes integrantes de la CUL, e integrantes de distintas organizaciones sociales marcharon por las principales calles de esta ciudad.
Durante la manifestación repartieron trípticos con información sobre la agresión que sufrieron los alumnos de tres casas del estudiante el pasado 28 de abril, donde fueron agredidos físicamente por elementos de las fuerzas estatales y federales. De ellos, 10 fueron consignados.
Las marchas en Michoacán iniciaron al filo del medio día de este martes por las principales calles de la ciudad hasta llegar al centro, donde dijeron se realizaron un mitin.
Después de la marcha, un vocero del gobierno michoacano, Julio César Hernández Granados, declaró a la televisión: “No es interés del gobierno del estado y yo creo que de ningún ciudadano de Michoacán, que los 10 estudiantes consignados por el delito de daño en las cosas se queden en la cárcel o que se pasen tres o cuatro años tras las rejas.”
Hernández Granados explicó que la decisión para realizar el operativo del pasado 28 de abril “no fue fácil”. Por el contrario, agregó, “fue una acción que estuvo avalada por gran parte de la población y que, en términos generales, implicó mostrarle a un grupo social y al resto de las asociaciones, que en el marco del diálogo respetuoso se puede arribar a acuerdos y soluciones de los problemas que se plantean”.
No obstante, agregó, “cuando se arrebata ese diálogo y se rompe la legalidad, entonces la propia ley señala los procesos y los caminos que se tiene que seguir”.
Sostuvo que el gobernador Vallejo Figueroa ha estado en la plena disposición de que si hubo alguien que abusara de la fuerza, que se excediera, sea castigado y se le inicie un procedimiento administrativo y penal, para lo cual la investigación está en manos de las comisiones de derechos humanos y serán esas instancias las que, a final de cuentas, l”generen con absoluta libertad las recomendaciones que se requieran y que existan en su caso”.
Sin embargo, insistió que a los michoacanos y a la autoridad no les interesa tener moradores de las casas del estudiante en la cárcel, “nos interesa que se regresen a las escuelas todos, que hagan lo que tienen que hacer y que respeten a una ciudad que ha sido tradicionalmente una gran anfitriona de estudiantes”.
Escoltados por un convoy compuesto por nueve autobuses, la mayoría “secuestrados” por los propios estudiantes, los inconformes realizaron el mitin en el centro Morelia. Ahí, señalaron que los gobiernos priistas siempre han tendido sus grupos porriles, casas del estudiante como Espartaco, “y otras donde hay puro porros a quienes les dan hasta, para borracheras, celulares, y cheques hasta de 3 mil pesos quincenales, por persona, para infiltrarse con los luchadores sociales y ellos”. A esas personas responsabilizaron de la quema de los vehículos que detonó la violencia y las detenciones.
En tanto, en el Distrito Federal, unas 200 personas marcharon desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo. La demanda fue la misma: la liberación de los 10 estudiantes consignados.
