La Iglesia católica pide no sufragar por quienes apoyan la interrupción del embarazo
Apoya castigar electoralmente las uniones de personas del mismo sexo
La Iglesia católica llamó a sus fieles a votar por partidos y candidatos que promuevan la familia, teniendo en cuenta que el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer es la base de la sociedad, y que respeten la primera de todas las garantías que es el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural.
Los votantes –agrega la convocatoria de los jerarcas– tienen derecho a exigir a los candidatos que piden su voto dejar en claro que están en favor de una verdadera libertad religiosa, que no es una libertad para los ministros de culto, sino que es un derecho humano fundamental que beneficia, en primer término, a la pluralidad de los creyentes para expresar libremente su fe y, sólo en segundo lugar, a las instituciones que los agrupan, en alusión a la reforma al artículo 24 constitucional que se discute en el Senado.
Al emitir las orientaciones pastorales sobre el voto responsable de los fieles católicos y personas de buena voluntad, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, y sus obispos auxiliares detallan nueve puntos que deben considerar los fieles cristianos al momento de votar.
Sin mencionar al gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal ni a la Asamblea Legislativa capitalina, que aprobaron las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por estas parejas, así como la despenalización del aborto hasta la semana 12 del embarazo, puntualizan que los fieles católicos deben tener claridad de que no es posible hacer una opción política por quienes son partidarios o promotores de falsos derechos y libertades que atentan contra las enseñanzas contenidas en la sagrada escritura, la tradición y la doctrina de la Iglesia.
La primera de las orientaciones se refiere a la promoción de valores de unverdadero humanismo, que ponga a la persona y su dignidad humana en el centro del servicio del quehacer político por encima de los intereses partidarios o particulares de los institutos políticos y sus ideologías.
El segundo lugar refiere que la educación debe ser entendida no sólo como transmisión de conocimientos, sino como una formación integral que promueva los diversos valores de la convivencia humana, a fin de asumir las propias responsabilidades ciudadanas a su debido tiempo en la construcción de la nación, en justicia, seguridad y paz.
El fortalecimiento de la familiaimpulsando la educación de las nuevas generaciones en los valores morales y cívicos para su integración en el desarrollo social del país ocupa el tercer apartado.
El cuarto punto subraya la promoción del combate a la injusticia social mediante la creación de empleos debidamente remunerados, la implementación de programas sociales libres de paternalismos y clientelismos políticos que fomenten una cultura del trabajo y la solidaridad.
La lucha contra la cultura de la corrupción es la quinta orientación.
El sexto lugar se refiere a la promoción de iniciativas para el desarrollo económico del país.
Como séptimo punto llama a considerar propuestas que promuevan el combate al crimen organizado, que es deber irrenunciable del Estado, respetando en todo momento los derechos humanos y la salvaguarda de la paz social, no sólo con el uso legítimo de la fuerza, sino mediante una educación para la paz y en los valores morales y cívicos que rehaga el tejido social.
El cuidado, protección e integración social de personas vulnerables, como ancianos, indígenas, niños y discapacitados, combatiendo toda discriminación, maltrato y marginación es el octavo apartado.
El último punto llama al cuidado y la preservación de los recursos naturales de la nación, combatiendo su explotación irracional y su contaminación.
