Manuel Pérez Rocha | La Jornada-Opinión
Los maestros de la CNTE lo dijeron muchas veces y de varias formas en la marcha del pasado viernes 3: no se oponen a la evaluación. Se oponen con razón, con muchas razones, a un esquema específico de evaluación impuesto por la SEP y la dirección del SNTE. Este esquema de evaluación ha sido definido con la asesoría de los economistas de la OCDE y siguiendo las pautas marcadas por la derecha y el gobierno estadunidenses. En el Acuerdo de Cooperación para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas”, firmado por la SEP y la OCDE, se determina que “los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”.El desempeño de los docentes, de acuerdo con las nuevas normas establecidas por la SEP, se juzga en función del desempeño de los estudiantes en la prueba Enlace, una prueba “estandarizada” cuyas serias deficiencias han sido denunciadas reiterada y fundadamente por varios especialistas en la materia, sin ser escuchados.
La SEP tampoco ha querido escuchar la voz de decenas de miles de maestros, a pesar de que reconoce que “Enlace debe evolucionar”. Pero, sin decir cuándo ni cómo ocurrirá esta “evolución”, continúa con su amenazante esquema de “evaluación universal”. Ahora se pretende aplicar a los maestros una nueva prueba estandarizada, de “Preparación profesional”. No puede extrañar, pues, el movimiento de los maestros, y es perverso centrar la atención en los problemas de tránsito ocasionados por sus manifestaciones e ignorar la gravedad de un asunto que tiene repercusiones históricas.
Es elocuente lo expresado por una maestra de Michoacán durante la marcha del pasado viernes: “Mis alumnos son muy pobres, somos de la comunidad Cuanajo, de Pátzcuaro. Acompañan a sus papás al trabajo y faltan a clases, y cuando van tienen hambre. Están bien flacuchos, no prestan atención y no aprenden. No se vale que si ellos reprueban el examen Enlace a nosotros nos despidan”. No se trata sólo del testimonio de una maestra; múltiples estudios en nuestro país y en otros han demostrado que la aplicación indiscriminada de pruebas estandarizadas a maestros o estudiantes es perniciosa, no solamente por injustas cuando en sus resultados se sustentan decisiones administrativas, sino porque contribuyen al deterioro de la calidad de la educación.
Son amplias las evidencias del efecto nocivo de las pruebas estandarizadas en la ansiada calidad de la educación. Un dato que se escapa a los especialistas de la OCDE, que con tanto brío decreta ese tipo de exámenes, es que no se aplican regularmente en el sistema escolar de Finlandia, el país estrella en los resultados de la prueba PISA promovida por ellos. Las autoridades de la SEP deberían estudiar con mucha atención el libro Finnish lessons, de Pasi Sahlberg (alto funcionario del Ministerio de Educación de ese país), quien pone en evidencia que “la calidad de la educación se encuentra en otra parte”. Advierte el autor que en Finlandia no se contempla “el pago a profesores en función de los resultados de los estudiantes en los exámenes” y que “todos los factores atrás del éxito de Finlandia semejan lo opuesto a lo que ocurre en Estados Unidos y mucho del resto del mundo donde dominan la competencia, la rendición de cuentas basada en exámenes, la estandarización y la privatización”.
Es una obligación del Estado generar las condiciones para que todos los niños y jóvenes adquieran una educación sólida y rica, y eso implica que tengan buenos profesores, pero las tareas tanto de los profesores como de los estudiantes están delimitadas por factores sociales, económicos y culturales que ellos no pueden modificar. Ignorar esto es ignorar el abundante conocimiento generado por los especialistas en estos temas. Mencionaré como ejemplo el libro recién publicado Los límites de la escuela. Educación, desigualdad y aprendizajes en México, de Emilio Blanco Bosco, investigador de El Colegio de México, que sustentado en una investigación rigurosa concluye que “en términos generales, la capacidad de las escuelas para incidir de manera diferencial en los aprendizajes es considerablemente limitada en comparación con el peso de los condicionantes socioculturales de los alumnos y del entorno de la propia organización”, y que “aun si se mejorara la eficacia de las escuelas pobres, esto no compensaría las desventajas de partida de sus alumnos”.
Esto no significa que nada hay por hacer en el sistema educativo. El autor del libro citado aclara que aun “bajo las condiciones actuales las escuelas pueden hacer una diferencia que debería intentar ampliarse al máximo”. La bibliografía (más de 20 páginas) de este libro es botón de muestra de la complejidad del asunto, ignorada por las autoridades de la SEP y sus asesores de la OCDE, quienes tienen una visión burda de los complejos problemas de la educación.
Pero por lo visto las autoridades de la SEP y sus economistas asesores de la OCDE no leen. En la construcción de su inculta visión de la educación, y de la evaluación de los maestros concebida como un problema de administración de personal, se han conjuntado las perspectivas estrechas de la sicología conductista, la economía convencional y el administrativismo. Es inútil buscar en ese proyecto de evaluación alguna referencia a la pedagogía, o a la filosofía y la historia de la educación, o una perspectiva sociológica o antropológica. Durante milenios, la educación fue preocupación y ocupación de filósofos, pensadores y literatos; sus formidables aportes son base fundamental de la educación y la cultura, pues ambas eran consideradas una misma obra. A partir de mediados del siglo XIX la educación pasó a ser espacio de sicólogos, sociólogos, economistas y administradores. Sus perspectivas son especializadas, parciales, útiles sólo en la medida en que se inserten en la visión profunda, el marco teórico y la riqueza cultural que proporcionan la filosofía, la historia, la literatura y las demás humanidades, de las cuales lamentablemente se han separado, y que están ausentes en la conducción de los sistemas escolares.
