Miguel Concha | La Jornada-Opinión
El 13 de octubre de 2011 el Diario Oficial de la Federación publicó la adición al artículo cuarto de la Constitución, que señala:
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. No se puede negar que este reconocimiento es un gran logro en materia del derecho a la alimentación y armonización con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. No obstante, y en forma contradictoria a lo establecido en la Carta Magna, desde hace varios meses se ha evidenciado la alerta sobre el trance de pobreza e inseguridad alimentaria en el que viven 28 millones de personas.
El actual estado de malnutrición y hambruna que viven los mexicanos es producto del incumplimiento sistemático de este derecho en amplias capas de la población, cuya máxima señal ante la opinión pública es la crisis alimentaria en las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara. Sin embargo, este problema ha sido ya advertido desde hace varios años con los índices de desnutrición infantil, según estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Evaluación, en la que viven 42.7 por ciento de los niños menores de cinco años.
Las acciones emprendidas en esta materia por diversos gobiernos federales y estatales no han conseguido detener el aumento excesivo de los precios y la mala distribución de los alimentos, sobre todo de granos básicos, como son el maíz y el frijol, base cultural de nuestra alimentación, y de los que de forma paradójica somos ahora casi completamente dependientes de su importación. Por ello no podemos perder de vista que este derecho está intrínsecamente ligado con las políticas públicas que a escala federal y estatal se implementen para lograr el crecimiento y desarrollo del sector ganadero y agropecuario.
La soberanía alimentaria va más allá de asegurar el acceso de la población a los alimentos. Se refiere también a la capacidad que cada Estado tiene, con base en sus propias políticas públicas, de garantizar por cuenta propia la producción de éstos, así como los apoyos técnicos y económicos indispensables para sus agricultores. Sin embargo, en nuestro país las condiciones desiguales que se enfrentan en el contexto de los acuerdos comerciales internacionales, agravadas por la falta de apoyos a los pequeños y medianos agricultores, han puesto en desventaja a nuestros campesinos.
La administración federal actual se ha destacado en cambio por el respaldo a grandes productores nacionales y trasnacionales, como Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow AgroSciences, y con ello se dejó de proteger a las especies nativas, como el maíz. Con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de 2009 a 2011 el gobierno federal recibió 160 solicitudes para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado. Y por ello las autoridades han sido incapaces de reactivar la agricultura nacional y garantizar a los pequeños productores el acceso a financiamientos, así como a las tecnologías necesarias para poder hacer frente a condiciones de riesgo, como la actual hambruna, que según las mismas autoridades amenaza a alrededor de 20 estados del país. Situación que se agrava con las sequías, que en la actualidad afectan a 54 por ciento del territorio nacional, sobre todo a 11 de las entidades del norte.
Las acciones emprendidas en esta materia por diversos gobiernos federales y estatales no han conseguido detener el aumento excesivo de los precios y la mala distribución de los alimentos, sobre todo de granos básicos, como son el maíz y el frijol, base cultural de nuestra alimentación, y de los que de forma paradójica somos ahora casi completamente dependientes de su importación. Por ello no podemos perder de vista que este derecho está intrínsecamente ligado con las políticas públicas que a escala federal y estatal se implementen para lograr el crecimiento y desarrollo del sector ganadero y agropecuario.
La soberanía alimentaria va más allá de asegurar el acceso de la población a los alimentos. Se refiere también a la capacidad que cada Estado tiene, con base en sus propias políticas públicas, de garantizar por cuenta propia la producción de éstos, así como los apoyos técnicos y económicos indispensables para sus agricultores. Sin embargo, en nuestro país las condiciones desiguales que se enfrentan en el contexto de los acuerdos comerciales internacionales, agravadas por la falta de apoyos a los pequeños y medianos agricultores, han puesto en desventaja a nuestros campesinos.
La administración federal actual se ha destacado en cambio por el respaldo a grandes productores nacionales y trasnacionales, como Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow AgroSciences, y con ello se dejó de proteger a las especies nativas, como el maíz. Con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de 2009 a 2011 el gobierno federal recibió 160 solicitudes para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado. Y por ello las autoridades han sido incapaces de reactivar la agricultura nacional y garantizar a los pequeños productores el acceso a financiamientos, así como a las tecnologías necesarias para poder hacer frente a condiciones de riesgo, como la actual hambruna, que según las mismas autoridades amenaza a alrededor de 20 estados del país. Situación que se agrava con las sequías, que en la actualidad afectan a 54 por ciento del territorio nacional, sobre todo a 11 de las entidades del norte.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, seis por ciento de las zonas reporta sequía excepcional y 15 por ciento sequía extrema. Si bien la sequía es también efecto de los cambios climáticos, el Estado mexicano no garantiza tampoco suficientemente el acceso a un bien tan indispensable para vivir como es el agua. Se carecen de apoyos y creación de servicios necesarios en favor de las comunidades. Con ello se agrava aún más una situación que bien podría haberse evitado si se hubiesen tomado desde antes las medidas necesarias.
El anuncio de las autoridades federales de 4 mil millones de pesos destinados para apoyar a las comunidades afectadas por las sequías, con un total de 300 millones para las comunidades en
emergencia, constituye una decisión urgente y necesaria. Pero no debe perderse de vista que la actual crisis necesita ser resuelta con políticas públicas integrales, planeadas y ejecutadas con la perspectiva de derechos humanos, lo que permitirá enfrentar problemas estructurales, como la falta de infraestructura y la concentración de tierras y prácticas de comercialización ventajosas para intermediarios, en detrimento de los pequeños productores.
El relator de la Organización de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, quien visitó oficialmente a México en junio de 2011, ha señalado en diversas ocasiones que poder adquirir alimentos para no padecer hambre es un componente básico de la dignidad humana. Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano son hasta ahora insuficientes para cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados internacionales y garantizar el acceso físico y económico a los alimentos, en cantidad y calidad suficientes para toda la población. Por tanto, podemos decir que las crisis alimentarias y productivas no han surgido de un momento a otro: son resultado de años de descuido del campo, profundizando así la dependencia alimentaria del país.
