30 enero 2012 | Elva Mendoza | Contralínea
Durante las administraciones panistas, México incrementó los flujos financieros ilícitos. El dinero fue depositado principalmente en bancos de Estados Unidos y paraísos fiscales del Caribe y Europa, revela informe de Global Financial Integrity. Mientras que el promedio anual de lavado de dinero durante la década de 1990 fue de 17 mil millones de dólares, de 2000 a la fecha cada año se lavan más de 49 mil millones de dólares.
México perdió 872 mil millones de dólares debido al crimen organizado y a la evasión fiscal en 40 años, revela el documento México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida de Global Financial Integrity (GFI), institución estadunidense de investigación sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
El reporte −que será dado a conocer este lunes 30 de enero y del cual Contralínea posee copia− mide y sigue la pista de la cantidad de dinero ilícito que abandonó al país ilegalmente en 41 años, de 1970 a 2010.
GFI documenta que bajo los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, se incrementó el flujo financiero ilícito, con un promedio anual de 49 mil millones de dólares desde que en el 2000 el Partido Acción Nacional asumió el poder.
El estudio demuestra que los flujos ilícitos se elevaron “de manera explosiva” durante los últimos 10 años. De un promedio anual de tres mil millones de dólares en la década de 1970; 10 mil millones de dólares en 1980; 17 mil millones en 1990, pasó a 49 mil millones de dólares anuales de 2000 a 2009.
De acuerdo con el informe, elaborado por Dev Kar, economista principal de GFI y quien trabajó como economista en jefe para el Fondo Monetario Internacional, a través de la facturación fraudulenta ha salido secretamente el 74 por ciento del capital ilícito entre 1970 y 2010.
El dinero, tanto lícito como ilícito de México, tuvo como destino, en primer sitio, a Estados Unidos; en segundo lugar, a los paraísos fiscales del Caribe; en tercer lugar, a los paraísos fiscales europeos, y en cuarto lugar al grupo de bancos de países europeos desarrollados como Francia, Alemania y Reino Unido.
Global Financial Integrity califica a la cifra presentada como conservadora puesto que las transacciones del tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el contrabando de bienes, el comercio sexual, y otras actividades ilícitas suelen liquidarse en efectivo, y los modelos utilizados no las pueden detectar.
Pese a ello, para Raymond W Baker, director de GFI, la cifra “es una pérdida devastadora y altísima para cualquier país en vías de desarrollo. Se han perdido 872 mil millones de dólares, los cuales pudieron ser utilizados para desarrollar la economía mexicana, invertir en educación, construir carreteras o luchar contra los cárteles de la droga. Las ramificaciones negativas son enormes para todos los mexicanos”.
Para participar en la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero, según datos del GFI, se necesita que un individuo tenga el capital y la oportunidad de participar en el comercio internacional por lo que se asume que sólo envían dinero al extranjero los particulares con un elevado patrimonio y no la población en general.
“La manipulación deliberada de las facturas de importaciones y exportaciones es uno de los métodos predominantes para sacar capital ilícito de los países”, señala el documento.
El reporte afirma que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 se dio paso a más facturación fraudulenta. Además, encontró una relación estrecha entre el aumento de los flujos ilícitos y seis crisis macroeconómicas en México: la crisis del petróleo de 1973, la crisis de la balanza de pagos de 1976, la crisis de la deuda de 1982, la crisis del petróleo de 1986, la crisis del peso en 1994 y la crisis económica mundial de 2007.
“Los economistas asocian un volumen elevado de flujos salientes con problemas de gobernanza, mala gestión económica, inestabilidad política, y otros males”, señala el órgano y recomienda al gobierno mexicano además de frenar la facturación fraudulenta, reducir los flujos ilícitos para impactar positivamente en la disminución de la corrupción y de la actividad criminal en el país.
