Jaime Martínez Veloz | La Jornada Opinión
En la ciudad de Tijuana, el pasado 8 de diciembre, convocados por fundaciones de ambos lados de la frontera, se reunieron académicos, personalidades y representantes de organizaciones sociales y civiles, de California y Baja California, en un primer encuentro binacional, para analizar el impacto de los proyectos de energía eólica que se pretende desarrollar en gran escala en nuestro estado.
Los convocantes fueron la Fundación Terra Peninsular, AC, organización de la sociedad civil ensenadense enfocada a la conservación de tierras silvestres de Baja California, en colaboración con The Protect Our Communities Foundation, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de energía renovable, segura, económica y ambientalmente responsable de San Diego, California, las cuales han presentado sendas demandas de nulidad en contra de la empresa estadunidense de energía Sempra Energy por los daños al hábitat, flora y fauna endémicos de Baja California que ocasionará la realización del proyecto Energía Sierra Juárez, el cual según la manifestación de impacto ambiental (MIA) aprobada por la Semarnat, publicada el 15 de julio de 2010 en la Gaceta Ecológica de dicha dependencia, el proyecto se desarrollará en una superficie de 294 mil 273 hectáreas de la sierra de Juárez, para instalar hasta mil generadores, que producirán de mil a mil 200 megavatios de energía eléctrica. La instalación de dicho proyecto está contemplada en cuatro áreas, siendo éstas Jacumé, La Rumorosa, cordillera Molina y sierra de Juárez, localizadas en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada.
Ante esta situación, las primeras y obligadas preguntas son: ¿para qué quiere Sempra 300 mil hectáreas de territorio bajacaliforniano? ¿Se necesita esa superficie para producir mil 200 megavatios? ¿Qué afectaciones tendrá un proyecto de esta envergadura? ¿Qué riesgos tiene México, en términos de seguridad y soberanía nacional, ante un asunto de esta naturaleza? ¿Se justifica que se utilice a nuestro territorio como abastecedor de energía de Estados Unidos? ¿Cuáles son los impactos que sufrirán las comunidades afectadas? ¿Qué efectos se tienen en este tipo de proyectos sobre las especies endémicas? ¿Es la mejor sobre otras alternativas energéticas? ¿Ya consultó a las comunidades y a los ayuntamientos de los municipios afectados?
Cabe decir que el proyecto aprobado por la Semarnat ha encontrado un gran rechazo de organizaciones sociales, sindicales y legisladores estadunidenses, que han solicitado al presidente Barack Obama que no autorice la realización de dicho proyecto. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos necesita autorizar un proyecto que se va a realizar en territorio mexicano?
La primera respuesta a una pregunta de esta naturaleza está ligada con los subsidios que el gobierno de ese país le brinda a este tipo de proyectos de supuesta energía limpia, cada vez más cuestionados y evidenciados por los daños que ocasionan donde se producen las turbinas eólicas, la nula rentabilidad económica y los daños que causan a las comunidades, a los ciudadanos y a los miles de aves que mueren enredadas o despedazadas en las hélices de las turbinas de viento.
Estados Unidos, país que ha tenido parques eólicos desde 1981, tiene grandes áreas convertidas en cementerio de miles de turbinas eólicas paradas por su alto costo y poco rendimiento. Según datos del investigador Tory Aardvark, 14 mil turbinas de viento se encuentran abandonadas en tres grandes lugares de California: Altamont Pass, Tehachapin y San Gorgonio, considerados entre los mejores sitios del viento en el mundo. Por ello otra pregunta es: ¿si la energía eólica es una alternativa viable, por qué requiere tanto subsidio de los contribuyentes estadunidenses por la vía de su gobierno?
Sobre estos temas los especialistas que intervinieron en la reunión binacional generaron una intensa aportación de argumentos, que cuestionaron razonadamente el proyecto en mención.
Participaron Jerre Ann Stallcup, experta en aspectos de conservación de paisajes para la planeación, implementación de proyectos, monitoreo y administración de recursos naturales en Estados Unidos, Europa y México; Bill Power, experto en energía solar fotovoltaica (PV) en procedimientos ante la California Public Utilities Commission y la California Energy Commission; Alan Hatcher, indígena estadunidense del pueblo cucapá, que trabaja en la preservación de recursos culturales, en la descripción y reporte de los impactos de los proyectos de energía renovable en territorios culturales dentro y fuera de las reservaciones indígenas; Michael Lynes, director de conservación y consejero general para la organización Environmental Matters, biólogo que ha estudiado a las aves y sus hábitat por todo California; Donna Tisdale, quien trabaja con diversos grupos, agencias, tomadores de decisiones, y residentes locales, incluyendo miembros de comunidades indígenas, para proteger y defender las áreas y los recursos rurales en contra de desarrollos insustentables e inapropiados; Lucila Bettina Cruz, zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; Horacio de la Cueva, investigador de ecología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Ensenada, Baja California, y Fausto Ovalle, quien le ha dado seguimiento a los casos de Sempra Energy en México desde 2003.
En el foro se habló de los impactos ambientales de proyectos de energías renovables, tales como mortalidad directa, pérdida de hábitat, la degradación del hábitat, la fragmentación, impacto “secundario”, carreteras, líneas de transmisión, la construcción, los impactos al final del proyecto, los riesgos de la soberanía nacional y sobre todo las preguntas sobre los propósitos ocultos de apropiarse de una superficie tan grande, donde puede caber un minipaís.
Feliz Año Nuevo.
