Editorial-La Jornada
A 14 años de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, donde un grupo paramilitar afín al Partido Revolucionario Institucional asesinó a 45 indígenas tzotziles integrantes de la asociación civil Las Abejas –mayoritariamente mujeres y niños–, el saldo más visible y a la vez el más ominoso de ese hecho es la persistente impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus deudos.Hasta la fecha, más de 120 inculpados han desfilado ante la justicia, pero no se ha incluido a ningún alto servidor público por la autoría intelectual de ese crimen, ni se ha realizado el deslinde de responsabilidades penales en que pudieron haber incurrido funcionarios como el ex presidente Ernesto Zedillo, los ex titulares de la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet, y de la Procuraduría General de la República, Jorge Madrazo, y el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, entre otros. Por lo referente a los autores materiales, hace dos años se produjo un lamentable retroceso con la absolución y liberación, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una treintena de involucrados en la matanza, por supuestas irregularidades procesales. Y el correlato de todo ello ha sido la persistencia de una campaña, emprendida por membretes académicos y mediáticos cercanos al poder político de entonces y de ahora, que busca inocular en la opinión pública la versión de que la matanza de Acteal se debió a pugnas por cuestiones religiosas y de límites territoriales entre grupos indígenas de la región.
Por fortuna, frente a estos empeños por apelar a la desmemoria y a la dislocación de la realidad persisten intentos por lograr el esclarecimiento de esos crímenes y por sancionar a sus autores intelectuales y materiales, que en años y meses recientes han alcanzado perspectivas de viabilidad. El más destacado es la demanda interpuesta en 2005 por Las Abejas y el Centro Fray Bartolomé de las Casas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala “la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997”, la cual fue admitida el año pasado por esa instancia continental a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno mexicano.
La otra cara de la moneda está representada por una demanda civil, interpuesta en un tribunal de distrito en el estado de Connecticut, en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, e impulsada a instancias de un despacho de abogados en representación de familiares de las víctimas de Acteal. Más allá de las críticas que ha suscitado esta última denuncia –por el carácter anónimo de quienes la presentan, por el hecho de que se circunscribe al ámbito civil y de que busca la reparación económica del daño, y hasta por los supuestos intereses políticos que pudieran estar detrás de ella–, es ineludible destacar dos aspectos claves que se desprenden de ella: su condición de precedente en el señalamiento de responsabilidades de ex mandatarios por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que está sustentada en el informe elaborado por la fiscalía especializada de Chiapas para la investigación del caso Acteal, difundido en octubre pasado, en el que se asientan responsabilidades penales del propio Ernesto Zedillo y varios de sus colaboradores, incluidos los funcionarios mencionados. Se documenta que el ex presidente tuvo información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hizo, y se presentan pruebas de que la masacre fue resultado de una política de contrainsurgencia diseñada y puesta en marcha por el gobierno zedillista, que incluía el uso de grupos paramilitares.
Así pues, la aparición pública del referido informe tira por tierra la falsa hipótesis de la masacre como resultado de confrontaciones entre grupos indígenas.
En un escenario en que las esperanzas de esclarecimiento y justicia para Acteal parecen circunscritas al recurso de los instrumentos de justicia internacional –sobre todo a raíz del citada exculpación por la SCJN–, los procesos en la CIDH y, en menor medida, en el tribunal de Connecticut, podrían ser un primer paso para esclarecer la matanza de hace 14 años y lograr sanciones conforme a derecho para sus responsables intelectuales y materiales. El Estado mexicano tendría que comprender que cada día que pasa sin verdadera justicia para las víctimas de Acteal es una prórroga que derrumba los presuntos afanes legalistas del grupo en el poder y su supuesto compromiso con el estado de derecho.
