3 septiembre 2011 | Raúl Jiménez Vázquez | Siempre!
La carta de entendimiento signada con el gobierno de la Casa Blanca a que se refirió la nota publicada el 7 de agosto por el diario The New York Times, así como los contratos para la explotación integral de los campos petroleros de Magallanes, Santuario y Carrizos, son dos temas relevantes de la agenda política nacional.
En virtud de dicha carta se permitirá a Washington que amplíe su papel directo en la guerra antinarco mediante el aumento significativo de la presencia en suelo mexicano de agentes de la DEA, la CIA, el Departamento de la Defensa y otras dependencias oficiales norteamericanas; la apertura de una base militar en el norte de México en la que representantes de ambas naciones desarrollarán trabajos conjuntos de planeación de las operaciones; y la incorporación de contratistas privados, es decir, paramilitares, dentro de las estructuras orgánicas del gobierno federal.
En virtud de dicha carta se permitirá a Washington que amplíe su papel directo en la guerra antinarco mediante el aumento significativo de la presencia en suelo mexicano de agentes de la DEA, la CIA, el Departamento de la Defensa y otras dependencias oficiales norteamericanas; la apertura de una base militar en el norte de México en la que representantes de ambas naciones desarrollarán trabajos conjuntos de planeación de las operaciones; y la incorporación de contratistas privados, es decir, paramilitares, dentro de las estructuras orgánicas del gobierno federal.
Respecto a los contratos petroleros, en un fallo a todas luces frívolo, ilógico e imbuido de opacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a examinar su validez constitucional, no obstante que los inversionistas suplantarán o sustituirán a Pemex en el desarrollo de la fase de producción primaria del área estratégica de los hidrocarburos; que se les pagará una tarifa por cada barril extraído vinculada al precio del crudo, o sea, se les hará partícipes de la renta petrolera que sólo le corresponde a la nación; que se les garantizará la recuperación entre un 70% y 80% de los costos, denotándose que se trata de contratos de riesgo expresamente prohibidos a raíz de la reforma de 1960 al artículo 27 constitucional; y que se les blindará contra futuras cargas tributarias y asimismo se les otorgarán incentivos adicionales por diversos conceptos.
Ambos asuntos no corren por cuerdas separadas, sino todo lo contrario, constituyen un sólido bloque político y económico en el que están presentes los intereses hegemónicos de los Estados Unidos; son mellizos geopolíticos que se enmarcan dentro de la política de la expansión del perímetro de seguridad del vecino país del norte, la cual privilegia la militarización y el aseguramiento o control de las fuentes energéticas.
Tal visión hegemónica ha tomado forma con la suscripción de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte —el TLCAN plus—, la creación de los Comandos Norte y Sur del Pentágono, la reactivación de la famosa IV Flota de la segunda guerra mundial, la instalación de siete bases militares al amparo del Plan Colombia, la instrumentación de la Iniciativa Mérida, la puesta en marcha del convenio Estados Unidos-Costa Rica por el que se autorizó el despliegue dentro del territorio tico de las fuerzas armadas egresadas de West Point, y la proyección de un magno corredor militar centroamericano que arrancará en México y culminará en Colombia.
El espíritu común que arropa a esas trascendentales cuestiones se evidencia acudiendo a los conceptos doctrinarios de la académica canadiense Naomi Klein, quien sostiene que el método del shock es el catalizador de los cambios que afectan a las grandes mayorías. Los estallidos de terror colectivo preparan el terreno para quebrar la voluntad de las sociedades tanto como las torturas individuales. Al igual que sucede con una persona sometida a un estado de parálisis psicológica, los conglomerados humanos a los que previamente se ha inoculado una buena dosis de pánico pueden renunciar a valores o principios que en otro contexto defenderían con uñas y dientes.
Al respecto, Milton Friedman, padre del neoliberalismo y de los tristemente célebres Chicago Boys, decía con toda firmeza: “Sólo una crisis, real o percibida, puede dar lugar a una verdadera transformación y una vez desatada la hecatombe, se debe actuar con la mayor rapidez posible para imponer los cambios necesarios, antes de que la sociedad afectada vuelva a instalarse en la tiranía del statu quo”.
Se trata de someter a los pueblos, controlarlos, anularlos, vencer sus resistencias, quebrar su voluntad, llevarlos a la indignidad, a la inferioridad emocional, al autodesprecio, a la renuncia a sí mismos, a la pérdida de sus significados colectivos y al resquebrajamiento de su identidad.
En ese sentido, puede decirse que el shock provocado por la guerra antinarco está siendo aprovechado por el gobierno calderonista para revertir la nacionalización petrolera, epopeya por excelencia del pueblo mexicano, y poner los hidrocarburos al servicio de las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, sin que ello haya acarreado la vigorosa protesta social y política que se habría producido en otras condiciones.
El quiebre histórico del nacionalismo petrolero fue la primera gran víctima de la doctrina del shock, pero pareciera que ésta aún da para más. De a tiro por viaje, el Ejecutivo Federal insiste en la necesidad de que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas, cuyo objetivo estratégico es derrumbar la decisión política fundamental de la rectoría del Estado, delegar a los privados virtualmente todas las funciones relacionadas con la prestación de servicios público y enjaretar al gobierno la condición de un mero administrador de contratos de largo plazo.
Otro frente vulnerable es el de la seguridad nacional. Cobijado en el terror y la indignación social que ha causado el abyecto ataque al casino de Monterrey, el régimen ha puesto a la Sultana del Norte en un virtual estado de sitio. Esta coyuntura también podría ser vista como la ocasión propicia para generar un clima de linchamiento mediático y forzar a los legisladores a fin de que se aprueben al vapor las reformas propuestas por el Ejecutivo, con mengua de los mandatos constitucionales y de los principios garantistas contenidos tanto en los tratados internacionales aplicables a los derechos humanos como en los pronunciamientos emitidos por la ONU, la OEA y los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
