Entre ellos el caso de Miguel Márquez Ríos, preso de conciencia del SME
Miguel Concha
El 13 de agosto de 2001 fueron detenidos ilegalmente y torturados en la ciudad de México Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, estudiantes de la UNAM, junto con Pablo Alvarado Flores, indígena vendedor en mercados ambulantes. Esas violaciones a los derechos humanos, y el posterior encarcelamiento de los detenidos en penales de máxima seguridad, fueron el origen de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.
En un inicio su objetivo central fue demostrar jurídicamente la inocencia de los detenidos, acusados, entre otros delitos, de terrorismo y delincuencia organizada, y obtener su libertad. Fue en ese proceso de lucha por el cumplimiento a cabalidad de la ley como los integrantes del comité aprendieron la importancia de los derechos humanos y del marco jurídico nacional e internacional que los protege, así como que éstos, con la documentación responsable de los casos de sus violaciones, eran los instrumentos necesarios e indispensables para defender los derechos de las personas injusta e ilegalmente presas.
Lo que comenzó entonces como una lucha por cuatro presos, pronto se convirtió en la lucha por obtener la libertad de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Para ello el Comité Cerezo participó, con otras organizaciones, en los años 2002 y 2003, en la Coordinación Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, y hasta finales de 2006 en la comisión de derechos humanos de la Promotora por la Unidad contra el Neoliberalismo, que ese año impulsó la lucha por una ley federal de amnistía. En octubre de 2007 se incorporó también al Frente Nacional Contra la Represión.
Fueron éstos años difíciles, pues a las limitaciones materiales se fueron sumando las amenazas de muerte a sus integrantes (la primera en diciembre de 2001, hasta llegar a 13) y la estigmatización como terroristas o fachada de grupos subversivos de los presos y de quienes luchaban por su libertad. Sin embargo la perseverancia tuvo buenos resultados: en marzo de 2005 Alejandro Cerezo Contreras obtuvo su liberación y salió de un penal de máxima seguridad, exonerado de todo delito. En agosto de 2006 Pablo Alvarado Flores fue también liberado y, por último, en febrero de 2009 Antonio y Héctor Cerezo Contreras salieron libres después de siete años y medio de permanecer presos en tres diferentes cárceles del país.
Este mes el Comité Cerezo celebra 10 años de actividades, y la lucha por la libertad de todos los presos por motivos políticos sigue siendo un eje fundamental de su trabajo. Por ello participaron en el Comité Libertad y Justicia para Atenco y colaboraron en la elaboración del informe sobre ese caso, realizando el Informe sobre las condiciones penitenciarias en los penales del Altiplano y de Molino de las Flores (2010). Hicieron también este año el Resumen del caso de Miguel Márquez Ríos, preso de conciencia del SME. Sin embargo, al eje de la lucha por los presos por motivos políticos se han agregado otros: la formación de defensores de derechos humanos, capaces de identificar sus violaciones, de documentarlas y de acompañar a las víctimas en su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral de daños y la memoria.
Con ese objetivo, tan sólo en un año el Comité Cerezo ha impartido 22 talleres a diferentes personas y organizaciones, y de abril a julio del presente año llevó a cabo la Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la cual se graduaron 23 personas. Otro eje de su trabajo es fortalecer la cultura de la seguridad entre las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, para lo cual el comité ha impartido 26 talleres de agosto de 2010 a agosto de 2011, e impulsado también a través de la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos otros mecanismos de protección para ellos.
Otro eje de trabajo son los informes: en 2010 el Comité Cerezo presentó el informe La cárcel: una forma de criminalización de la protesta social en México (2002-2008). Su objetivo era demostrar con datos duros que la cárcel por motivos políticos existía en el país. Sin embargo, en ese informe ya se planteaba someramente que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada eran una forma de agresión a defensores que tendía a subir, y es este precisamente el tema que toca de manera central el nuevo informe, Saldos de la represión en México 2009-2010: una guerra contra el pueblo, que el Comité Cerezo presentó el pasado 24 de agosto en el Centro Universitario Cultural.
En dicho informe se plantea la tesis de que vivimos un proceso de conformación de un Estado terrorista, aunque no exento de contradicciones, avances y retrocesos debidos a las resistencias que le opone la sociedad organizada, el que ha relegado casi por completo su función de promover y garantizar los derechos humanos, y de investigar y sancionar las violaciones a los mismos. Se puede o no estar de acuerdo con dicha tesis, pero en el informe podemos encontrar datos duros que la sustentan: de 40 defensores agredidos entre 2009 y 2010, 18 (45 por ciento) fueron encarcelados, 15 (38 por ciento) fueron ejecutados extrajudicialmente y siete (17 por ciento) fueron detenidos y desaparecidos. Podemos identificar además que el número de presos y ejecutados es casi el mismo, lo cual es grave. El informe es un intento por explicar por qué fenómenos como la militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social crecen y se arraigan lamentablemente en la vida cotidiana de nuestra sociedad, en vez de disminuir. Sin embargo hay esperanzas. Las que nacen de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.
