Enrique Galván Ochoa
El siguiente paso en dirección a la partición del país lo dio Pemex. Unas porciones del territorio ya están desde hace tiempo bajo control de las bandas de delincuentes, con sus propias autoridades y normas; otra parte fue entregada a agencias de seguridad de Estados Unidos –según se desprende de las revelaciones de The New York Times–, y operan bajo sus códigos; ahora es Pemex quien entregó porciones territoriales a empresas privadas nacionales e internacionales para la explotación de petróleo.
No hay antecedente en la historia reciente de México de un gobierno como el actual que actuara en tal forma en contra del interés nacional.
Es sospechosa la actuación del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Ameritarían una investigación las motivaciones de los ministros de la Suprema Corte, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia. Votaron un fallo por el cual la Corte rehusó entrar al fondo de un planteamiento que hizo la Cámara de Diputados: ¿viola Pemex la Constitución al otorgar a empresas privadas ese tipo de contratos?
Este país ya no se parece al que solía ser. Todavía la Cámara de Diputados tiene un recurso a su alcance: someter a juicio político, cuando menos, al director de Pemex.
Ya lo hizo antes con otro, Jorge Díaz Serrano, y ni siquiera por cuestionamientos tan graves como hoy. Difícilmente lo haría. Los legisladores del PAN y algunos de sus aliados de los otros partidos se opondrían.
