domingo, 5 de junio de 2011

Corrupción en Intituto Mexicano del Petróleo, ex director se autoriza millonaria indemnización

Sólo trabajó 8 meses y se otorgó jugosa liquidación, mientras que a trabajadores los obligó a firmar renuncias
Por Regina Vargas
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, Felipe Villanueva Plascencia, presentó el pasado 1 de junio del 2011, una denuncia contra Enrique Villa Rivera, (actual director de Conacyt), por haber recibido ilegalmente una cuantiosa indemnización aun cuando renunció voluntariamente al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).En los antecedentes, el documento presentado por Villanueva Plascencia indica que con fecha 28 de febrero de 2011 Villa Rivera, hasta entonces, director del IMP, dirigió un escrito en el que presenta su renuncia al “por asumir nuevas responsabilidades”.

Con esa misma fecha, el día Villa Rivera emite otro escrito, en el que pide a las nuevas autoridades del IMP gestionen “para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a los que tenga derecho y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral”.

En la denuncia se agregó que Villa Rivera y el IMP concretaron un acuerdo para que al ex funcionario se le pagaran 512,463.01 pesos por concepto de indemnización económica y 134,246. 47 pesos por concepto de finiquito.

“No existe fundamento legal ni sustento de manera alguna para que se le haya otorgado el pago de una indemnización cuando renunció voluntariamente para ingresar al Conacyt, por ello consideramos fundamental se inicie una investigación sobre los hechos que se describen y que afectan el patrimonio del IMP”, concluye el documento firmado por el dirigente sindical.

La presentación de esta denuncia se dio en un contexto de violación de normas hacendarias, malos manejos administrativos, el uso con fines políticos de grupo, la falta de acción del órgano interno de control y las violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de sus más recientes administraciones han generado un clima laboral adverso en el IMP, amén de las violaciones sistemáticas a las obligaciones laborales con sus trabajadoras y trabajadores.

A decir de Navarrete Plascencia la corrupción y los abusos laborales ahogan al organismo, pues los funcionarios sólo lo utilizan como trampolín para sus carreras políticas y cobran jugosas liquidaciones ilegales como lo hizo, el ex director del Politécnico, Enrique Villa Rivera, quien a pesar de haber renunciado para irse a encabezar el Conacyt se otorgó a sí mismo una cuantiosa indemnización, mientras se la negó a trabajadores con años de servicio en Instituto.

El líder gremial exhibió como el ahora director del Conacyt, se liquidó como titular del Instituto Mexicano del Petróleo con 646 mil 709 pesos, cuando sólo se le debió haber dado una indemnización, puesto que él renunció y estuvo menos de un año en el cargo.

En esa situación de también se encuentran parte de su equipo que llevó al IMP, a quienes los indemnizó con jugosas cantidades como son: Mario A. Rodríguez, Dirección Corporativa de Finanzas y Administración, quien se llevó $ 503,989.38; Alberto Cortés Ortiz, Unidad de Asuntos Jurídicos $ 503,969.38; Ma. Dolores Sánchez, Dirección General, $ 503,504.81; Lilian Escudero Villamil, $ 503,956.63; César Ponce Rodríguez, Dirección General $ 522,271.49, cuando estuvieron sólo meses laborando ahí.

De ahí que demandó que se llame a cuentas, Villa Rivera, para que lo obliguen a reintegrar legalmente “lo que se llevó “y para que se inicien las investigaciones correspondientes por presuntas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servicio Público.

En opinión de Navarrete, la falta de sensatez y compromiso de los diferentes directivos y funcionarios en materia laboral del IMP, como Villa Rivera, ha quedado suficientemente demostrada con la contratación de personal sin un catálogo de puestos y funciones que evalúe sus habilidades y conocimientos para otorgarles cuantiosos salarios, la creación de estructuras administrativas innecesarias, autoritarismo y amenazas contra la plantilla laboral; entre otras, son pruebas irrebatibles de la corrupción con que han operado.

En contraposición, se ha anulado cualquier promoción para el personal especializado que cuenta con grandes responsabilidades y muchos años de experiencia en el IMP, la capacitación específica a nivel Nacional es casi nula, las condiciones de trabajo y de higiene industrial en muchos casos son precarias, se manipula el Servicio profesional de carrera para pagar salarios de Gerentes sin las responsabilidades correspondientes.

Se enrocan Directores del Jurídico de Conacyt al IMP, se niegan recursos para indemnizaciones legítimas a las y los trabajadores despedidos injustificadamente, además de la contratación de honorarios sin el consenso de Sindicato al ocupar su materia de trabajo, personal que cuenta con más de 5 años de antigüedad en promedio.

Afirmó que las últimas administraciones del IMP han querido ocultar su corrupción e impericia con argumentos como la falta de presupuesto y la imposibilidad de nuevas contrataciones como resultado de directivas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, Villa Rivera y su grupo trajeron del Instituto Politécnico Nacional a sus amigos para imponerlos en plazas administrativas con sueldos por demás onerosos; esto en franca violación de la normatividad y en agravio del personal que tiene más responsabilidades y años de antigüedad en la institución. A estos hay que sumar las contrataciones de personal directivo.

Comentó que en lo que respecta al Fideicomiso de Investigación, desde hace años hemos contado con diferentes Fondos y Fideicomisos, mismos que han sido administrados exitosamente con una estructura mínima funcional, pero para integrar a sus amigos del Politécnico concibieron una nueva estructura administrativa de 18 trabajadores, 6 de ellos de reciente ingreso al IMP con altos salarios, la cual es altamente costosa, misma que disminuyó al área de adquisiciones y generó un clima adverso.

Desde su llegada, Villa y sus funcionarios mostraron una total carencia de ética profesional y falta de respeto por los trabajadores del IMP. Con total impunidad amenazaron y despidieron personal de manera injustificada demostrando un abuso de poder, sin la liquidación correspondiente que marca la ley.

Pero en el extremo de la desvergüenza y el autoritarismo este personaje cobro una liquidación que no le correspondía, dado que se fueron a otra institución por su voluntad y conveniencia. Todos ellos continúan junto a Villa Rivera en Conacyt, con sus plazas e ingresos seguros, mientras muchos de nuestros compañeros fueron lanzados al desempleo sin reparación alguna del daño y en otros casos les negociaron su seguro individual de retiro.

Por si esto no fuera suficiente, el IMP les abonó globalmente al citado seguro un monto global a los funcionarios, de aproximadamente de un millón de pesos libres de impuesto.

Por supuesto, no fue el mismo criterio que aplicaron con el personal despedido cuando Villa Rivera llegó a imponer a sus amigos, ya que según el Luis Alberto Cortés Ortiz Titular del Jurídico representaba un “doble pago”, hecho con el cual han generado diversas demandas en contra del IMP.

Es inconcebible que se limite la inversión en la actualización del Catálogo de Puestos (tiene 22 años obsoleto), se restrinja el desarrollo y capacitación para dar cumplimiento a las necesidades de Pemex, se continúe posponiendo la reparación de los edificios, así como la vigilancia y seguimiento de la salud de los trabajadores, éstas, exigencias que cotidianamente el Sindicato ha puesto en la mesa las cuales se atienden a cuenta gotas o, en definitiva, no se solucionan bajo el pretexto eterno de los funcionarios de la falta de presupuesto.

Los trabajadores del IMP, sostuvo que “exigimos a las autoridades correspondientes que llamen a cuentas a Enrique Villa Rivera y le obliguen a reintegrar lo que ilegalmente se llevó; la devolución del dinero es un asunto ético; exigimos que se inicien las investigaciones correspondientes por presuntas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Servicio Público y al Código de Ética del IMP”.