Se cumplieron 63 meses de la explosión en Pasta de Conchos y aún no se hace justicia.
Ong's piden evitar nuevos accidentes
Por Regina Vargas
Al cumplirse 63 meses de la muerte de los 65 mineros que perecieron en la explosión de Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, familiares de los deudos demandaron un golpe de timón para transformar la minería del carbón en el país y evitar que ocurran más muertes, evitables, y accidentes en ese sector, y atienda el llamado de los afectados, para que se reinicie el Rescate en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.El senador panista, Ricardo García Cervantes, planteó la creación de la Comisión Nacional del Carbón, que se dedique a controlar el cumplimiento de las normas, controlar las licitaciones, permisos, registros y sanciones, así como llenar vacíos legales que permiten minas clandestinas y violación de los derechos laborales que terminan en fallecimientos.
En su opinión, se requiere, un organismo distinto que asegure la integridad de los trabajadores de ese sector, reiteró García Cervantes, quien dijo que continuará en acciones hasta que se eviten más muertes y sean rescatados los restos de mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila hace casi 63 meses.
Durante una conferencia de prensa, realizada el pasado martes 17 de mayo del 2011, Tania Muñoz, hija de Jorge Muñoz, uno de los 65 mineros muertos en ese lugar, leyó un pronunciamiento de la organización Familia Pasta de Conchos y del Cereal, en el que resaltan que han solicitado la intervención de El Vaticano ante el presidente Felipe Calderón, para el reinicio del rescate en cuestión.
Igualmente, para reforzar su petición de ordenar y disciplinar a las empresas socialmente irresponsables y promover la actuación justa del gobierno en todos los siniestros documentados después de Pasta de Conchos.
Ella misma, un día antes, durante su participación en la audiencia pública para la reforma laboral denunció que Sólo el 5% de las minas legales de carbón son supervisadas por la Secretaría del Trabajo, por lo cual el 95 por ciento no cumple con las normas de seguridad e higiene, ocupan trabajadores a través de outsourcing, empresas que no contrata personal sino que los hace firmar una renuncia voluntaria antes de empezar a laborar, carecen de salidas de emergencia, de equipos especiales, de seguro social y sólo les pagan el salario del día.
El pasado lunes 16 de mayo del 2011, la hija de un minero que murió en la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, dijo que los más dramático es que sólo se supervisa el 5 por ciento de las minas establecidas legalmente, pero 9 de cada 10 operan en la ilegalidad, es decir, no hay control prácticamente de ninguna.
En el pronunciamiento se reitera la demanda de audiencia con el presidente Felipe Calderón, al tiempo de que anunciaron que darán parte a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de lo ocurrido recientemente en Sabinas, Coahuila donde fallecieron 14 personas y fue lesionado y amputado un menor de edad.
“Se debe reparar el daño a las familias del Pocito 3 de Sabinas, pero también a todas las familias y trabajadores afectados por la siniestralidad de las minas de carbón, así como la reparación del daño de los siniestros acontecidos entre 2006 y 2011”.
PRONUCIAMIENTO:
La política pública con la cual reaccionar ante la siniestralidad e ilegalidad que abate la región carbonífera de Coahuila, ha de ser en proporción a lo que la extracción del carbón está representando y ha sido reconocido de manera nacional e internacional:
1º. Una de las actividades económicas más riesgosas de la industria del país, y 2º. Una región de violación sistemática de los derechos humanos laborales de los mineros del carbón y sus familias.
El problema de la región no es sólo de inspección de las minas, en cada siniestro, y en el último del Pocito 3, de Sabinas, se evidencia una situación de ingobernabilidad y de ineficacia del Gobierno Mexicano. Es sin duda, un problema de legalidad y justicia (una de cuyas aristas es la impunidad) y al mismo tiempo, un problema productivo.
a) Es urgente dar un golpe de timón para la minería del carbón, el cual, debe comenzar por con la instrucción presidencial para el reinicio del rescate de los caídos en Pasta de Conchos. Los rescatistas de la región han dado, una vez más, una muestra de su destreza y capacidad para enfrentar las dificultades inherentes a la explosión de metano y derrumbes correspondientes, en condiciones más adversas que las actuales de Pasta de Conchos. Es la hora de un rescate esperado por la Nación y hoy, nuestro llamado es al Presidente Felipe
Calderón Hinojosa para mostrar su voluntad por dignificar la vida humana en la región carbonífera.
b) Se debe reparar el daño a las familias del Pocito 3, pero también, a todas las familias y trabajadores afectados por la siniestralidad en las minas de carbón. La reparación del daño de los siniestros acontecidos entre 2006 y 2011, y que para varios de éstos existen Recomendaciones de la CNDH, deberán ser atendidos con la misma voluntad que han mostrado respecto del Pocito 3.
¿Por qué tendrían que conformarse las víctimas con la resolución de un caso si han sido desbastadas cientos de familias? ¿Por qué se cancelan las concesiones de la Mina Lulú y del Pocito 3, pero no Pasta de Conchos, Ferber, Migarfú, Boker, Drumak, el Tesoro, etc.?
¿Por qué la federación abre investigación en el Pocito 3 y no al dueño de la Mina Lulú o cualquiera de los mencionados? ¿Por qué en el caso del Pocito 3, investigan al dueño de la empresa, y en Pasta Conchos a los ingenieros? Queremos justicia, exigimos justicia pero para todos y todas, no aceptamos, una política discrecional para atender a las víctimas de los siniestros en las minas de carbón.
c) Rechazamos con absoluta firmeza, que se pretendan crear nuevos mecanismos de “certificación” para minas de carbón e invertir recursos que pertenecen a la Nación, para poder justificar la cancelación de minas de extracción que son ilegales y están fuera del marco de derecho.
Los pocitos de carbón, son formas extractivas que no cumplen con la NOM-032 -STPS-2009, simple y sencillamente porque su propia estructura impide que se puedan tener las medidas de seguridad e higiene que garanticen la salud e integridad de los trabajadores. Son formas extractivas de carbón que fueron utilizadas durante la 2ª Guerra
Mundial, en la cual, metían a trabajar a los soldados capturados en campos de batalla. Actualmente, no existe ninguna legislación en Europa que determine su prohibición porque eran una forma de castigo infrahumano.
d) Es urgente la creación de la Comisión Nacional del Carbón, como organismo facultado que de ex profeso se dedique a controlar el cumplimiento de las normas, controle las licitaciones, permisos, registros y sanciones, etc., y llenar los vacíos legales que hacen posible las minas clandestinas y la violación de los derechos laborales que terminan en muertes y la multiplicación de las víctimas. La reciente disputa entre las secretarías de estado SE y STPS, del IMSS, de los productores de carbón, etc., sólo evidencian la falta de responsabilidad gubernamental y los vacíos en el Estado de Derecho que aludimos.
e) Por último, dar un golpe de timón, supone necesariamente que la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI) y los demás organismos del Estado de Coahuila vinculados al carbón, han de ser auditados y la relación con la CFE replanteada. No hay manera de dar un golpe de timón, sin la participación de la ciudadanía de la región y sin la intervención de lo que la OIT llama “interlocutores sociales”, entre los cuales, nuestra organización ha sido reconocida por la misma OIT. Es verdaderamente patético y erróneo llamar a un “Cumbre de Carbón” en la que no han sido convocados ni siquiera los trabajadores mineros.
Nuestra gira por Europa ha tenido el objetivo de sumar actores internacionales para esta campaña de rescate integral de la región carbonífera:
Organización Familia Pasta de Conchos y CEREAL, Pastoral Laboral.
