John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país. Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.
Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes. Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre.
Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.
Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos. Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones.
Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad. Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.
Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados. También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país. Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.
Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad. También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo. Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas.
