Las responsabilidades por parte del gobierno federal deben recaer en los titulares de la Secretaría de Energía, de la de Economía, de Hacienda y de la del Trabajo, y la investigación que a fondo debe realizar la Procuraduría General de la República deberá revelar hasta donde llega la culpabilidad de los empresarios concesionarios de la mina de carbón de la empresa Binsa, en Sabinas, Coahuila, en donde se registró una explosión que llevó a la muerte de todos los trabajadores al conocerse que no existe un solo sobreviviente.
Así lo señala el vocero del PRI, David Penchyna, tras revelar que en esa entidad existen 2 mil 500 trabajadores en ese ramo de los cuales se desconoce totalmente cuál es el estatus en el que desarrollan su labor. Los perredistas, por su parte, denuncian la complicidad del gobierno con los concesionarios de las minas para que las exploten sin ninguna responsabilidad y evitando cualquier tipo de revisión.
Así lo señala el vocero del PRI, David Penchyna, tras revelar que en esa entidad existen 2 mil 500 trabajadores en ese ramo de los cuales se desconoce totalmente cuál es el estatus en el que desarrollan su labor. Los perredistas, por su parte, denuncian la complicidad del gobierno con los concesionarios de las minas para que las exploten sin ninguna responsabilidad y evitando cualquier tipo de revisión.
Y desde Tapachula, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador manifestó que Felipe Calderón debe destituir de manera inmediata a su secretario del Trabajo, a Javier Lozano Alarcón, por la tragedia ocurrida tanto en la mina de carbón, como por la secuencia de hechos y compromisos sin cumplir en Pasta de Conchos, por lo de la guardería ABC y por muchos otros agravios cometidos en contra del pueblo y los trabajadores de México. Exigió que se finquen responsabilidades tanto a las autoridades involucradas como a los concesionarios de las minas. Al enviar el pésame a los familiares de las víctimas, el tabasqueño reiteró que “es mucho el daño causado al país y a su pueblo por una mafia que se ha apoderado de los bienes propiedad de la Nación desde la gestión salinista”.
Por su parte, el legislador y vocero tricolor hizo hincapié en que a la tragedia se le suma la vergüenza de que el país cuente con funcionarios quienes frente a una situación de esta naturaleza que, apunta, no es la primera ya que hay que recordar y tener muy presente lo sucedido en Pasta de Conchos, se dediquen a utilizar el famoso “twitter” para lanzarse acusaciones mutuas como es el caso de Javier Lozano, titular del Trabajo, quien culpó a Bruno Ferrari de la explosión y de las irregularidades en la operación de la empresa Binsa. El camorrero de Calderón hizo hincapié en que existen vacíos legales que propician que las minas operen en situaciones precarias e irregulares.
Ante tales señalamientos, el titular de Economía, Bruno Ferrari, sostuvo que es de la total responsabilidad de Javier Lozano verificar las condiciones en las que laboran los mineros y que si bien es la dependencia a su cargo la que otorga las concesiones no tienen ninguna injerencia sobre el terreno laboral. Lo que ninguno de ellos mencionó es que la Secretaría de Energía es la que dicta la normatividad y menos aún señalaron que Coahuila es la entidad generadora de carbón más importante del país y que sus minas no han sido supervisadas desde hace décadas, por lo que se desconoce cual es la situación que priva actualmente en relación a la seguridad para los trabajadores y menos aún se sabe cuantos menores de edad ya ingresaron al trabajo en las minas.
David Penchyna sostuvo: “cuando uno revisa lo que ha pasado en los últimos cinco años en materia de regulación, el número de supervisores que la STPS ha puesto para este grado de explosividad que se da en las minas por el gas metano, bajo la equivocada política fiscal en materia de la Ley Federal de Derechos, en términos de lo que cuesta ese gas en el mercado que podría ser una fuente muy importante de ingresos para el Estado mexicano, en lugar de estarlo sacando al medio ambiente y contaminar o mantenerlo en las minas donde hay una alta explosividad del mismo, no hemos hecho de todo esto ni siquiera un negocio ya que estamos importando gas de Estados Unidos y a veces de Canadá”.
Los nombres de los primeros cinco mineros encontrados son: Isaías Valero Pérez, Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos, Julio César Reséndiz Domínguez y Juan Carlos Escobedo Chávez. Y si bien los titulares de Economía y el Trabajo se tiran uno a otro la responsabilidad en tanto que el de Energía mantiene un silencio cómplice, la procuradora Marisela Morales se limitó a garantizar, como ya es costumbre y declaración obligada, que “no habrá impunidad” y que se llevará con total pulcritud la investigación por esta tragedia. En la mañana de ayer los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, posteriormente al minuto de silencio que guardaron en memoria de los mineros muertos, exigieron a Felipe Calderón que intensifique las labores de rescate de los que están atrapados y que aplique todo el peso de la ley a los responsables de la explosión y de la explotación de los trabajadores.
Las dependencias federales mencionadas tienen responsabilidades específicas sobre las regulación de operación de las minas, de todas las minas, y todo inicia con los proyectos para poder otorgarles la concesión, el uso y el usufructo que por ello reciben, las cargas fiscales, las condiciones laborales que también tienen un principio de contratación y la supervisión de cada uno de los renglones que comprenden toda, absolutamente toda la operación. De ahí que los priístas atribuyeran los hechos a la “indolencia y omisión” de esas secretarias en asuntos que culminan en tragedias y que no ponen un freno a la inseguridad prevaleciente en las minas del país. El PRD, por su parte, acusó la complicidad entre el gobierno y los empresarios para evitar la revisión en esos centros de trabajo.
CORAJE E INDIGNACION
El senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde, reveló su coraje e indignación ante las lamentables condiciones laborales, el abuso por parte de empresarios, la falta de aplicación de regulación por parte de la autoridad, lo cual, dijo, conlleva a que una historia como la de Pasta de Conchos se tenga que repetir en una misma entidad, lo que vuelve a reconfirmar que vivimos en un país que esta absolutamente alejado de la legalidad. Entrevistados ambos legisladores, coincidieron en la exigencia de que se finquen las responsabilidades y que paguen los que provocaron que vuelvan a enlutarse hogares de mexicanos trabajadores.
Escobar y Vega sostuvo que en México se pude contratar a empleados que realicen una tarea de alto riesgo, que no estén dados de alta en el IMSS, para ello se cuenta con la “bendición” de autoridades totalmente omisas, “eso es lo que digo que da más coraje, que independientemente de los recursos con los que cuenta la Secretaría de Economía o la del Trabajo, al verificar las condiciones laborales, pues mantengamos esa política de “nunca vi”, “nadie supo” y “me doy cuenta” solamente cuando la tragedia estalló”.
Sostuvo la exigencia de llevar a cabo una investigación sobre la forma en la que Economía otorgó la concesión, si se cumplió a cabalidad con todos los requisitos y si se marcaron todas las obligaciones y responsabilidades de los empresarios. Además, continuó, no se equivoca Ferrari, “hay trabajos de alto riesgo como es el sector minero, tiene que haber una previsión en cuanto a las previsiones que toma la Secretaría del Trabajo para revisar que se cumpla con las condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores”.
Todo lo que está ocurriendo, según el legislador, “es una bola de nieve de impunidad, de corrupción, que únicamente enmarcan lo que en México se tiene en el sector obrero y lamentablemente en la mayoría de sectores de nuestro país, vivimos absolutamente al margen de la ley. Lo que hay que recalcar aquí es que ya existía el precedente de Pasta de Conchos y no se hizo nada para proteger al sector minero, es más en esa tragedia aún están ahí los cadáveres y, comprobado está, este es un sector de altísimo riesgo para los trabajadores, pero en este país siempre reaccionamos cuando el niño ya está ahogado y buscamos cerrar el pozo a partir de ahí”.
En este tenor habrá que hacer notar que los enfrentamientos hace cinco años entre el gobernador de Coahuila, ahora dirigente nacional priísta, Humberto Moreira, no se hicieron esperar y que al presentarse la tragedia en Pasta de Conchos, el entonces titular del Trabajo era un químico, hoy legislador, que se convirtió en el gran vocero del Grupo México, concesionario de esa mina y que de las decenas de muertos por aquel hecho no hay, ni de un bando, es decir por parte del gobierno y en particular de las dependencias involucradas en estas explotaciones, como tampoco del lado de la empresa, ningún castigado, se limitaron a imponer multas de risa y castigos que pudieron cumplirse en plena libertad y con el pago de fianzas ridículas. Sobre las indemnizaciones ninguna de las tantas y tantas promesas hechas a los familiares, a las viudas y a los huérfanos se cumplió.
