Tras el desastre atómico en Japón, las miradas en México voltearon a la única central de este tipo en el paísErnesto Méndez/ Enviado
2011-04-17 05:00:00
ALTO LUCERO, VERACRUZ. 17 de abril.— Desde su apertura, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde ha estada rodeada de polémica por las dudas sobre la seguridad en sus operaciones.
La crisis nuclear de Japón —cuya planta de Fukushima fue golpeada el 11 de marzo pasado por un sismo de 9 grados en la escala de Richter y después por un gran tsunami— ha reavivado la controversia sobre los dos reactores que tiene el complejo mexicano, ubicado en el kilómetro 42.5 de la carretera federal Cardel–Nautla, en el poblado Punta Limón, municipio de Alto Lucero, Veracruz.
De acuerdo con un simulacro de respuesta internacional (ConvEX-3) realizado en 2008, un eventual accidente en la central nuclear veracruzana causaría distintos niveles de afectación, dependiendo de la cercanía con la planta y de la severidad del daño en las instalaciones.
La crisis nuclear de Japón —cuya planta de Fukushima fue golpeada el 11 de marzo pasado por un sismo de 9 grados en la escala de Richter y después por un gran tsunami— ha reavivado la controversia sobre los dos reactores que tiene el complejo mexicano, ubicado en el kilómetro 42.5 de la carretera federal Cardel–Nautla, en el poblado Punta Limón, municipio de Alto Lucero, Veracruz.
De acuerdo con un simulacro de respuesta internacional (ConvEX-3) realizado en 2008, un eventual accidente en la central nuclear veracruzana causaría distintos niveles de afectación, dependiendo de la cercanía con la planta y de la severidad del daño en las instalaciones.
Pero a diferencia del caso japonés, en Fukushima, la planta de Laguna Verde —que sólo genera 4.75 por ciento de la luz que consume el país— está en una de las zonas con menor actividad sísmica del país; sin embargo, el mayor riesgo para esas instalaciones es un huracán, así lo explicó el subgerente de Seguridad Nuclear de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ricardo Córdoba Quiroz.
Más aún, el funcionario federal, en un foro universitario, confirmó que México mantiene sus planes de instalar cuatro reactores nucleares en Veracruz, Tamaulipas y Sonora, a un costo por unidad de cuatro mil 390 millones de dólares.
En medio de esa polémica, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, recomendó el cierre temporal de Laguna Verde hasta que, a través de un análisis responsable, se informen “riesgos, ventajas y desventajas” de la energía nuclear, pues consideró que esos datos vitales no pueden obtenerse “con una visita de no expertos”.
Y es que tras el desastre generado en Japón, cuya ciudad de Fukushima será inhabitable, al menos, por 20 años, el secretario de Energía, José Antonio Meade, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, realizaron una visita a Laguna Verde para evaluar los estándares de seguridad, donde al final del recorrido, los funcionarios federal y estatal aseguraron que todo trabaja en óptimas condiciones.
En tanto, el ex director del Centro de Investigación en Energía, de la UNAM, Manuel Martínez Fernández, también se sumó al señalamiento del rector Narro, al aclarar que los reactores en Veracruz son exactamente iguales a los que hay en Fukushima.
Y agregó que la visita que realizó el secretario de Energía no debió limitarse a ver que la central nucleoeléctrica estaba “limpia, pintadita y trapeadita, porque eso no tiene nada que ver con un análisis a fondo de los problemas tecnológicos y ambientales que tiene la planta”.
Opacidad ambiental
Precisamente sobre el tema ambiental, la central de Laguna Verde carece de certificado de Industria Limpia desde el 27 de julio de 2010 y, por tanto, se encuentra fuera del Programa de Auditoría Ambiental.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no hay en sus archivos información sobre alguna visita de inspección realizada a estas instalaciones.
En casi 19 años de existencia, la Profepa nunca ha verificado el cumplimiento de las normas ambientales en Laguna Verde, pese a ello, desde 2006 y hasta mediados del año pasado, la nucleoeléctrica obtuvo dos certificados de Industria Limpia que ya vencieron, entregados por este órgano descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La explicación a eso es que la CFE contrata sus propias auditorías y únicamente envía los resultados a la autoridad ambiental.
A pesar de esa situación, Comisión Federal mantiene en la entrada de la planta un gran letrero de bienvenida a los visitantes, donde “presume” que cuenta con el certificado de Industria Limpia otorgado por la Profepa.
“En julio del año pasado, (autoridades de Laguna Verde) comentaron que estaban en proceso de ‘repotenciación’” de las dos unidades y que, posteriormente, realizarían una nueva auditoría durante el primer trimestre de 2011”, señala un comunicado oficial.
Cifras de la CFE indican que los dos reactores de la central nucleoeléctrica generan 43 mil 200 kilogramos de uranio quemado en un período de 18 meses, tiempo que dura cada ciclo de combustible en Laguna Verde.
Una vez que son retirados los residuos radioactivos se almacenan en “albercas de decaimiento”, con sistema de enfriamiento ubicadas en las mismas instalaciones y que tienen una vida útil de 40 años. Reportes de la misma CFE establecen que para julio de 2009, las albercas de almacenamiento de las unidades 1 y 2 se encontraban a 46 y a 36 por ciento de su capacidad total, respectivamente.
Rechazan que se trate de energía limpia
Gian Carlo Delgado Ramos, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, aseguró que es completamente falso que la energía nuclear sea amigable con el ambiente.
Aclaró que todo el ciclo de vida del uranio es contaminante, en principio porque las mineras sólo obtienen dos kilogramos de combustible por cada tonelada removida, y porque se requiere de mucha energía eléctrica para enriquecerlo y poderlo utilizar en la industria.
El doctor en Economía Ecológica precisó que hasta hoy no existe una solución científica o técnica viable para deshacerse del uranio, una vez que fue quemado, y los residuos son almacenados en las propias centrales nucleares, “mientras el mundo encuentra una alternativa”.
Piden voltear la mirada al sol
“El problema de la energía nuclear es que no es una energía limpia, hay una serie de costos que no nada más son costos económicos, sino costos ambientales y sociales que suelen dejarse de lado. No hay solución a la cuestión del combustible quemado y es un problema grave que estamos heredando a las generaciones futuras”, advirtió el especialista.
Ante este panorama, Gustavo Ampugnani, director de Campañas de Greenpeace, rechazó la iniciativa del gobierno mexicano de instalar otros cuatro reactores nucleares en territorio nacional.
“Nosotros consideramos que existen otras opciones energéticas, que son mucho menos peligrosas, mucho menos contaminantes para aprovecharlas en la generación de electricidad, porque la energía nuclear supone riesgos realmente muy altos como los que estamos viendo en Japón”, manifestó. El activista consideró que el país puede satisfacer sus necesidades energéticas con fuentes renovables, limpias y
seguras como son la energía solar, eólica o geotérmica.
Resaltó que es tiempo de que el gobierno de México comience a pensar en cerrar Laguna Verde, porque ya sólo le quedan menos de diez años de operación, según la licencia que obtuvo la CFE.
Al respecto, Rubén Dorantes Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que la Comisión Federal de Electricidad podría desmantelar la planta de Laguna Verde “de la noche a la mañana” con una afectación mínima para el país.
En la actualidad, los dos reactores de la nucleoeléctrica representan 2.96 por ciento de la capacidad instalada, con una contribución a la generación de energía eléctrica de 4.75 por ciento.
“Tenemos la capacidad de producir 40 por ciento más de la luz que consumimos; existe una reserva enorme que no utilizamos ante el lento crecimiento de nuestra economía”, abundó.
El coordinador de la carrera de Ingeniería Física de la UAM Azcapotzalco detalló que las plantas nucleares no garantizan a México una seguridad energética porque no dominamos la tecnología y hay que importarla totalmente del exterior.
“Ni siquiera tenemos el combustible nuclear para poder ser independientes, lo tenemos que conseguir afuera”, agregó Dorantes Rodríguez.
Vecinos exigen tarifas justas
Desde niño, sus amigos lo apodaban El Potro porque tenía una gran habilidad para brincar las cercas y amansar a las mulas. Hoy, Francisco Fernández Morales purga una condena de 20 años de prisión por, dice, enfrentar a la “bestia nuclear” de Laguna Verde.
El líder social, conocido en gran parte de Veracruz, se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo, acusado de extorsión y privación ilegal de la libertad de funcionarios, tras encabezar un movimiento de resistencia civil de no pago de energía eléctrica.
En su celda marcada con el número dos, El Potro explicó a Excélsiorque sus seguidores se agrupan, principalmente, en nueve de los 28 municipios aledaños a la Central Nucleoeléctrica: Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván, La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Misantla, Xalapa y parte de Veracruz.
“Tenemos 35 mil familias que no pagan la luz, pero además contamos con 300 mil afiliados que buscan una tarifa preferencial, rutas de evacuación en excelente estado y un seguro de cobertura amplia en caso de desastre”, explicó.
Dice que en las comunidades cercanas a Laguna Verde las personas que siguen a El Potro colocan una calcomanía en su medidor donde se puede leer: “Resitencia Civil, afiliados a la AC La Leyenda de Chucho el Roto, no al pago de luz eléctrica por riesgo, El Potro late y relincha con más fuerza”.
Para Jorge Peralta Reyes, abogado defensor de Fernández Morales, su cliente es un “preso político”, porque después de ser diputado local por el PAN apoyó las campañas priistas en Veracruz.
“Encarcelando a Francisco Fernández Morales El Potro no van a resolver el problema. Ya son más de 35 mil familias las que no pagan luz y el movimiento sigue creciendo, ya va llegando a la ciudad de Xalapa y no es un asunto menor que deba soslayar la Comisión Federal de Electricidad”, advirtió.
Aun en prisión, El Potro asegura que la lucha continúa y que no se detendrá hasta que Laguna Verde cumpla con sus exigencias, ya que a escala mundial, a la gente que vive cerca de una planta nucleoeléctrica no se le cobra la luz que consume, por los peligros que representa su funcionamiento.
“Yo me siento tranquilo, porque tengo una madre que tiene 78 años y me dice: ‘Mijo, prefiero sacarte con las patas por delante del penal, pero nunca vendas ni traiciones a la gente, recuerda los principios que te di, porque eso me va a hacer sentir más orgullosa de ti qué haberte parido’”, comentó Fernández Morales.
Apenas el 29 de marzo, alrededor de cinco mil simpatizantes de Fernández Morales bloquearon la entrada de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, para exigir la liberación de su líder, mejores rutas de evacuación, una tarifa preferencial de energía eléctrica y un seguro contra desastres.
Luchan contra 24 años de promesas
Un convenio firmado el 23 de mayo de 1987 establece que las comunidades cercanas a Laguna Verde recibirán “tarifas preferenciales en la facturación de su consumo de energía eléctrica”.
El documento en poder de Excélsior cuenta con la firma al calce de Miguel de la Madrid Hurtado, entonces Presidente; del extinto Fernando Gutiérrez Barrios, en ese entonces gobernador de Veracruz, y de Dante Delgado Rannauro, ex secretario de Gobernación del estado.
“Las comunidades aledañas mismas que se encuentren comprendidas en un radio de 60 kilómetros a esta Central Nuclear Laguna Verde recibirán tarifas preferenciales en la facturación de su consumo de energía eléctrica, subsidiando el gobierno federal la facturación de energía eléctrica”, indica el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Según el texto, el gobierno de Veracruz se comprometió a “promover las acciones conducentes”, a efecto de que lo propuesto por el Ejecutivo Federal se cumpliera y que los habitantes permitieran la operación de Laguna Verde.
En el convenio que tiene una “vigencia indefinida”, Miguel de la Madrid Hurtado nombró a Manuel Camacho Solís como su representante para darle seguimiento a los compromisos, con la participación del ex secretario de Energía y Minas, Francisco Labastida Ochoa.
Después de 24 años, la CFE no ha cumplido el pacto y sigue facturando caro.
