Axtel abandonó el proyecto por no estar de acuerdo con los planes del despliegue de la red y porque Avantel ya tenía tramos propios.
Darío Celis
Fue el 10 de junio del año pasado cuando quedó integrado el Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, empresa con la cual Televisa, Megacable y Telefónica se adjudicaron el primer par de hilos de fibra óptica de la CFE.
Desde su arranque y constitución en una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, los grupos de Emilio Azcárraga, Enrique Yamuni y Francisco Gil Díaz se plantearon integrarse en una empresa de outsourcing que se autopreste servicios.
Ganaron tras ofrecer a la dependencia que dirige Alfredo Elías unos 883.8 millones de pesos y el compromiso fue invertir 160 millones de dólares en la iluminación de la fibra, término empleado para señalar la habilitación de la red.
Sin embargo, le decíamos ayer que la empresa no ha sido precisamente sencilla, pues se han tenido que sortear obstáculos que ya en su momento propiciaron la salida de otros operadores que habían expresado su interés en el consorcio.
Y es que se deben construir tramos de red a partir de cero, que se tienen que unir a esos hilos, amén de anillos interurbanos que deben cerrarse. Tan sólo en la Península de Baja California se habla de un cable submarino para unir a Sonora.
Fuentes del grupo nos aclararon ayer que de ninguna manera las proyecciones se modificaron y que la inversión original persiste, en este caso los 160 millones de dólares, la cual se dividirá a razón de 33.3% por cada participante.
Lo que sí se ve cuesta arriba, por el momento, es convencer a Axtel de Tomás Milmo; Nextel, que preside Peter Foyo, y Alestra, que encabeza Rolando Zubirán, que reconsideren su salida del consorcio.
Axtel abandonó el proyecto por no estar de acuerdo en los planes del despliegue de la red y porque Avantel ya tenía tramos propios, mientras que NII, la holding de Nextel, no autorizó a su filial por no considerarlo prioritario en sus planes.
Alestra, la compañía de la poderosa AT&T, ya no pudo alcanzar los mínimos de inversión requeridos, pues tenía que haber entrado con lo mismo que Televisa, Megacable y Telefónica, esto es, un desembolso de 50 millones de dólares.
Al final el consorcio quedó integrado con esas tres firmas y se contrató a un headhunter para hacer el reclutamiento de los principales directivos para ocupar las tres posiciones claves: dirección general, tecnología y finanzas.
Tras la creación del frente común contra Telcel, que capitanea Daniel Hajj, hay expectación sobre cuál puede ser el derrotero de este consorcio en el corto plazo. Sobre todo si se atiende al reacomodo de fuerzas de los principales actores.
Ya ayer le referíamos los datos que en la víspera dio a conocer The Competitive Intelligence Unit, la firma de consultoría de Ernesto Piedras, que reportó un crecimiento del valor del mercado de telecomunicaciones en México.
Sólo en 2010 las diversas empresas generaron conjuntamente ingresos por unos 30 mil 686 millones de dólares. De ese tamaño es el pastel que todos se disputan.
Coballasi: 10 mdd
Mexicana va demandar a PC Capital, de Pablo Coballasi y Pablo Cervantes, así como a los españoles Rubén y Ramón Vila, por hasta unos 10 millones de dólares por daños y perjuicios. Ahora mismo el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, trabaja con el conciliador Gerardo Badín en el cálculo. Tras de que el martes el banco de inversión y sus representados incumplieran con la exhibición de los recursos para pagar el endoso de las acciones a Tenedora K, que representa Jorge Gastélum, los Vila han buscado cauces para establecer contacto con el propio Sánchez Henkel, Badín y los secretarios de Comunicaciones, Dionisio Pérez-Jácome, y del Trabajo, Javier Lozano. En ese contexto podemos informarle que Javier Christlieb, que durante el Concurso Mercantil fungió como administrador de la aerolínea, regresó a su posición de director jurídico y el susodicho Gerardo Badín asumió sus funciones. El objetivo es hacer más expedita la toma de decisiones, pues lo que llevaba días decidir con los anteriores interesados, ahora se debe adoptar en cosa de horas con los inversionistas de TG Group, que preside Juan Carlos Torres.
Ganó Probiomed
Tras varias horas de deliberaciones, el ISSSTE asignó el contrato del Rituximab a la mexicana Probiomed. La empresa de Jaime Uribe surtirá dos claves al organismo que dirige Jesús Villalobos. Son la 5445 de presentación única en frasco de 500 miligramos y la 5433 en caja de dos frascos de 100 miligramos cada uno. En el primer caso, Roche ofreció un precio unitario de 22 mil cien pesos y en el segundo nueve mil 500 pesos, ambas cotizaciones 10% arriba de la oferta de Probiomed. Sobre este caso le referíamos que la multinacional presidida por Andrés Bruzual se abocó a bloquear la producción y comercialización del Kikuzubam, argumentando la titularidad de la patente del Rituximab cuando esta sustancia activa ni siquiera estaba registrada ni a nombre de Roche ni de otra compañía. No se descarta que los europeos se amparen contra la licitación. La firma Aramburu, Saldívar y Vázquez, de Antonio Aramburu, es el abogado de propiedad intelectual de Roche, mientras que Arochi, Marroquín & Lindner de Roberto Arochi es el de Probiomed.
Prodemex firma
Prodemex también acaba de suscribir con la Secretaría de Seguridad Pública, de Genaro García Luna, el contrato para edificar otro par de reclusorios. Le mencionábamos ya a Homex, de Eustaquio de Nicolás, que arrancará en Morelos, y a ICA, de Bernardo Quintana, para otro par en Sonora y Jalisco. El grupo constructor que preside Olegario Vázquez estará en los estados de Michoacán y Durango, que gobiernan respectivamente Leonel Godoy y Jorge Herrera. Cada uno tendrá alrededor de mil 500 celdas y un costo cercano a los cuatro mil millones de pesos. La compañía que capitanea Antonio Boullosa está armando un crédito sindicado que liderará Banobras, de Georgina Kessel, y en el que se subirán como colíderes Multiva que lleva Javier Valadez, Banorte que maneja Alejandro Valenzuela y Santander que encabeza Marcos Martínez.
