Guadalupe García
El concepto de soberanía como se creó y desarrolló, de acuerdo a las teorías de Juan Jacobo Rousseau, dice que el único soberano es el pueblo; de ahí que esta característica se haya establecido en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el sentido de que la ley es la voluntad de la expresión popular, lo que determinó el sentido y la esencia del constitucionalismo francés, al no permitir que se interpretará la ley, por ser ésta producto de la discusión de los representantes del pueblo, en ejercicio de la voluntad popular.
Así, la doctrina de la soberanía popular se estableció en nuestro país desde la primera constitución promulgada el 4 de octubre de 1824; en ese sentido el artículo 25 Constitucional dispone: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”; de acuerdo a lo que dispone este artículo no sólo se tiene la rectoría del desarrollo sino se debe fortalecer la soberanía nacional; sin embargo la política seguida en relación con la generación de energía eléctrica, desde el año 2000 los particulares venden energía eléctrica a la Comisión Federal de
Electricidad, y de acuerdo a una evaluación de los diputados el gasto en compra de energía ha significado para CFE el equivalente al 30.2% de su gasto corriente ¿Hasta donde se llegará? ¿A comprar más del 50% de la producción nacional? En ese momento el país estaría entregando el control estratégico de este sector a la iniciativa privada, con el riesgo que ello implica; no por nada los legisladores atinadamente, siguiendo a la legislación de los Estados Unidos de América y de sus leyes antimonopolios (Ley Sherman Anti Trust), estableció en la Constitución Federal un control de los monopolios, reservándose el control de ciertas áreas estratégicas, contenidas en el artículo 28 constitucional, siendo éstas entre otras: petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, generación de energía nuclear, electricidad, comunicación vía satélite, ferrocarriles.
Al menos dos de estos sectores ahora se podrán encontrar en manos de la iniciativa privada: la generación de electricidad y el petróleo.
De este último, Pemex ha comenzado la licitación de los primeros tres bloques petroleros con el sistema de contratos integrales de exploración y producción, siendo éstos violatorios de la Constitución.
La política seguida en estos dos sectores estratégicos está siendo violatoria de la Constitución Política Federal y atentatoria en contra de la soberanía nacional, al entregar a empresas principalmente extranjeras el control de las mismas, que pasaría si la CFE, empieza paulatinamente a producir menos energía eléctrica y las empresas privadas se van de México; entonces sí que sufriríamos la consecuencia todos, porque entonces nos venderían la energía eléctrica a precios sumamente gravosos para la economía nacional y la de todos los que vivimos en este México, que ha perdido el rumbo justo y equitativo que es el anhelo del pueblo. Entonces surgen las preguntas: ¿y la soberanía nacional? ¿Y nuestro petróleo? ¿Y los recursos naturales para generar energía?
Nos queda como reflexión pensar en participar cada vez más en la toma de decisiones, por lo que habría que ser más participativos en todos los sentidos y convertirnos en ciudadanos vigilantes y como lo sostendría el famoso teórico japonés Mishima: “saber y no actuar, es no conocer”. Seamos activistas en pro de un México mejor.
