Al momento en que se presentó la propuesta de reforma laboral por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, el pasado 10 de marzo, aparecieron caras felices de los militantes más conservadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Felipe Calderón, quién celebró esa propuesta porque, según él, es indispensable para mejorar la competitividad del país
En el sector patronal el entusiasmo no acaba, ya la dan por aprobada a pesar de que todavía no se discute. ¡Qué se acaben los derechos laborales!. Ya se acerca el mundo feliz para imponer, ahora si legalmente, la voluntad patronal en las relaciones de trabajo.
La propuesta de reforma laboral del PRI avalada por 238 diputados representa uno de los más graves ataques a los derechos laborales desde que se creó la ley federal del trabajo hace casi 80 años. Permite el despido libre y barato, productividad hasta que el cuerpo aguante y salarios de miseria; todo a cambio de no tocar a las corporaciones sindicales, negocio de dirigentes venales.
En la iniciativa del PRI se pretende, de aquí en adelante, no haya más trabajadores de planta: Todos eventuales, como los subempleos creados en la era de Felipe Calderón. Los abogados patronales que redactaron la iniciativa priista podaron el artículo 39 de la ley laboral para anular el principio de que la existencia de la materia de trabajo es la base de un contrato de trabajo; ahora, como siempre lo han querido, pretenden que sea únicamente la voluntad patronal quién determine cuando inician y terminan los contratos de trabajo.
Hacer el fraude, pero legal, en contra de los trabajadores es la premisa en las pretendidas reformas laborales priistas. La misma podadora que usaron los abogados patronales rebanó un buen pedazo del artículo 13 de la ley laboral para intentar desaparecer la responsabilidad solidaria de los patrones. Seguramente, han de decir que nadie se va a dar cuenta. Esto es muy grave porque las empresas que usan contratistas, mejor conocidas como “outsourcing”, para evadir prestaciones e impuestos, no asumirán ninguna obligación al desaparecer éstas.
Como ahora sucede, cuando un trabajador gana un juicio laboral, no puede cobrar su caso porque las empresas outsourcing apenas si cuentan con una pequeña oficina rentada con escaso mobiliario. Están creadas para el fraude y ahora la iniciativa priísta les da reconocimiento legal.
Los empresarios festinan se limité el pago de salarios caídos a un año y dicen que a cambio los juicios laborales serán más breves, así por decreto. Esto es una verdadera burla ya que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país padecen una grave crisis de escasez de recursos económicos y hacinamiento de juicios. De aprobarse esta medida se impondrán liquidaciones más bajas e incrementarán los despidos en los centros de trabajo. En otras legislaciones si se rebasa el periodo previsto para el pago de salarios, esa diferencia queda a cargo del gobierno.
Al anular la estabilidad en el empleo, con los llamados contratos de prueba, de capacitación inicial o de labores discontinuas y la anulación de los contratos de planta, la consecuencia será la reducción aún más de los salarios.
Los líderes sindicales priístas que festinan su propuesta porque no toca, según ellos, los derechos colectivos, están muy equivocados. La legalización de las outsourcing permitirá que haya varios contratos colectivos en una sola empresa, con distintas condiciones de trabajo y prestaciones, lo que propiciará la fragmentación y una reducción de la filiación sindical. Anulan en esta iniciativa, a los sindicatos gremiales, para evitar puedan tener un contrato colectivo de trabajo cuando haya uno general en un centro de trabajo; además permite que en los recuentos sindicales el patrón pueda exhibir un listado con los sindicalizados reconocidos por él.
Es evidente que al anular los derechos individuales básicos, en consecuencia los derechos colectivos como los sindicales, huelga y contratación colectiva, quedarán reducidos a su mínima expresión.
Es una iniciativa que va dirigida a desconocer los derechos de los jóvenes porque los obligará a renunciar a sus derechos con el fin de conservar su empleo. Mayor productividad, hasta el límite de sus fuerzas para conservar el empleo, pero también más accidentes de trabajo. Es una copia mejorada de la iniciativa panista que mantiene la injerencia estatal para anular los derechos colectivos y en contraposición legitima su ausencia para vigilar el cumplimiento a los derechos laborales. Es una ley que permite al patrón hacer lo que le venga en gana con los derechos de sus trabajadores. Pero no debe pasar.
