Sindicato Mexicano de Electricistas resiste a la extinción de Luz y Fuerza del Centro y a las embestidas del gobierno
Escrito por Comunicación CSA
18/02/11
“Tenemos que dar a conocer cómo el gobierno federal está incumpliendo con los convenios internacionales que establecen los derechos de los trabajadores, para que la comunidad internacional se dé cuenta de que México no es el país de fantasía que el presidente Felipe Calderón sale a decir hacia afuera.” Es con estas palabras que Fernando Amezcua, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), conmemora la realización de la jornada de solidaridad que se está desarrollando en todo el mundo para presionar por el respeto a la libertad sindical y el derecho de asociación en México. Desde el 14 de febrero se han registrado acciones de protesta en las representaciones diplomáticas mexicanas ubicadas en más de 35 países.
“Nuestra pelea es la única que no nos podemos permitir perder”, continúa el dirigente. “Es la única que no podemos darnos el lujo de ser derrotados.”
La pelea a que se refiere Fernando Amezcua, más allá de la lucha nacional de los trabajadores mexicanos por el cumplimiento de sus derechos, dice respecto a la resistencia del SME contra las embestidas del gobierno de Felipe Calderón y del sistema económico que él representa y defiende.
El Sindicato Mexicano de Electricistas fue fundado en 1914, en medio del proceso revolucionario iniciado cuatro años antes, para representar a los trabajadores de la entonces llamada Mexican Light & Power, compañía de capital canadiense que a comienzos del siglo XX era la responsable por realizar los servicios de instalación y suministro de energía eléctrica en el país. A lo largo de los años, la empresa pasó por muchas transformaciones hasta que, en el año de 1960 fue nacionalizada por el gobierno federal –proceso que fue concluido totalmente treinta años después–.
Una vez administrada por el Estado, la Mexican Light & Power pasó a llamarse Luz y Fuerza del Centro, en referencia a su área de actuación geográfica: la zona centro de México, lo que incluye al Distrito Federal, la región más poblada y económicamente más pujante del país. En total, Luz y Fuerza del Centro (LFC) se quedó con la incumbencia de atender a las necesidades eléctricas del 1% del territorio nacional ó 20.539 km2. Parece poco, pero en el sigo XXI esta pequeña porción de México tiene una concentración poblacional de 2,5 mil habitantes por km2 y es la responsable por el 34% de la producción de riquezas del país. Por ello, el 27% de toda energía eléctrica producida por las usinas mexicanas se dirige a la zona centro.
Sin embargo, mismo gozando de un mercado consumidor tan grande, la LFC dejó de existir. En octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón desplegó un fuerte aparato militar para ocupar a las 486 instalaciones de la empresa. En la madrugada, los trabajadores fueron expulsos de sus puestos –algunos con violencia– por efectivos de la policía federal, del ejército y de la marina. Cuando amaneció, el gobierno publicó un decreto para anunciar la extinción de la compañía debido a “su comprobada ineficiencia operativa y financiera, que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”.
La Secretaría de Gobernación mexicana tenía preparada una lista de las deficiencias que justificaban el cierre. El gran problema era que LFC, debido a su ineficacia operativa, estaba permitiendo la pérdida de un 30% de toda la energía que compraba y distribuía, lo que se convertía en una pérdida de casi 25 mil millones de pesos al año: 52% de todas las ventas que realizaba.
Sin embargo, Fernando Amezcua, dirigente del SME, subraya que el presidente se olvidó de computar en la ecuación los 11 mil millones de pesos anuales que representaban las deudas de los municipios, organismos operadores de agua potable y servicios industriales, “que debido a corruptelas con la administración de Luz y Fuerza del Centro no pagaban la electricidad que consumían”.
Según Felipe Calderón, el colmo era tener el gobierno que realizar “transferencias presupuestarias cuantiosas” para mantener la salud financiera de la empresa. Así publicó el periódico La Jornada en aquel entonces: “De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200%, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos. De continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar 300 mil millones de pesos durante la presente administración.”
Campaña mediática
Así, para el gobierno y la opinión pública, estaba más que justificado el cierre de las actividades de Luz y Fuerza del Centro. De hecho, en la visión de Fernando Amezcua, hubo una permanente campaña para deslegitimar la compañía y sus trabajadores. El sindicalista reclama que no es que LFC generaba perjuicios a los cofres del Estado, sino que fue constreñida financieramente por sucesivos gobiernos mexicanos para que no lograra atingir a los estándares de eficiencia y fuera más tarde vendida o cerrada.
“En 2008, nosotros firmamos un convenio con el gobierno para modernizar LFC en cuanto su atención al público. Hasta ese momento trabajábamos todavía con lápiz y papel y no teníamos condiciones de atender a los usuarios con rapidez”, recuerda Fernando Amezcua. “También firmamos indicadores de productividad para elevar la eficiencia de la empresa. Pero al mismo tiempo firmamos documentos relativos a la elevación del estado financiero de la empresa, es decir, meterle más recursos.”
El Sindicato Mexicano de Electricistas lamenta que el presidente no haya cumplido los acuerdos. Fernando cuenta que desde 1975 el Estado empezó a reducir las inversiones en Luz y Fuerza del Centro –medida que se intensificó en el gobierno de Felipe Calderón y que culminó en la extinción de la empresa–. Con un agravante: “LFC era quizás la única empresa pública del mundo que no generaba el producto que vendía. No nos permitían producir electricidad y se la teníamos que comprar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un precio más caro de lo que teníamos que vender a los usuarios”, argumenta.“Los casi 42 mil millones de pesos de los cuales habló el presidente Felipe Calderón no eran una transferencia del gobierno para LFC, sino que se destinaba al pago de la energía eléctrica que finalmente el gobierno recuperaba, porque es electricidad, y ese dinero regresaba a las arcas estatales.”
De hecho, Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (SENER) de México, admitió en 2009 que LFC era obligada a comprar energía de CFE a un precio más alto de lo que era vendido a los industriales –sobre todo en horas pico–. “Hay que cobrarle a los consumidores industriales y comerciales que no pagan lo que corresponde, independientemente de que haya generación distribuida a menor costo”, dijo el experto al periódico La Jornada.
Privatización
Fernando Amezcua no tiene dudas de que la extinción de Luz y Fuerza de Centro es solamente una parte del plan gubernamental de privatizar el sector eléctrico del país y acabar con los sindicatos que se oponen a ello, como es el caso del SME. Aunque permanece con status de empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, que ahora es la responsable por suministrar energía a todo el país, suele tercerizar una serie de servicios: desde reparos mecánicos en los autos de la compañía hasta la colocación de medidores de luz en las residencias. En LFC eso no se hacía –mismo porque está prohibido por la Constitución–.
“Aunque hayan transferido a CFE todos los bienes de LFC, pero no sus funcionarios, la intención es caminar hacia la privatización. En todos los procesos de trabajo en LFC, todos éramos sindicalizados: todos. No se hacia ningún servicio afuera,” garantiza el directivo del SME.
La actitud del gobierno en relación al Sindicato Mexicano de Electricistas también lo comprueba. Algunas semanas antes de que se enviara tropas federales para invadir las instalaciones de Luz y Fuerza de Centro y se decretara la extinción de la empresa, la administración de Felipe Calderón intervino en las elecciones del SME con la intención de obtener un secretariado sindical simpático a sus intereses. Fernando Amezcua recuerda que algunos compañeros fueron pagados para postularse a los comicios internos y también para votar en los candidatos apoyados por el gobierno.
“El gobierno federal metió muchísimo dinero en las elecciones, a grado tal que se veía a los trabajadores saliendo con dinero tras depositar sus votos. Aún con todo eso, no les alcanzó para ganar: hubo una diferencia de 357 votos a favor del actual secretario general, Martín Esparza Flores. Pero, no conformes con ello, impugnaron los comicios ante las autoridades federales, lo que es intrometerse en la autonomía sindical y violar los acuerdos internacionales que tiene firmado el Estado mexicano.”
Entonces Felipe Calderón negó al SME un documento que en México se conoce como “toma de nota”, que es cuando el gobierno interviene en un sindicato y congela sus cuentas bancarias con la intención de quitarle la personalidad jurídica y deslegitimarle como representante de los trabajadores. Todo eso a un mes de lo que el SME considera un “golpe de Estado” contra Luz y Fuerza del Centro.
Reacción
El Sindicato Mexicano de Electricistas sufrió directamente con la extinción de LFC: basta con decir que todos los afiliados al SME trabajaban en Luz y Fuerza del Centro. Con el cierre de actividades de la empresa, de la noche a la mañana todos se fueron a la calle. Si el sindicato contaba con 44 mil asociados hasta el octubre de 2009, hoy día mantiene activos a 16 mil trabajadores en sus filas y cuenta con el apoyo de 22 mil jubilados, que son los que sostienen financieramente a sus actividades.
Fernando Amezcua cuenta que muchos compañeros dejaron al SME en busca de garantías prometidas por el gobierno, pero que nunca se cumplieron en realidad. Por ejemplo, se les ofreció empleos en Comisión Federal de Electricidad a los primeros diez mil trabajadores que se liquidaran voluntariamente de LFC. Muchos lo hicieron y acabaron igualmente a la calle, pero sin los derechos que se les era debido tras el despido repentino. Otros lograron obtener nuevos puestos de trabajo, pero no en CFE, sino en empresas tercerizadas, que pronto corrieron con ellos. Tras 16 meses de lucha, los directivos del SME han logrado que se cumpla con la legalidad obteniendo la “toma de nota” y recuperando el control total del sindicato. Ahora, están moviendo en los tribunales una serie de demandas contra la administración de Felipe Calderón. La más importante de ellas contesta precisamente la extinción de la empresa, que sería ilegal de acuerdo con las leyes del país.
Juristas mexicanos entrevistados por el periódico La Jornada lo confirmaron entonces: “Para que el presidente pueda tomar decisiones legislativas extraordinarias –que es lo que hizo en el decreto– tiene que contar con la autorización previa del Congreso de la Unión”, explicó Miguel Eraña, catedrático de la Universidad Iberoamericana.
“Tenemos una demanda por la reinstalación y el pago de salarios caídos –y la vamos a ganar, no hay vuelta de hoja, pues tenemos la razón legal–. Nos despidieron injustificadamente, nunca nos dieron un aviso de que nos iban a despedir. Eso la ley lo prohíbe”, conmemora Fernando Amezcua. “También ingresamos en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para crear otro organismo u otra empresa para reinstalar a todos los trabajadores. En este momento, el SME está representando a todos los trabajadores en el juicio, incluso a los que se liquidaron. Estamos reconocidos por el Estado y por el pueblo.”
