Sostengo mis afirmaciones. La toma de nota fue producto de una negociación política, luego revestida de legalidad.
Alberto Begné Guerra
Mi colaboración anterior, “Estampas de 2010”, provocó una reacción del secretario del Trabajo que, lo entiendo, muestra el malestar consigo mismo cuando se habla del caso del SME y su bochornoso desenlace. Hablé de la desvergüenza que significa la toma de nota a favor de Martín Esparza, después de que la mayoría habíamos reconocido al gobierno federal por “encarar la ineficiencia y la corrupción de una compañía pública sometida y exprimida por una mafia sindical”. Y dije: “…hoy su líder se pasea con la toma de nota en las manos y el secretario del Trabajo no encuentra la forma de sostener su congruencia y su dignidad”.
Con la firma de su coordinador de asesores, la respuesta enviada aExcélsior señala que: “Este tipo de periodismo carece de objetividad y constituye una real desvergüenza”; dicta una lección escolar sobre lo que no es una toma de nota, pero no explica lo que es e implica, sobre todo respecto a los cuantiosos recursos sindicales; y realiza un esfuerzo infructuoso por definir el significado de la congruencia y la dignidad.
Sostengo mis afirmaciones. La toma de nota fue producto de una negociación política, luego revestida de legalidad. Cuando el secretario de Gobernación instaló la mesa de diálogo con Esparza a finales de julio, tanto éste como otros miembros de su grupo declararon que la huelga de hambre de sus seguidores fue levantada porque el gobierno había asumido el compromiso de la toma de nota. El 23 de julio el secretario del Trabajo, en respuesta a una de esas declaraciones, sostuvo, enfático: “Lo mencionado por el señor no tiene ningún fundamento…” El 27 de septiembre dijo que “para renovar la elección de la dirigencia es indispensable un acuerdo entre Esparza y Alejandro Muñoz” (el líder disidente). Y advirtió que “…las protestas y los chantajes no nos doblegan”. Los hechos mostraron que lo dicho por el grupo de Esparza sobre la negociación para la toma de nota sí tenía “fundamento”; que el acuerdo entre los grupos sindicales en conflicto no fue “indispensable”, y que la voluntad del secretario fue doblegada.
Si un miembro del gabinete afirma todo lo que afirmó Lozano y, por una decisión política de su jefe, ocurre todo lo contrario, su congruencia y su dignidad no se resuelven, como pretende la pobre disertación de su colaborador, con la mera “aplicación de la ley” y con “actuar siempre conforme a derecho…”, pues ello supone hacer del deber una virtud y de la invocada legalidad una apología de la simulación formalizada.
Javier Lozano había actuado correctamente, no sólo en el marco de la ley, sino conforme a sus convicciones. Al final las reemplazó por la vieja retórica de la formalidad legal. Lo lamento porque la congruencia y la dignidad habían sido cualidades reconocidas en su trayectoria.
*Socio Consultor de Consultiva
