CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares y abogados de los dirigentes de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
denunciaron violaciones a los derechos humanos en las últimas cinco
detenciones, así como irregularidades en los procesos judiciales
iniciados por robo de libros de texto gratuito y uso de recursos de
procedencia ilícita.
Acompañados por el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles
de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)
Fernando Ríos, en conferencia de prensa, los familiares de Rubén Núñez
Gínez, Aciel Sibaja Mendoza, Francisco Villalobos Ricardez y de
Heriberto Margariño López, sostuvieron que los dirigentes de la sección
22 de la CNTE de Oaxaca fueron detenidos de forma violenta sin mediar
orden de aprehensión, por hombres fuertemente armados que se
transportaban en vehículos particulares, algunos de ellos sin placas.
Los abogados de la Sección 22I, Mayen Arellanes y Julio César
Velázquez García, aseguraron que hasta el momento a Rubén Núñez se le ha
negado el derecho a ser defendido por un abogado de su confianza.
Recordaron que además de los últimos detenidos, hay otros líderes
procesados en distintos penales de alta seguridad, lo que les ha
dificultado la defensa.
Además, cuestionaron la solidez de los procesos penales iniciados por
la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que no se
acreditan los delitos por los que fueron encausados los dirigentes,
además de que rechazaron que se investigue a Núñez por intento de
homicidio.
Carlos Torralba Payán, familiar de Núñez y quien manejaba el vehículo
en el que se trasladaba el secretario general de la Sección 22, aseguró
que en la madrugada del 12 de junio, a la altura de Santa Isabel Tolá,
en la delegación Gustavo A. Madero, tres camionetas blancas y otros
“tres o cuatro coches” les cerraron el paso y de los vehículos se
bajaron “muchas personas”.
“Nunca nos dijeron quiénes eran, nos empezaron a agredir, mi primo
iba a un lado y lo bajaron de una manera altanera brutal, pegándole. A
mí me agacharon la cabeza, me pegaron en la cara y me quitaron las
llaves (del coche), a mí me pasaron a la parte de atrás y nos pedían que
diéramos las armas y el dinero revisaron el vehículo y nunca
encontraron nada. Después nos trasladaron al aeropuerto, nos quitaron
las pertenencias y nos sacaron fotografías”, contó Torralba Payán.
Agregó que los aprehensores de Núñez lo amenazaron a él y a otra
personas que viajaba en la parte de trasera del automóvil de que “si
decíamos algo iban a ir por nosotros a nuestros domicilios”.
Las detenciones
Florentina Toledo Sánchez, esposa de Villalobos Ricardez, dijo que el
secretario de Organización, fue detenido en su domicilio en Tehuantepe,
Oaxaca, “por elementos no identificados del gobierno”, armados que se
transportaban en cinco vehículos no oficiales.
Griselda Otilia Sánchez Moreno, esposa de Magariño López, dirigente
regional del Istmo de Tehuantepec, contó que antes de su detención el 10
de mayo pasado, su domicilio era vigilado por personas que se
trasportaban en vehículos sin placas.
Sánchez Moreno agregó que al dirigente “lo levantaron gente armada
que viajaba en un Nissan rojo sin placas, una camioneta pick up banca y
una Suburban, (Magariño) quiso correr, pidió ayuda en zapoteco”, pues
creía que estaba siendo víctima de un secuestro.
“Dos campesinos se acercaron para ayudarlo, pero los hombres armados
los encañonaron y amenazaron con dispararles”, apuntó la esposa de
Magariño.
Griselda Otilia contó que la noche de ese día se enteró de la
detención de su marido por los noticieros televisivos y que dos días
después se comunicaron con su suegra del penal de alta seguridad de
Hermosillo para notificar que ahí se encontraba interno el dirigente
sindical.
Jorge Ángel Sibaja Mendoza, hermano del secretario de Finanzas de la
sección 22, procesado por uso de recursos de procedencia ilícita,
puntualizó que su hermano Aciel fue detenido el 13 de abril en Villa de
Etla, por hombres vestidos de civil. Dijo que durante 24 horas no
tuvieron noticia de él, por lo que iniciaron una denuncia por
desaparición.
Sibaja narró que personal de la Fiscalía General de Oaxaca negó haber
ejecutado alguna orden de aprehensión contra el líder sindical;
incluso, en la revisión de la Plataforma México “tampoco estaba
reportada su detención”.
Sin embargo, al medio día del 14 de abril, “Gabino Cué Monteagudo
(gobernador de Oaxaca) informó a través de redes que a Aciel lo
detuvieron en un operativo conjunto de la Fiscalía y la PGR”.
Hay 9 casos más
La abogada Mayén Arellanes destacó que además de los cuatro
profesores internos en el penal de alta seguridad en Hermosillo, hay
otros cuatro en Mihuatlán, Oaxaca, y otros cinco en el penal de Nayarit.
Los casos han sido denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de
Oaxaca, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado Naciones
Unidas de Derechos Humanos y diversos grupos de trabajo de la ONU.
Arellanes señaló que los profesores fueron detenidos de forma
arbitraria y fueron sometidos a malos tratos y tortura, además de que en
todos los casos se violaron los principios de “presunción de inocencia,
por ser presentados ante los medios como culpables sin mediar
sentencia, se violó el derecho a adecuada defensa, no han tenido derecho
o la posibilidad de desahogar las pruebas, la negativa a una tutela
judicial efectiva”.
Tras señalar que los abogados de la sección 22 han presentado
amparos contra la desaparición, incomunicación y tortura, la abogada
descartó que los dirigentes de la CNTE sean responsables de lavado de
dinero, como los acusa la PGR.
“En efecto, se celebraron convenios con empresas de microcréditos por
acuerdo de la Asamblea General, para que los descuentos se hicieran vía
nómina, pero la Sección 22 no tiene acceso a la nómina sino el
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dicho sea
de paso, aplica los descuentos a los trabajadores por los microcréditos,
cuotas sindicales del 1% del salario, el ISSSTE, el ISR y seguros de
vida, pero tiene retrasos de pago con las empresas y las instituciones
de entre tres y seis meses.
“Nos gustaría saber si la PGR inició una averiguación previa contra
el IEEPO, porque no se trata de un millón o dos, son más de 80 mil
profesores a los que se les aplican descuentos”, resaltó la abogada.
El litigante Julio César Velázquez, apuntó que era el IEEPO el órgano
responsable de determinar si las empresas que establecieron convenio
con la Sección 22 eran legales o no, “porque al final de cuentas es el
IEEPO el encargado de entregar los recursos”.
Destacó que en el caso de Aciel Sibaja, el juez de su causa
reclasificó el delito, de uso de recursos de procedencia ilícita por
extorsión, “porque llamaron a declarar a los dueños de las empresas que
declararon que fueron obligados a firmar el contrato, lo cual no tiene
lógica”.
En cuanto a los procesos por robo de libro de texto gratuito, delito
por el que se procesa entre otros a Francisco Villlalobos, el abogado
rechazó que tenga sustento, toda vez que la PGR no demuestra cómo es que
“el maestro Villlalobos y otras cuatro personas se llevaron 100 mil
libros de texto de una casa particular, no del IEEPO ni de otra oficina
pública”.
Durante la conferencia de prensa se pidió también la liberación de
Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Juan Carlos Orozco Matus,
Roberto Abel Giménez García, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano
Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Damián
Gallardo Martínez, así como “los 25 presos del 7 de junio y de todos
los presos políticos del país”.