El ajuste del gasto en el primer
cuatrimestre ha sido indiscriminado: afectó el funcionamiento
administrativo de las entidades públicas y el gasto social, inversión y
desarrollo. El gobierno despide a 25 mil trabajadores mientras
privilegia la “guerra” contra el narcotráfico que hasta ahora no ha
funcionado
Desde febrero pasado, cuando anunció la
tercera reducción del gasto público en lo que va del sexenio, a Luis
Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le
ha visto muy atareado.
Con diversos grados de intensidad, la estructura estatal, las entidades autónomas, las dependencias de la administración central y las áreas bajo control presupuestario directo, padecen la severa disciplina fiscal.
Con diversos grados de intensidad, la estructura estatal, las entidades autónomas, las dependencias de la administración central y las áreas bajo control presupuestario directo, padecen la severa disciplina fiscal.
Sólo se salvan de la
austeridad el derrochador Poder Judicial, paradójicamente avaro en
materia de justicia, y las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de
Marina (Semar), responsables de la seguridad externa e interna.
La
información de la Secretaría de Hacienda testifica la eficacia de su
responsable en materia de disciplina fiscal, recorte del gasto y el
despido de empleados públicos.
El
gobierno de Enrique Peña Nieto decretó que deberán ser despedidos 15 mil
825 empleados federales en 2016 –7 mil 740 de mandos medios y personal
sindicalizado, y 8 mil 85 eventuales– y 10 mil de Petróleos Mexicanos
(Pemex), en nombre del ascetismo presupuestal, como ocurrió en la década
de 1980.
Arrojar
a la calle a esos trabajadores o aceptar su jubilación anticipada y sus
renuncias voluntarias tiene como contrapartida un ahorro presupuestal
de casi 7.1 mil millones de pesos, equivalente al 24 por ciento del
ajuste en los ramos administrativos (29.3 mil millones de pesos), o al
5.4 por ciento del recorte total (132.4 mil millones de pesos), que
incluye a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
De acuerdo con información de
Hacienda, se espera que una parte del recorte de plazas en la
administración federal se deba a la rotación de personal por jubilación y
renuncias que normalmente se registran cada año, por lo que se podrán
congelar dichos puestos y con ello mitigar el despido de funcionarios.
En el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública
de marzo, Videgaray ofreció el primer balance trimestral de su
encomienda. Se anunció la cancelación de 6 mil 851 plazas. De ellas, 479
ya habían sido suprimidas en 2015. De las restantes 6 mil 372, se
consideró que 5 mil 760 son dignas de una compensación: 2 mil 580
iniciaron su trámite de desaparición en 2015, y 3 mil 180 en 2016.
El
costo fiscal de los burócratas que empezaron a sacrificarse en 2015 fue
tasado en 774.5 millones de pesos, y los de 2016 en 722 millones de
pesos. En total, 1 mil 496.4 millones de pesos. En promedio, cada
trabajador de 2015 fue valorado en 333 mil pesos, y en 2016 en 243 mil
pesos.
La reducción del costo de los
despidos entre 2015 y 2016 tiene una explicación sencilla. En aquel año,
el 57 por ciento de las plazas en proceso de cancelación (1 mil 468)
correspondieron a los mandos medios –directores, subdirectores, jefes
de área–, y el 47 por ciento restante (1 mil 112) a los empleados de
enlace y operativos. La compensación media de los mandos fue de 375 mil
pesos y la de los otros de 201 mil pesos. Desde luego el recorte no
llegó a los niveles de secretarios, subsecretarios de Estado u oficiales
mayores, que ante los resultados negativos del gabinete se lo merecían.
En
2016 el ajuste sólo afectará al 27 por ciento de los mandos medios
(860), y el 73 por ciento a los de enlace y operativos (2 mil 320). La
compensación media de los primeros es de 368 mil pesos y la de los otros
de 175 mil pesos.
De las 5 mil 760
plazas en fase de eliminación, el 67 por ciento se concentran en tres
secretarías: 31 por ciento en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa, 1 mil 791); 19 por ciento en
Comunicaciones y Transportes (SCT, 1 mil 91), y 17 por ciento en Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semanat, 952 mil).
La
Presidencia sólo contribuyó con el 0.5 por ciento de los trabajadores
despedidos, con 26, y cuya compensación promedio es de 150 mil pesos.
Los
directivos de Pemex también han estado muy activos en la eliminación de
plazas, debido a la austeridad que le impusieron, así como a la crisis
financiera y estructural que enfrenta la exparaestatal.
De
acuerdo con Moisés Flores, del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y
Profesionistas Petroleros (Untypp), a finales de abril se inició la
segunda etapa de despidos en Pemex. Se espera que 8 mil empleados sean
arrojados a la calle y que al cierre del año el total ascienda a 13 mil
600. En el primer periodo, según Flores, se cancelaron alrededor de 6
mil plazas. Sólo en las plantas de Coatzacoalcos y Minatitlán, en
Veracruz, en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca, se
expulsaron a 1 mil 500 técnicos de mantenimiento y operativos. En 2015,
según la misma fuente, el número de cesados sumó 11 mil 97 petroleros,
por lo que la plantilla laboral bajó a 135 mil 228 trabajadores.
Hasta este momento esa es la cuota pagada por el “capital humano” burocrático.
En
enero-abril de 2016, el gasto total acumulado real (valores a precios
de diciembre 2010) del sector público fue de 1 billón 280 mil millones
de pesos, contra el 1 billón 323 mil millones de pesos ejercidos en el
mismo lapso de 2015. Esto representa una disminución real de 3.3 por
ciento, equivalente a 42.8 mil millones de pesos reales.
El
diferencial entre 2015 y 2016 supera ligeramente el gasto programable
real empleado por la Secretaría de Salud (SS, 35 mil millones de pesos)
en el mismo periodo, y es poco menos de la mitad de utilizado por la
Secretaría de Educación Pública (SEP, 90 mil millones de pesos),
instituciones caracterizadas por sus carencias.
El
“sobregiro” registrado por Hacienda en algunas dependencias,
parcialmente compensado con el “subejercicio” de otras, arroja un gasto
en exceso por 11.9 mil millones de pesos nominales en el primer
trimestre, el cual, sin embargo, no pone en riesgo la política de
austeridad y el ahorro previsto por la gestión empresarial del llamado
“presupuesto base cero”. La desviación en la trayectoria del gasto puede
corregirse fácilmente.
La SCT
destaca por su sobregasto nominal de 51 por ciento, en 12.5 mil millones
de pesos, el cual supera al sobregiro total señalado. Las que muestran
un subejercicio son la Sagarpa (4.2 por ciento), tribunales agrarios (11
por ciento), Turismo (8.5 por ciento) y la Procuraduría General de la
República (3.8 por ciento).
La
reducción de los egresos públicos se debe fundamentalmente al control
ejercido sobre el gasto programable real (dinero destinado al
funcionamiento de las entidades estatales y las actividades que
realizan). En el primer cuatrimestre éste fue menor en 4.3 por ciento
con relación al aplicado en el mismo lapso de 2015. Cayó de 1 billón de
pesos a 992 mil millones, en 51.3 mil millones de pesos.
La
disciplina fiscal fue parcialmente afectada por el indisciplinado
mercado financiero que se refleja en el gasto no programable, el cual
incluye el costo de la deuda pública y el rescate bancario de la década
de 1990. En el cuatrimestre el gasto no programable real se elevó 2.9
por ciento, de 279.2 mil millones de pesos a 287.7 mil millones, en 8.6
mil millones de pesos.
El costo real
de la deuda se incrementó 16.6 por ciento, en 10.6 mil millones de
pesos, de 64.1 mil millones a 74.7 mil millones de pesos; el pago de los
intereses de los débitos públicos en 10.9 por ciento o 6.1 mmp, de 56
mil millones a 62 mil millones de pesos; el rescate bancario en 55 por
ciento o 4.5 mil millones de pesos, de 8 mil millones a 12.5 mil
millones.
El menor gasto programable
se explica por la drástica caída de la inversión productiva real en 20
por ciento (de 231.9 mil millones a 186.7 mil millones, 45.2 mil
millones de pesos menos), pues el gasto corriente real, su otro
componente, apenas se redujo en 2.2 por ciento (de 785.8 mil millones a
769 mil millones, en 16.7 mil millones de pesos).
Este
último incluye el pago de los servicios personales reales, entre ellos
las remuneraciones al personal público, que sólo se redujo en 1.6 por
ciento. Pero no todas observan esa situación. Las áreas de justicia, de
relaciones exteriores y de seguridad nacional aumentaron dichos
servicios en 4.6 por ciento, 14.1 por ciento y 0.8 por ciento,
respectivamente. En cambio, disminuyeron en algunos sectores de
seguridad social y desarrollo económico: protección ambiental, 6.8 por
ciento; educación, 2.1 por ciento; agropecuario, 1.4 por ciento;
energía, 6.9 por ciento; turismo, 9.5 por ciento.
Las
dependencias cuyo gasto programable real se elevó son: SRE 16.4 por
ciento, Semar 11.8 por ciento, Poder Judicial 8.4 por ciento, Sedena 3.2
por ciento, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 50
por ciento y SEP 7.6 por ciento.
Las
entidades que disminuyeron su gasto en el cuatrimestre son: Segob 19.8
por ciento y PGR 1.9 por ciento; Economía 37.2 por ciento; las entidades
bajo control presupuestario directo, 10.6 por ciento: Pemex 24.8 por
ciento y la CFE 9.3 por ciento; SCT 25.1 por ciento, Semarnat 16.4 por
ciento; Desarrollo Social 4.8 por ciento, SS 4 por ciento, Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 0.8 por ciento.
Pero
es necesario señalar un matiz adicional: con o sin recorte en su
presupuesto, el dinero que se trasminará de la esfera administrativa de
las dependencias (el gasto programable: quién gasta) hacia las tareas
económicas, sociales y políticas que les corresponden (clasificación
funcional del gasto: en qué se gasta), no reflejará el supuesto
principio de “hacer más con menos” de la política fiscal, en épocas de
austeridad.
En el primer
cuatrimestre, el gasto programable real en las funciones de gobierno
disminuyó 6.6 por ciento. En justicia retrocedió 1 por ciento, en
seguridad nacional 0.3 por ciento y en asuntos de orden público y de
seguridad interior 18.8 por ciento. Sólo aumentó en relaciones
exteriores en 16.5 por ciento y en asuntos hacendarios 4.9 por ciento.
El
gasto en desarrollo social apenas mejoró 1.5 por ciento, debido al
aumento en educación (5.3 por ciento), vivienda y servicios a la
comunidad (2.3 por ciento) y protección social (4.9 por ciento). Pero el
gasto se desplomó en cultura (43.6 por ciento), protección ambiental
(22.1 por ciento) y salud (4.6 por ciento).
Salvo
en minería, manufacturas y construcción, de suyo marginal, el gasto en
desarrollo económico decreció significativamente: 13.8 por ciento. Casi
todos sus componentes muestran esa caída: comunicaciones (68 por
ciento), asuntos económicos, comerciales y laborales en general (37.4
por ciento), turismo (21.5 por ciento), energía (14.1 por ciento),
transporte (0.7 por ciento).
La
combinación entre mayores ingresos públicos, sobre todo no petroleros y
el recorte del gasto ha dado sus frutos. El balance público (el balance
presupuestario más el de las entidades estatales bajo control
presupuestal indirecto) pasó de un déficit nominal de 116 mmp en el
primer cuatrimestre de 2015 a un superávit de 177 mmp en el mismo lapso
de 2016. Si a éste se le excluye la llamada “inversión de alto impacto
económico y social), su superávit aumentó de 60 mil millones de pesos.
El
balance presupuestario (saldo entre los ingresos y egresos del gobierno
federal y de las entidades paraestatales de control presupuestario
directo) pasó de 122 mil millones de pesos a 163 mil en el periodo
referido.
El balance primario del
sector público (el balance público menos los intereses de la deuda) pasó
de un saldo negativo de 42 mil millones a 265 mil millones de pesos.
Pero como siempre ha ocurrido, los costos de la ortodoxia fiscal son sus
efectos depresivos: recesión, estancamiento, desempleo, deterioro
social, delincuencial y político.
Salvan
finanzas a costa del desarrollo. Los desastrosos resultados electorales
del partido en el poder hace unos días son, en parte, las consecuencias
de los tres recortes del gasto programable: los 124.3 mil millones de
pesos de enero de 2015; los 97 mil millones en el presupuesto original
de 2016; los 132 mil millones de febrero de 2016. Aun así, ya se anunció
el cuarto ajuste para 2017: 175.1 mil millones de pesos, a ver qué
opina la dolida población.
Marcos Chávez M
Contralínea 492 / del 13 al 18 de Junio 2016