Miguel Badillo - Contralinea¿Quién pide perdón por los casos de tortura que no fueron grabados?
Es reconocida socialmente la labor de las
fuerzas armadas en momentos de desastres naturales, cuando soldados y
marinos arriesgan sus vidas para auxiliar y salvar a la población en
momentos de inundaciones, temblores, erupciones volcánicas y otros
fenómenos que la misma naturaleza cobra para ajustar el daño ocasionado
por la contaminación y la destrucción ambiental. Estas acciones acercan,
sin duda, a los efectivos militares con la sociedad, la cual califica
al Ejército y a la Marina como las instituciones más confiables de todo
el gobierno federal, incluida la misma Presidencia de la República.
Esa intervención de las fuerzas armadas
en el combate al narcotráfico por órdenes presidenciales, en acciones
que por ley corresponden a corporaciones policiales, ha provocado
precisamente un aumento en la violación de los derechos humanos por
parte de efectivos militares, quienes se han visto involucrados en
ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias,
allanamientos y hasta en una amenaza constante para la población.
Uno de los casos que se ha hecho público
recientemente, es la tortura de una joven mujer a principios de 2015 a
manos de miembros del Ejército y de la Policía Federal, cuyo video
circuló en redes sociales y fue reproducido en los medios de
comunicación. Esta víctima, que terminó presa en un penal de alta
seguridad acusada de vínculos con una banda criminal dedicada al
narcotráfico, “confesó su responsabilidad” después de ser asfixiada con
una bolsa de plástico en la cabeza y amenazada con un fusil que le
apuntaba a la frente. Esta violación a los derechos humanos sin duda
pondrá en libertad a esta joven, aunque algunos todavía piensen que es
culpable y que no debería ser liberada.
Esta grave violación al estado de
derecho, cometida precisamente por quienes tienen por encargo vigilar el
cumplimiento de la ley y proteger a la población de abusos y
violaciones a sus derechos ha llevado por primera vez a los titulares
del Ejército Mexicano, general Salvador Cienfuegos, y de la Comisión
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, a reconocer que entre sus
efectivos hay torturadores y violadores de los derechos humanos, algo
que la sociedad ya sabía pero que ellos como autoridad se negaban a
reconocerlo. El mismo general Cienfuegos se ha quejado de las críticas
de organizaciones defensoras de derechos humanos, de asociaciones
civiles, de políticos de oposición, de líderes sociales, de periodistas y
de la población en general que los critica por esas prácticas
autoritarias que rayan en el fascismo.
Por ese video difundido profusamente, el
secretario de la Defensa y el comisionado se vieron obligados a pedir
perdón a la víctima y a ofrecer disculpas a la población por el
comportamiento de sus soldados y policías, pues aseguraron que ningún
efectivo militar o policía ha sido instruido para violentar los derechos
universales. Pero hace falta más que un perdón y una disculpa pública,
las fuerzas armadas y los cuerpos policiales tendrán que recuperar la
confianza de la población, que los observa como organismos opacos de
seguridad nacional y seguridad pública que han sido penetrados por el
crimen organizado; que se han corrompido ante los sobornos del crimen
organizado; que operan sin transparencia los miles de millones de pesos
que reciben del presupuesto público; además de ser los únicos sectores
del gobierno que en plena crisis económica han visto incrementados sus
recursos presupuestales.
Alianza Coparmex-Ejército y Marina
Decíamos líneas arriba de la necesidad
que tienen los miembros de las fuerzas armadas de acercarse más a la
población, de volverse a ganar su confianza ante hechos brutales que han
violentado el Estado de Derecho. Pues bien, el Ejército y la Marina han
decidido la conveniencia de estrechar alianzas con uno de los sectores
más reaccionarios de la sociedad, con la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coprmex), que incorpora a los hombres más ricos del
país.
Los militares no ha hecho alianza con el
ciudadano de a pie, aquel que todos los días se levanta muy temprano
para dirigirse a su trabajo en la fábrica, en el campo, en las oficinas
públicas, en las empresas o en las universidades; ha empezado a
estrechar sus relaciones con los hombres más acaudalados, que
representan uno de los poderes fácticos que hoy en día deciden el rumbo
económico y político de este país.
En una investigación del reportero Zósimo Camacho, publicada en Contralínea
en febrero pasado, se da cuenta de esa alianza firmada por los
secretarios de la Defensa y de Marina, general Salvador Cienfuegos y
almirante Vidal Francisco Soberón, como un “convenio general de
colaboración” con el ala más dura del sector empresarial, la Coparmex.
De acuerdo con los documentos obtenidos
por el reportero, esa confederación empresarial se asume como un
“sindicato patronal” que tiene como objeto “representar y defender los
intereses generales y comunes del empresariado” para promover su
participación en la “construcción del orden social” e “impulsar las
reformas estructurales”. Por si alguien dudaba de la injerencia
empresarial en la toma de decisiones políticas.
Miguel Badillo
