Marcela Turati - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El último informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el
caso Ayotzinapa plantea nuevas interrogantes sobre el papel del Ejército
la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas
fueron desaparecidos, como la presencia de un camión militar en la
colonia donde eran perseguidos los sobrevivientes a los ataques, la
fotografía de una patrulla militar presente en el lugar donde los
estudiantes fueron atacados, la negativa de ayuda a las víctimas que esa
noche acudieron al 27 Batallón de Iguala y las contradicciones entre
los soldados que participaron en el levantamiento de cadáver del
estudiante desollado.
También menciona un informe de inteligencia de la Secretaría de Marina que se refiere a un militar apodado El Satánico, del 27 Batallón, a quien se acusa de vender armas a Guerreros Unidos. Durante las primeras indagaciones de los hechos quedó establecido que los integrantes de ese batallón presenciaron los ataques a los estudiantes, pero no los ayudaron.
“En el mes de junio se produjo la declaración ante la PGR del informe de inteligencia de un marino CGP (clave), donde señala que un elemento del 27 Batallón sería traficante de armas para el grupo Guerreros Unidos. Su declaración no aporta otros datos, pero el GIEI pidió a la PGR que se ampliara su declaración para poder realizar una investigación en profundidad sobre ese hecho”, se lee en el Informe Ayotzinapa II.
Aunque la respuesta que la PGR dio al GIEI fue que no se pudo
localizar a ninguna persona con ese sobrenombre, el grupo señaló que no
se ha realizado ninguna diligencia de investigación sobre ese tema y que
desconoce si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha hecho la
propia.
Cabe recordar que desde hace un año que comenzó la investigación
independiente, gracias a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el grupo de
expertos no obtuvo la autorización de entrevistar a los miembros del 27
Batallón que presenciaron los ataques de los estudiantes que llegaron a
Iguala a tomar autobuses, y que fueron repelidos por policías
municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos, y tampoco a los
elementos que hicieron patrullajes la noche en la que eran
desaparecidos.
En este segundo y último informe, el GIEI menciona los movimientos
del Ejército que pudo documentar la noche del 26 al 27 de septiembre.
“A) Acciones de vigilancia de los normalistas, llevadas a cabo por
agentes de inteligencia vestidos de civil, tanto antes de su llegada a
la ciudad como en el escenario en que se estaban dando los ataques; b)
Visitas al Hospital General de Iguala para registrar los heridos o
muertos producidos por los ataques; c) Salidas de dos patrullas con dos
vehículos cada uno al escenario del crucero de Santa Teresa por una
parte, y al escenario del Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez y
Hospital Cristina por otra; d) Envío de una patrulla en la mañana del
día 27 a la custodia y protección de la escena del Camino del Andariego,
donde apareció el cuerpo de Julio César Mondragón” (en referencia al
estudiante desollado).
En el apartado sobre las actuaciones del Ejército, el GIEI señala dos
datos nuevos que no pudo aclarar por la prohibición para entrevistar a
militares. El primero fue que en la calle Juan N. Álvarez, donde los
estudiantes eran atacados a balazos, había una patrulla militar a las
01:35 horas, según la evidencia fotográfica mostrada por periodistas y
sus testimonios. Esa información fue ocultada o no mencionada en las
declaraciones que hicieron los militares ante la PGR.
“Dicha información (la presencia de la patrulla militar) es
contradictoria con la señalada por la práctica totalidad de los
militares que iban en las dos patrullas que realizaron ese recorrido,
que señalan que al pasar por dicha zona siguieron su camino hacia el
Hospital Cristina. La relevancia de este hecho está sin determinar”, se
lee en el informe.
La otra información recogida por el GIEI es la presencia de un camión
militar en la colonia 24 de Febrero, donde los estudiantes estaban
siendo perseguidos por policías municipales que trabajaban para
Guerreros Unidos, dato que difiere con la información aportada por los
militares.
“Según un testigo que circulaba aproximadamente a la 01:30-02:00
horas tratando de buscar ayuda médica por una pista de terracería en la
colonia 24 de Febrero, con el objetivo de salir, a través de dicho
camino, a la carretera Iguala-Chilpancingo librando el lugar conocido
como El Tomatal, donde estaba situado el retén de la policía municipal,
adelantó por dicha pista un camión militar, donde refiere que había unos
8-10 efectivos en la parte de atrás. La existencia y el recorrido de
dicho vehículo militar no ha sido señalada en ninguna de las
declaraciones del personal del 27 Batallón”.
El testigo que aportó ese dato es un familiar de uno de los
futbolistas del equipo de Los Avispones, atacados esa misma noche, quien
declaró: “Mi tirada era encontrar una calle que saliera acá para librar
el retén de la entrada. Lo que hice fue subirme al cerro, ahí por donde
está la trituradora, por el rumbo del asta bandera, por la trituradora.
Ahí yo vi al Ejército, como a las 2 am, en sus camiones, ya con armas,
lo único que pensé fue ‘ya que pasó la tempestad ya salen estos amigos’.
Pero yo no tenía idea de lo que estaba pasando. La trituradora es por
el rumbo del asta bandera. Es la colonia 24 de Febrero, por Periférico
Poniente. Más o menos por ese rumbo, ya en la salida a Chilpancingo. Ahí
fue donde vi un camión con unos 8-10 elementos armados atrás pero hasta
ahí, de esos con lonas, de los grandes, no Hummer, sino grande. Ellos
iban adelante de mí y yo los rebasé”.
El GIEI menciona en su informe que justo a esa colonia había huido el
grupo de normalistas que viajaban en el quinto autobús Estrella Roja
que, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos cerca de la zona del
Palacio de Justicia, “eran perseguidos por patrullas de policía y
atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por
unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia”.
“También en dicha colonia se refugiaron los ocupantes de uno de los
vehículos que fue a pedir ayuda al 27 Batallón, y que relataron que cómo
no tuvieron apoyo de los soldados, se retiraron a casa de unos
familiares, también en dicha colonia”, señala.
Como la presencia del camión militar en esa colonia no está
registrada en ninguna declaración ni reporte hasta ahora y tampoco el
vehículo militar (“identificado por el testigo como un ‘camión grande’
con unos 8-10 efectivos, y no una patrulla”), el GIEI señala que los
hechos deben ser esclarecidos y el testigo que lo vio debe ser
protegido.
El informe menciona que los testimonios de los militares que
encontraron el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón también
presentan contradicciones en la hora del hallazgo (de tres horas de
diferencia: entre 9 y 12 del día), y tampoco coinciden con la bitácora
levantada por el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de
Guerrero.
Sobre las declaraciones de los militares entrevistados por la PGR, se
detectó que durante su tercera declaración mencionaron algo a lo que no
se habían referido antes, su presencia en la barandilla de la policía
municipal de Iguala a donde, ahora se sabe, fue llevado un grupo de
normalistas que luego fue desaparecido.
“(Fueron a la) comandancia no a conocer la situación de los
normalistas detenidos, sino a preguntar por una moto que habría sido
dejada abandonada en el escenario del Palacio de Justicia por el militar
de inteligencia, debido a que tenía miedo de los policías municipales
por su actitud agresiva. Según esto, el motivo y el contenido de la
visita a la comandancia de barandilla después de haber pasado por el
escenario del Palacio de Justicia, no estaría relacionado con la
detención de los normalistas, sino con la desaparición de dicha moto.
Sin embargo, en las declaraciones previas realizadas en diciembre de
2014 no se encuentra ninguna referencia a la desaparición de dicha moto,
ni que el agente de inteligencia la hubiera dejado abandonada en el
escenario del Palacio de Justicia”, hace notar el informe.
Otro momento que consigna el reporte elaborado por los expertos
menciona las diferencias en las versiones de los militares que acudieron
al Hospital Cristina, donde un grupo de 25 estudiantes estaban
escondidos, entre ellos uno que tenía un disparo en la boca, y la de los
estudiantes.
“Mientras los militares señalan que el trato fue digno y respetando
sus derechos en todo momento, los relatos de los normalistas y el
maestro señalan todo lo contrario. Los normalistas dicen que fueron
regañados, que los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner sus
pertenencias en una mesa, que se les apuntó con armas y que pidieron los
nombres, ‘den el nombre real, si no, no los van a encontrar’”, asienta.
La información que pidió el grupo de expertos y que nunca pudo obtener fue la siguiente:
- Entrevistas con el personal del 27 Batallón activos la noche del 26/27 de septiembre de 2014
- Las bitácoras o registros de acciones llevadas a cabo en esa noche.
- Fotografías y videos registrados u obtenidos esa noche por miembros del 27 Batallón.
- Reportes escritos y grabaciones que se tengan del C-4.
- Reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones, Reglamento General de Partidas Militares y el Manual de Procesos de Campaña.
- Los convenios entre las diversas policías municipales, federales y Ejército respecto del sistema de seguridad.
- Informes de los GISES (Grupo de información de zona) y GAFES (Grupo de tropas especiales) del Batallón 27, respecto de los hechos.
