Érika Ramírez - Contralinea
La Cruzada Nacional contra el Hambre
falló. El principal programa para combatir la pobreza extrema carece de
una estrategia definida y su operación es opaca, incumple sus metas y
convierte a los pobres en un botín político
En Cochoapa el Grande, Guerrero, habita
la población más pobre del país. Es un territorio de 622 kilómetros
cuadrados, entre montañas agrestes, caminos inhabilitados y cosechas mal
logradas, en donde subsisten alrededor de 15 mil 500 personas de los 7
millones de mexicanos que oficialmente no tienen acceso a la
alimentación en México.
Hombres, mujeres, niños y ancianos que
tampoco tienen acceso a la salud, uno de los cinco satisfactores
indispensables para el bienestar del ser humano. En este municipio, la
educación también parece inalcanzable. Sólo parte de esa población logra
salir de esa pobreza extrema cuando emigra en busca de trabajo en otras
tierras. Abandona su hogar y viaja en camiones de redilas a zonas
agrícolas del norte del país, en donde son contratados bajo condiciones
infrahumanas pero que les asegura alimentación y vivienda. Así,
descalzos y semidesnudos, desnutridos y enfermos crónicos de hambre,
realizan labores en los campos productivos.
Cochoapa
el Grande es la muestra fiel del fracaso de las políticas públicas del
gobierno federal en contra de la pobreza, en donde los números
evidencian la negligencia oficial, al sumar 7 millones de personas en
condición de miseria extrema, lo quioscos a México en condiciones
similares a lo que ocurre en la región de África Subsahariana.
Las historias no mienten. Contralínea ha
documentado en el transcurrir de los sexenios el abandono oficial de
estas tierras y de cómo el gobierno los utiliza para afiliarlos a
padrones alimentarios y de apoyo al campo o al Seguro Popular, sin que
en realidad esa población reciba benefició alguno. Sus nombres sólo son
utilizados para engrosar las listas electorales que le permitan al
partido en el poder ganar votos y elecciones. Es la fiesta de la
democracia que también se aprovecha de la pobreza extrema (Morir en la
Miseria, editorial Océano).
Durante el gobierno de Vicente Fox, les
prometieron estufas Lorena, pero en muchos de los municipios ese valioso
utensilio de cocina nunca llegó. También les ofrecieron construir
escuelas pero nunca llegaron los maestros ni el cemento ni los ladrillos
para construirlas. Los afiliaron al Seguro Popular, sin embargo nunca
han visto una unidad médica y mucho menos un doctor ni medicinas que les
permita atender sus múltiples enfermedades. Sólo una burla
institucional.
Las cifras oficiales en los últimos años
son ofensivas. La pobreza incrementa en millones de personas en cada
conteo institucional; con distintos métodos de medición y estrategias,
no pueden ocultar que la mitad de la población, 60 millones de
mexicanos, está anulada de las líneas de bienestar; otros 20 millones
padecen algún tipo de carencia. Apenas unos 20 millones de mexicanos
tienen acceso a todos los satisfactores sociales. Esto contrasta con los
mexicanos que aparecen en la lista de los más ricos del mundo, como
Carlos Slim, dueño del grupo Carso y de Telmex, o el empresario minero
Germán Larrea Mota Velasco, quien ha explotado los recursos naturales
del territorio nacional.
Las historias que se cuentan son
desgarradoras y desoladoras en Coicoyán de las Flores, en Oaxaca; en
Chalchihuitán, Chiapas o Mitontic, Veracruz. También en Batopilas,
Chihuahua, en el corazón de la Sierra Tarahumara, en donde hombres,
mujeres y niños rarámuris subsisten en cavernas formadas por la cadena
montañosa del norte del país.
Sedesol falló en erradicar el hambre: ASF
Irregularidades e inconsistencias en la
operación del principal programa de combate a la pobreza, ha ocasionado
la falta de acceso a la alimentación en México, lo que confirma el
fracaso de las políticas públicas que sólo son utilizadas para
coaccionar el voto.
Araceli Damián, secretaria de la
Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, comenta que
desde que inició la Cruzada Nacional contra el Hambre era previsible que
no fuera eficaz. El fracaso de esta política pública corresponde, dice,
a que el gobierno federal continúa con esta estrategia de beneficios
focalizados, pero es muy difícil llegar a los que menos tienen; además,
porque no se generan las actividades económicas necesarias para permitir
que las personas salgan de la pobreza.
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF), el máximo órgano de fiscalización del país, ha encontrado
deficiencias en la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, acentuadas en la focalización y coordinación de acciones que “no
permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la
alimentación y a los demás derechos sociales de los 7 millones de
personas en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se
contribuyó en la erradicación de la prevalencia del número de personas
en esa condición”.
Y es que las cifras oficiales mencionan
que en el país hay 55.3 millones de personas en condición de pobreza,
que representan el 46.2 por ciento de la población de todo el país.
De este porcentaje, 7 millones de
personas no tienen garantía de acceso a la alimentación ni a algún
bienestar mínimo, como podría ser la canasta alimentaria, es decir, a
poder cubrir los 28.45 pesos diarios en el medio rural (853.60 pesos
mensuales) y los 40.84 pesos en zonas urbanas (1 mil 225.16 pesos
mensuales).
En el Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, el máximo órgano de
fiscalización del país detalla que la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) “no acreditó el cumplimiento del objetivo de la estrategia de
abatir el hambre, y de los siete indicadores que definió la dependencia
en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las
carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, no
definió metas, ni acreditó sus resultados. Asimismo, la Sedesol no
reportó el avance en el cumplimiento del indicador ‘Disminuir a un valor
igual a cero los 7 millones de mexicanos en situación de pobreza
extrema de alimentación para 2018’, sin que acreditara las causas”.
El desglose de fallos
La ASF, a cargo de Juan Manuel Portal
Martínez, indica que de los 11.4 millones de personas en miseria
extrema, el 61.4 por ciento (7 millones) se encontró en condición de
pobreza extrema alimentaria.
Expone que en 2014, se instrumentó el
Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode) para identificar de
manera puntual a los hogares y sus integrantes que presentan una
condición específica y en éste se registró a 5 millones 280 mil 100
personas; de los que el 79.8 por ciento (4 millones 211 mil 100)
pertenecía a municipios de atención de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, lo cual confirma el fracaso y la negligencia del principal
programa del gobierno de Enrique Peña Nieto para reducir la pobreza
extrema.
“Las
deficiencias en la focalización se reflejaron en una incorrecta
coordinación de acciones de los programas que participaron en la
Cruzada, ya que aun cuando la Comisión Intersecretarial de la Cruzada
Nacional contra el Hambre informó que implementó 64 programas
presupuestarios, se identificó que sólo 55 (85.9 por ciento)
implementaron acciones, sin que se acreditaran las causas por las que en
los otros 9 programas no las implementaron”, dice la ASF.
La observación de la ASF, dice Damián
González –también experta en el tema de pobreza por sus línea de
investigación desarrollada en El Colegio de México–, esta circunscrita a
la lógica de focalización de la estrategia y no va más allá de lo que
realmente se necesita hacer, “un padrón de beneficiarios es insuficiente
en términos de lo que se requiere, la idea es sólo para poder verificar
si realmente los que están recibiendo el beneficio cumplen con el
perfil que el programa establece”.
Mediante los 55 programas se
instrumentaron 79 acciones, pero en cuatro de ellas “no se establecieron
metas, y en las 75 en que sí se incluyeron se definieron en términos
absolutos y carecieron de un referente, lo que no permite determinar la
suficiencia de las acciones para atender la problemática que se pretende
resolver; además, la información de las 79 acciones implementadas por
los programas no permite asegurar que se dirigieron únicamente a la
población objetivo de la Cruzada, ya que sólo se cuantifica el total de
la población atendida por acción, sin precisar su condición de pobreza
extrema alimentaria, por lo que no es posible determinar la
imputabilidad de la estrategia en la solución del problema que pretende
resolver”, determina el máximo órgano de fiscalización del país.
Advertencia “intermedia” del Coneval
Advertencia “intermedia” del Coneval
Los Resultados Intermedios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, informe elaborado por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), determinan
puntos en los que también hay debilidades de la estrategia
gubernamental.
Se explica que si bien es cierto que en
los comités comunitarios se establecen las necesidades prioritarias de
la comunidad, “la entrega de apoyos está basada en la oferta disponible
de los programas, y no en la demanda identificada a través de los
propios comités comunitarios y los diagnósticos elaborados por los
promotores”.
El Coneval también apunta que la Sedesol
debe vincular dicha estrategia con otras relacionadas con los aspectos
económicos, a fin de reducir de manera sostenida la pobreza. “La Cruzada
está modificando las dinámicas y rutinas de las dependencias de
gobierno en sus tres órdenes. Sin embargo, el efecto es diferenciado y
heterogéneo entre entidades federativas”, anota la evaluación de
resultados intermedios.
La política de lucha contra la pobreza
supone entonces que los hogares van a poder tener asegurada la
alimentación, cuando en realidad no se genera alguna dinámica económica
para que haya empleo o para que la población logre su independencia de
la ayuda gubernamental, dice en entrevista Damián González.
Advierte la legisladora por el partido
Movimiento de Regeneración Nacional que el diseño del programa permite
que haya un manejo político con los beneficiarios, “finalmente se
encuentran en un proceso donde hay cierta discrecionalidad para elegir a
cierta población y a otra no, eso hace que en lugar de que las personas
se vuelvan sujetos activos, se vuelven clientes de los manipuladores
políticos, se vuelven presa y se pueden utilizar para ganar las
elecciones”.
