MÉXICO, DF (Proceso).- La corrupción no es un problema exclusivo de
México, pero la impunidad sí. La corrupción que la impunidad alimenta,
día tras día, estado tras estado, Secretaría tras Secretaría, empresa
tras empresa. Con costos crecientes, dañinos, paralizantes. Es el
principal obstáculo para la competitividad del país. Lleva a que quienes
gobiernan gasten más dinero en proyectos de construcción y carreteras,
los más opacos y los más
propensos al cochupo. Lleva al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla, incluyendo las procuradurías y los tribunales. Lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad sino extracción de rentas. Distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia y la disposición empresarial a asumir riesgos, ya que importa más a quién conoces que cuán talentoso eres. La corrupción ha convertido a México en un país de cloacas.
propensos al cochupo. Lleva al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla, incluyendo las procuradurías y los tribunales. Lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad sino extracción de rentas. Distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia y la disposición empresarial a asumir riesgos, ya que importa más a quién conoces que cuán talentoso eres. La corrupción ha convertido a México en un país de cloacas.
Como argumenta el estudio La Corrupción en
México: Transamos y no avanzamos, del Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), la transa es el enemigo público número uno, el
mayor lastre para el despegue económico de nuestro país. Por
omnipresente. Por los costos que acarrea. Porque se da a todos los
niveles, en múltiples ámbitos, a la luz del día y en lo oscurito.
Apreciada, internalizada, socializada e incluso premiada. Permitida
tanto por los ciudadanos como por las instituciones que los gobiernan. Y
no se da tan sólo en el sector público y por eso hay que definirla no
sólo como el uso y abuso del cargo público para provecho personal, sino
también como cualquier acto individual que busca una recompensa ilegal.
Se necesitan dos para crear corrupción: el que ofrece y el que acepta,
el oferente y el demandante. El funcionario o el empresario o el
ciudadano.
Hoy, gracias a las cloacas destapadas de la Casa Blanca y la
casa de Malinalco y la casa de Ixtapan de la Sal y OHL y tantos casos
más, el combate a la corrupción está en la agenda. Pero apenas
comenzamos y falta un largo trecho de renovación institucional y cambio
cultural para dejar de ser el país que somos. Lejos de Estados Unidos
donde, según la revista Public Administration Review, entre 1976 y 2008
más de tres funcionarios al día fueron sentenciados por delitos de
corrupción como compra de voto, aceptación de regalos sin reportarlos, o
conflictos de interés. Lejos de Brasil, donde el escándalo de Petrobras
ha generado más de 25 sentencias a funcionarios por usar su cargo
público para obtener un beneficio privado. Lejos de España, donde hay
mil 700 causas abiertas por corrupción y más de 500 indiciados. Lejos de
Guatemala, donde un presidente acaba de caer por corrupto.
Desde
Alabama hasta Sao Paulo. Desde Madrid hasta Illinois. Desde el gabinete
presidencial en Brasilia hasta la familia real española. La diferencia
con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los
tribunales. Aquí se premia en lugar de castigar. Aquí se asegura la
longevidad política en lugar del exilio político. Basta con ver a Arturo
Escobar del Partido Verde, ahora subsecretario de Prevención del
Delito. O a Fidel Herrera, ahora cónsul en Barcelona. O al Niño Verde
impune. O a Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, viajando con el
presidente. Una larga lista de investigaciones y sanciones pendientes.
México ha creado un sistema de incentivos que perpetúa en pacto de
impunidad.
Afortunadamente la corrupción ha dejado de ser un
fenómeno ignorado. Ya se habla de ella en foros y textos y estudios y en
la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se habla de
lo que necesitarían hacer las autoridades y los ciudadanos y los
procuradores. Ya hay cifras que revelan la profundidad del problema: 63%
de los empresarios encuestados por el Imco está de acuerdo en que la
corrupción es parte de la cultura de hacer negocios en México. De 72
escándalos de corrupción de los cuales fueron objeto 41 gobernadores
mexicanos, sólo 16 fueron investigados. Para las otras 56 acusaciones
mediáticas, las autoridades ni siquiera iniciaron una investigación al
respecto. De las 16 investigaciones sólo cuatro resultaron en la
consignación del gobernador acusado. Mientras que en Estados Unidos
tiene una efectividad del 100% al perseguir casos de corrupción, en
México sólo se ha investigado el 22% de los casos y tan sólo 5% ciento
resultó en una consignación del presunto responsable. Por ello siguen
allí Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Humberto Moreira, a
quienes el gobierno no ha tocado ni con el pétalo de una investigación.
El gobierno federal gasta más en comunicar los “logros” de la PGR que en
equipar al órgano responsable de combatir la corrupción.
Ahora
las esperanzas están centradas en el nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción. Pero no funcionará sin fiscales e investigadores
independientes. Sin castigos serios que tengan un efecto disuasivo. Sin
la sanción social a los corruptos que en lugar de sufrir el ostracismo
son invitados a foros y a fiestas. Sin una disrupción en el modelo de
negocio del ejercicio del poder. Sin un SAT que en lugar de ocultar
información y ofrecer condonaciones fiscales encauce investigaciones por
defraudación fiscal –sobre todo entre grandes empresas– y lavado de
dinero en contra de funcionarios corruptos y sus cómplices. Sin partidos
políticos que estén dispuestos a dejar atrás el mandamiento de “tapaos
los unos a los otros”. Sin medios capaces de escrutar al poder en lugar
de volverse sus amanuenses. Sin una cultura de la denuncia ciudadana que
genere respuestas institucionales en vez de represalias, inacción o
silencio.
Para así reducir los alicientes y aumentar los riesgos
de los corruptos. Para así encarar y definir y sancionar con claridad
qué es un acto corrupto según estándares internacionales. El soborno. La
malversación de fondos. El tráfico de influencias. El conflicto de
interés. El abuso de funciones. El enriquecimiento ilícito. La
obstrucción de la justicia. La colusión. La extorsión. La utilización de
información falsa. El nepotismo, el clientelismo y el favoritismo.
Conductas cotidianas, habituales, normales dentro de un sistema en el
cual porque transamos y no avanzamos. Conductas que habrá que cambiar
para que casos como la Casa Blanca produzcan sanciones severas y no
exoneraciones inverosímiles.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
