MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, los ministros de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron hoy
el amparo a comunidades mayas de la península de Yucatán contra el
otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica en la región, ya
que éstos fueron entregados sin respetar el derecho a la consulta
libre, previa e informada de los habitantes.
Según el abogado Jorge Fernández, quien integra la organización Indignación y da seguimiento jurídico al caso, con esta decisión los ministros “dejan sin efecto los permisos y obligan a que se consulten las comunidades indígenas”. Ahora, añadió, “viene el tema de la implementación de la consulta, que es muy extensa, abarca todo el estado de Yucatán y ocho municipios de Campeche”.
El litigante indicó que los ministros
emitieron su decisión durante una sesión pública, pero no dieron a
conocer sus argumentos ni los elementos de la discusión previa a la
votación.
“No tenemos la argumentación (que usaron) para conceder
el amparo. Hasta tenerlo no tenemos la certeza de lo que dijeron.
Aparentemente no se metieron en el argumento del derecho al medio
ambiente sano porque no se mencionó en la discusión”, estimó Fernández.
De todas formas, para la defensa, el fallo de la máxima instancia
jurídica del país representa una gran victoria, ya que en una sola tarde
la SCJN resolvió a favor de las comunidades mayas los siete recursos de
apelación que interpusieron, tanto el gigante de las biotecnologías
Monsanto como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Ministerio Público Federal el año
pasado.
Desde hace tres años, pobladores de la península y de
ocho municipios de Campeche intentaron suspender el otorgamiento de
permisos de siembra de soya transgénica en su región, con el argumento
de que nunca fueron consultados pese a afectar territorios sobre los
cuales tienen derechos constitucionales.
Los mayas aseveran que
esta actividad genera afectaciones ambientales en su región, en
particular sobre la contaminación del agua y la deforestación; pero
sobre todo, porque la cercanía de la soya transgénica vulnera su
principal fuente de ingresos: la apicultura.
De acuerdo con los
habitantes, el uso de grandes cantidades de pesticidas erradica a las
abejas y reduce la producción de miel, mientras que la presencia de
elementos transgénicos en la miel cerraría las puertas del mercado
europeo a los productores.
En tres ocasiones, la justicia otorgó
amparos a favor de las comunidades mayas y reconoció que el otorgamiento
de permisos violó su derecho a la consulta.
Monsanto y la
Sagarpa –a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica)– apelaron los tres amparos; el Ministerio
Público Federal uno.
Al considerar que los siete recursos de
revisión que debía analizar eran equivalentes, la SCJN los “aglutinó” en
una sola decisión que rindió hoy.
“Estamos contentos de que las
comunidades mayas de la península le ganen a una empresa transnacional
de la biotecnología que cuenta el apoyo del gobierno, es una gran
victoria”, exclamó Fernández.
El abogado subrayó que si bien la
SCJN ya trató el tema de la consulta, los precedentes deberían “ir más
allá, que se pudiera asociar la consulta con los derechos de autonomía y
de autodeterminación de los pueblos indígenas y no entenderla como un
simple procedimiento”.
Ayer, en el marco de otro proceso judicial
que involucra a Monsanto, el Segundo Tribunal Unitario en materias
Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la suspensión
temporal de la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico en el
país hasta que rinda su decisión sobre un procedimiento de apelación.
El pasado 19 de agosto, el juez Francisco Peñaloza Heras suspendió la
medida precautoria que impide a las empresas de biotecnologías
comercializar sus semillas de maíz transgénico desde septiembre de 2013.
Las organizaciones reunidas en la Demanda Colectiva AC impugnaron de
inmediato la decisión.
Si bien la medida precautoria sigue en
peligro –pues desaparecerá si el juez no da razón a la Demanda Colectiva
AC en el recurso de apelación–, Jorge Fernández estimó que “son dos
resoluciones muy importantes, la de ayer y de hoy, porque demuestran que
las comunidades están en pie de lucha y dicen no a los transgénicos”.
Hasta la noche de este miércoles, la industria de las biotecnologías
–representada por el grupo de cabildeo AgroBIO– se mantuvo en silencio
respecto a las decisiones de la justicia.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
