MÉXICO, D.F. (apro).- Un joven, detenido el 2 de octubre de 2013,
acaba de ser sentenciado a 8 años, 10 meses y 14 días de prisión, por
provocar disturbios en la marcha conmemorativa de la matanza de
Tlatelolco y vandalizar comercios y confrontar a la policía.
Se
llama Andrés Pérez Rosales, pero su nombre jamás apareció como uno de
los “presos políticos” encarcelados ese día, cuando decenas de jóvenes
fueron detenidos, algunos sujetos a proceso penal sin libertad posible,
hasta que la fabricación de pruebas y los vicios en que incurrió el
sistema de justicia capitalino, terminaron evidenciados por la justicia
federal.
No hubo organización, colectivo, escuela ni grupo de abogados
que hablara por él. Tan es así que hasta ahora los listados de “presos
políticos” detenidos en marchas, sólo mencionan por los de esa fecha a
Abraham Cortés, un artesano oaxaqueño al que se le imputa haber
incendiado a un granadero durante aquella jornada. Aunque los abogados
del joven, hoy de 24 años, presentaron videos exculpatorios en su favor,
enfrenta una sentencia de 13 años y cuatro meses en el Reclusorio
Norte.
De Andrés Pérez Rosales, sólo es posible identificar en
los archivos periodísticos que fue uno de los detenidos aquella tarde y
que, la mañana del pasado lunes 28, fue sentenciado por los delitos de
robo agravado calificado en pandilla, ataques a la paz pública y
ultrajes a la autoridad. El parte oficial establece que en su mochila
llevaba una cadena, cajetillas de cigarros y cohetes, entre otros
objetos.
La tarde del 2 de octubre de 2013, un domicilio cobró
notoriedad: Reforma 93. Ahí fueron encapsulados decenas de jóvenes,
entre ellos los que por selección de aspecto y edad, enfrentaron cargos
penales y fueron a parar a la cárcel. Las sentencias y los cargos se
desvanecieron en los meses siguientes, debido a que las propias cámaras
de vigilancia de la ciudad, evidenciaron que eran inocentes.
En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, emitió una recomendación precisamente por la forma en que
procedieron policías, fiscales y jueces con los detenidos de esa fecha.
Tras el encapsulamiento de Reforma 93, cuando los detenidos eran
llevados a la caja de una patrulla, el defensor de derechos humanos,
Gerardo Espino, captó en video la operación. Los jóvenes, conducidos por
policías, dieron a la cámara de Espino, su nombre, su procedencia y en
algunos casos hasta una proclama política. Menos uno.
Era un
joven moreno, de cabello largo, playera roja sin mangas que dijo
llamarse Andrés Pérez Rosales, vendedor ambulante y con una sonrisa se
dirige a los policías:
–¿No le va a pasar nada mi mochila?
–¿Qué traes en tu mochila, ¿cigarros? –
–Cigarros y dulces –responde.
Al ver la cámara de Gerardo Espino, Andrés Pérez se puso a explicar
–buscando su credencial de vendedor ambulante– que compraba su mercancía
en La Merced y que lo habían detenido injustamente.
