La Redacción - Contralinea
Los padres de los 43 alumnos de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero,
desaparecidos en Iguala, viven una pesadilla que ha durado ya 1 año.
Campesinos pobres todos, habían enviado a sus hijos a estudiar en la
única institución a la que podrían haber ingresado. Los jóvenes se
formaban como maestros rurales bajo los ejes temáticos que hacen de los
egresados de estas normales profesores integrales: académico-pedagógico;
agropecuario; cultural; deportivo, y político.
Pero en su incansable búsqueda por traer a
sus hijos de regreso con vida, los padres han tenido que lidiar no sólo
con las delincuencias que se los arrebataron. También con quienes
deberían traer de regreso a sus hijos y castigar a los culpables: las
autoridades de los tres niveles de gobierno.
Y es que toda la investigación llevada a
cabo por el gobierno federal parece estar encaminada no a encontrar a
los muchachos y castigar a los culpables, sino a encubrirlos.
Desde que la Procuraduría General de la
República (PGR) presentó su versión de los hechos (a la que llamó
“verdad histórica”), organizaciones sociales, defensores de derechos
humanos y la sociedad en general cuestionaron, por inverosímil, tal
relato. Primero fue el Grupo de Científicos Comprometidos con la
Sociedad el que descalificó, con argumentos basados en la ciencia, que
los alumnos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de
Cocula.
Luego el Equipo Argentino de Antropología
Forense rechazó esta versión de la PGR y se deslindó del hallazgo de
restos humanos que han resultado ser de dos normalistas. Los
prestigiados peritos argentinos dejaron en claro que ellos no estuvieron
presentes cuando los mexicanos “encontraron” tales restos.
Sólo el poder, en su soliloquio, pretendía hacer valer su versión.
Y hace unas semanas el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha echado abajo, otra vez y, al
parecer, de manera definitiva, la versión presentada por la PGR. Los estertores
de la “verdad histórica” se traducen en exabruptos de algunos
columnistas al servicio del poder que no pueden ya apuntalar la versión
de la Procuraduría pero se dedican a denostar el trabajo de los
científicos.
Si algo ha quedado claro es que, en todo
este tiempo, las autoridades mexicanas no han buscado resolver el caso
sino encubrir a quienes lo cometieron. Es momento de que el Ejército
Mexicano rinda cuentas, abra sus cuarteles y responda a las fundadas
interrogantes sobre su participación en los hechos. Y es momento de que
las autoridades informen dónde obtuvieron los restos de los dos
normalistas identificados, toda vez que ya no pueden decir que los
alumnos fueron incinerados en el basurero de Cocula.
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 455 / del 21 al 27 de Septiembre 2015