Francisco López Bárcenas - Opinión
La lucha de los pueblos
indígenas de México contra el despojo y por la seguridad está teniendo
una respuesta gubernamental tan agresiva que varios observadores piensan
que se trata de una nueva guerra de exterminio contra ellos. Muchos
sucesos se articulan para darle razón a quienes así piensan. Uno muy
importante es que, igual que sucedía a mediados del siglo XIX, cuando se
intentó su exterminio para que los hacendados y las empresas
deslindadoras pudieran apoderarse de sus tierras y recursos naturales,
ahora también existe una política institucional que busca despojarlos de
sus territorios para entregarlos a empresas trasnacionales o para
construir obra pública que después se les concesiona para que la
usufructúen; otro, derivado del anterior, es que cuando los pueblos se
organizan para resistir el despojo se les avasalla usando todo el poder
jurídico y policiaco del Estado, pasando por encima de cualquier derecho
que ellos pudieran invocar y forzándolos a moverse fuera de la
legalidad, donde el Estado puede justificar la agresión contra ellos.
Un caso reciente es el de San Francisco Xochicuatla, pueblo hñahñu
ubicado en el municipio de Lerma, estado de México. Sus habitantes,
igual que los de pueblos aledaños, se oponen a que la empresa Autopistas
de Vanguardia (Autovan), subsidiaria de Constructora Teya, filial de
Grupo Higa, construya la autopista Toluca-Naucalpan, porque destruiría
el bosque que tan celosamente han cuidado por años, y con ello la ruta
ancestral que año con año les permite subir hacia el cerro de la Campana
donde, según su cosmovisión, se originó la vida. Con la construcción de
la autopista, los hñahñu ya no podrían cruzar hacia el cerro de la
Campana. En su defensa han recurrido a la denuncia de la agresión, la
movilización para detener las obras y a los tribunales para hacer valer
sus derechos. Y como la razón les asiste, los tribunales les han dado la
razón.En lugar de respetar los fallos judiciales, el Presidente de la República ha optado por la expropiación para despojar al pueblo hñahñu y entregar su patrimonio a la empresa que tiene en propiedad la casa de su esposa. Y para lograr su propósito, antes de la publicación de los decretos de expropiación ordenó que la policía ocupara los predios afectados, para evitar que los habitantes impidieran la entrada de la maquinaria que iba a iniciar las obras. No lo logró porque los pueblos respondieron instalando un campamento en el lugar donde planeaban realizar los trabajos. Los habitantes de Xochicuautla han dicho que su movilización es para seguir siendo pueblo, ejercer su autonomía, preservar la integridad de su territorio y exigir que la obra sea consultada antes de que se inicie, para que el pueblo determine si la quiere y, en su caso, en qué condiciones debe realizarse.
Más grave es la decisión del gobierno de intervenir
militarmente en la comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en las
costas de Michoacán, con el fin de detener a Cemeí Verdía Zepeda,
primer comandante de la Policía Comunitaria de esa comunidad y
coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila,
Coahuayana y Chinicuila, cuyo objetivo es brindar seguridad a sus
habitantes frente a la violencia del crimen organizado. Según testimonio
de los representantes de la comunidad, los militares entraron
disparando contra la población para que se alejara y no obstruyera su
misión, lo que dio como resultado un niño muerto y otras cuatro personas
heridas, entre ellas una niña. La acción es reprobable también porque
violó los acuerdos de los comunitarios tenían con el gobierno del
estado, entre ellos la entrega de armas, de cuya posesión se acusa al
comandante comunitario detenido, así como de la aprobación de plazas de
la Fuerza Rural para el municipio de Aquila, al que pertenece la
comunidad agredida.
Desafortunadamente, no son los únicos casos, pues como estos existen muchos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Puede ser que nombrar nueva guerra contra los pueblos indígenas a este tipo de actos represivos suene exagerado para algunos oídos. Lo que no se puede negar es que estamos ante un patrón sistemático de violación a los derechos de los pueblos indígenas, en el sentido que lo ha caracterizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una pluralidad de actos con un mismo fin y una conducta repetida en el tiempo. Las consecuencias de esta situación pueden ser lamentables si no se corrigen desde ahora. Es probable que este tipo de acciones oficiales logre sus propósitos inmediatos de someter a los insumisos; pero en el largo plazo, está incubando un descontento y una irritación social cuyos resultados nadie puede predecir. Por eso más valdría corregir el rumbo. Ahora que aún hay tiempo. Después puede ser demasiado tarde.
Fuente: La Jornada - Opinión
Desafortunadamente, no son los únicos casos, pues como estos existen muchos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Puede ser que nombrar nueva guerra contra los pueblos indígenas a este tipo de actos represivos suene exagerado para algunos oídos. Lo que no se puede negar es que estamos ante un patrón sistemático de violación a los derechos de los pueblos indígenas, en el sentido que lo ha caracterizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una pluralidad de actos con un mismo fin y una conducta repetida en el tiempo. Las consecuencias de esta situación pueden ser lamentables si no se corrigen desde ahora. Es probable que este tipo de acciones oficiales logre sus propósitos inmediatos de someter a los insumisos; pero en el largo plazo, está incubando un descontento y una irritación social cuyos resultados nadie puede predecir. Por eso más valdría corregir el rumbo. Ahora que aún hay tiempo. Después puede ser demasiado tarde.
Fuente: La Jornada - Opinión