Julio Hernandez López - Astillero
Enrique Peña Nieto
busca aplastar al sindicalismo magisterial mayoritario de Oaxaca, a la
resistencia nacional contra la mal llamada reforma educativa y, de paso,
enviar un mensaje amedrentador a las diversas formas de oposición a su
política y gobierno que se multiplican a lo largo del país. Es el
segundo golpe de la era posterior a la fuga de El Chapo (ACh y
DCh, para diferenciar las dos etapas del jurásico atlacomulquense), pues
el primero se dio en Santa María Ostula, Michoacán, donde militares
dispararon contra pobladores y casas, con saldo de un niño muerto y
varias personas heridas.
Acometida federal preparada alevosamente, con miles de soldados y policías federales llevados a la entidad bajo el pretexto de vigilar el pacífico desarrollo de la Guelaguetza y con el blandengue gobernador Gabino Cué instalando el pretexto para la intervención peñista al decir el jueves anterior, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (a casi cinco años de estar en el poder estatal, sin que antes hubiera hecho tal tipo de confesiones), que él no puede con la sección 22 de la CNTE y que para meter a ésta
al ordense necesitaba una fuerza que él no tenía (pero que gustosamente ya le estaba enviando Los Pinos: el lunes, en esta columna, se habló de
¿El fin de la tolerancia?y la
PF en la GuerraGuetza, con la mención de que sobre la mesa de las decisiones federales estaba el caso Oaxaca, con la viabilidad de
apretar el puño contra la sección 22 magisterialy la posibilidad de promover
aprehensión de líderes, modificaciones reglamentarias con dedicatoria y retoma administrativa del profesorado, http://bit.ly/1KiYbrf ).
Mano dura, que fue pedida y ahora es festejada por segmentos
empresariales y derechistas que cierran los ojos a la película completa
de la catástrofe del sexenio en turno (su corrupción e ineptitud) para
centrarse con voces de escándalo en los detalles de una fuerza
magisterial (con luces y sombras) que ha constituido la oposición más
vigorosa al reformismo nefasto de una administración federal que busca
privatizar cuanto le es posible (entre ello, la educación pública) y que
ha arrojado al país a un torbellino de incertidumbre, estancamiento e
irritación.
Alega Peña Nieto que con la toma y rediseño del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca se recuperará la rectoría del Estado en
materia educativa. En realidad, el objetivo es recuperar el control
administrativo, político y electoral del gremio magisterial, luego del
primer latigazo, dado a Elba Esther Gordillo por pleitos facciosos, que
no justicieros ni de nobles propósitos. Destitución y cárcel a la
chiapaneca cómplice que quiso formar su propia banda (el Panal) y que
encarecía de manera chantajista los arreglos con el supremo poder
corrupto del que en esencia formaba parte. Ahora el Panal es el último
vagón del tren de las alianzas electorales y legislativas que
confecciona con absoluta ventaja el PRI. Y el SNTE entró en la peor de
sus etapas de grisura y domesticación, con un amenazado
dirigente, Juan Díaz, vergonzosamente difuminado.
La apuesta peñista por la fuerza tendrá la natural respuesta
de profesores de diversas partes del país, no sólo de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, que con claridad ven que el
golpe federal va en contra de un forma de organización social opositora a
los excesos gubernamentales y sus reformas maltrechas. La amenaza de la
represión abierta, ya con el antecedente del gatillo liberado en Santa
María Ostula, podrá servir de incentivo para unificar movimientos
diversos y hasta ahora dispersos. Ante el hundimiento local e
internacional, llegado al ridículo por la salida de prisión de Joaquín
Guzmán Loera, ese régimen herido y debilitado cree necesaria una salida
de fuerza que le vitamine aunque sea artificialmente. Entre delirios,
complejos y abatimiento hasta anímico del cesarismo actual, el riesgo de
las órdenes insensatas, hasta criminales, es alto, en un escenario
nacional altamente explosivo.
Órdenes insensatas, hasta criminales, como las que llevaron a
militares y fuerzas federales a accionar sus armas contra pobladores de
Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, según confirmaron ayer en
conferencia de prensa en la ciudad de México algunos de los
representantes de aquel lugar:
Tiraron para que la gente se quitara; dispararon contra los civiles. Agustín Vera Ramírez, vocero de la comunidad, y Ezequiel Celestino Grajeda, de la Comisión de Vigilancia, negaron que los disparos fueran al aire y con el fin de dispersar a quienes protestaban por la detención de su coordinador de autodefensas y de policías comunitarias, Cemeí Verdía Zepeda, a quien fue tendida una trampa para aprehenderlo y comenzar a allanar el camino a planes empresariales que desean aprovechar la riqueza de la región sin resistencia popular alguna.
La atención nacional dispersa en tantas pistas apenas alcanza a
valorar en su adecuada dimensión el histórico retroceso en materia
electoral sucedido en Chiapas, donde el gobernador Manuel Velasco Coello
desarrolló una estrategia de defraudación electoral digna de los peores
momentos del peor priísmo. Con cinismo absoluto, uso de recursos
públicos, brigadas de encapuchados, manipulación de papelería electoral,
adulteración aritmética y documental, división intencional en
comunidades, manejo mediático aplastante y autoridades electorales
locales absolutamente facciosas y desacreditadas (en vías de ser
desconocidas por trapacerías anteriores, pero funcionales para los
comiciosde este domingo), Chiapas y su gobernador Verde-PRI son un adelanto del 2018 salvaje.
Y, mientras en Morelia continuaban los enfrentamientos entre
normalistas y policías, ¡hasta mañana, con el ex panista Gerardo Buganza
Salmerón, precandidato
independienteal gobierno de Veracruz (renunció hace días a la secretaría general del gobierno de Javier Duarte), dispuesto a una alianza con el partido Morena, que en aquella entidad tuvo uno de sus contados avances electorales fuera del Distrito Federal!
