VidHIGAray anuncia tormentas Recortes "por varios años" Normales rurales, en la mira Más fuego en Mataulipas

Julio Hernández López - Opinión

El futuro a corto y mediano plazos, según el profeta hacendario Videgaray, será absolutamente negro. Las variables económicas locales y externas se combinan para que México viva un estancamiento que iría más allá de la estancia del peñismo en el poder, pues según el secretario VidHIGAray habrá recortes presupuestales durante varios años. No se trata de una situación transitoria, sino algo de características permanentes que lleva al gobierno federal a reaccionar con responsabilidad, como debe hacerse ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos.

Las oscuras advertencias del titular de Hacienda y Crédito Público fortalecen las versiones de que la economía mexicana está prendida de alfileres, en espera de que pasen las elecciones de junio próximo para mostrar sin cosméticos su perfil desastroso. Aun así, a sabiendas de que adelantar los rasgos de esa crisis resulta dañino para la administración federal a la que pertenece y al partido de tres colores en sus pretensiones de ganar el voto popular, el funcionario no se contuvo declarativamente al inaugurar The Real State Show 2015 (una convención de desarrolladores inmobiliarios realizada en el Distrito Federal) y ahí habló en términos trágicos de la caída del precio internacional del petróleo, de la inminente depreciación del peso frente al dólar (es decir, su devaluación) a causa del venidero aumento a las tasas de interés bancario en Estados Unidos y el bajo crecimiento económico global.
Según Luis Videgaray Caso, tales circunstancias llevarán a un doble ajuste de cinturones. Uno corresponderá al propio gobierno federal, que gastará menos, y otro a los mexicanos en general. Vistas que han sido con amplitud las verdaderas políticas económicas de la actual administración pública, es de suponerse que las verdaderas restricciones corresponderán a las grandes mayorías nacionales, a las que se privará a partir del año venidero de subsidios y apoyos a actividades que la responsabilidad peñista no desea más. Por ejemplo, en el rubro de las políticas sociales se reducirán al máximo los egresos destinados a paliar la pobreza y la desigualdad social que durante décadas se han mantenido aunque sea con una practicidad ínfima, efímera y controladora.
Los integrantes de la próxima legislatura federal revisarán el ejercicio presupuestal a partir de una base cero, es decir, sin respetar parámetros y criterios históricos, todo sujeto a la nueva ley de la selva que será observada y manejada desde lo alto por las élites que, por su parte, seguirán disfrutando de exenciones fiscales descomunales, incentivos para la inversión, devolución de pagos de impuestos, manga ancha para la explotación laboral y otros privilegios compartidos con la clase política a partir de contratos, concesiones, porcentajes, comisiones e incluso regalos inmobiliarios directos.
Un ejemplo de ese rigor ya está presente en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán para mujeres, establecida en Teteles, Puebla. A pesar de los anuncios de oportunidad que en su momento hizo el gobierno peñista respecto de dar apoyo total a esas normales, en el contexto de lo sucedido a los jóvenes de Ayotzinapa, ahora se ha notificado a ese plantel que se planea un recorte general de 40 por ciento en su presupuesto. Tampoco le ha llegado el recurso extraordinario de 10 millones de pesos a cada una de esas normales, conforme se había pregonado.

Maestros y alumnas de esa normal rural poblana aseguran que se están poniendo múltiples trabas en materia de acreditación de avances académicos y en los procesos de admisión de nuevos estudiantes “con un presupuesto de cero pesos a la investigación, cero pesos a la profesionalización docente y cero pesos a actividades de fortalecimiento académico (…) y, contrario al discurso oficial, se está orquestando toda una campaña de aniquilación contra esas normales”. Y con exámenes para nuevo ingreso que parecieran elaborados para desalentar a las aspirantes y constreñir la matrícula. Además de la opacidad y manipulación de resultados que son usuales en este tipo de concursos públicos (en Tuxtla Gutiérrez, ayer, hubo destrozos en las oficinas de la SEP justamente en rechazo a esos concursos amañados y a otros puntos de la reforma administrativa peñista en educación).

En Mataulipas, la entidad de balaceras permanentes que desde la clandestinidad hace como que gobierna Egidio Torre, aún no pasa el estremecimiento que en su extremo norte aconteció a la hora de detener al jefe de la plaza en Reynosa (José Tiburcio Hernández Fuentes, alias El Gafe, a quien intentaron rescatar de las oficinas de la PGR en esa ciudad), pero ya hubo otros enfrentamientos en la vía pública, incendio de vehículos y más temor ciudadano a la hora en que fue aprehendido el correspondiente gerente local del narcotráfico en Tampico y Altamira, José Silvestre Haro, alias El Chive o el R-1.

El apresamiento de esos capos suele tener como primera consecuencia (y a veces la única realmente trascendente) el inmediato remozamiento de sus biografías, para dejarlos convertidos en peligrosos jefes máximos y definitorios, operadores y cerebros cuya captura implicaría notable disminución del negocio criminal, de ser ciertos los exaltados relatos oficiales respecto de la significancia de los aprehendidos. Por desgracia, el desfile judicial y mediático de nombres, apellidos y alias no frena ni disminuye la actividad criminal, pues ésta forma parte de un sistema en el que concurren fuertes intereses gubernamentales, empresariales y de los bandos confesamente delictivos.

Y, mientras el lic. Peña celebra en declaraciones el legislativamente recién aprobado sistema anticorrupción que comenzará a funcionar contra políticos ladrones, transas y comisiones porcentuales, cesión o financiamiento de casas, enriquecimientos ilícitos y otras corruptelas clásicas, dentro de unos dos años y medio o tres, es decir, ya en el sexenio próximo, al son de hágase la honestidad en los bueyes de mi compadre sucesor, ¡hasta mañana!.

Fuente: La Jornada - Opinión