MÉXICO, D.F. (Proceso).- La decisión del juez octavo de Distrito en
Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, es
trascendental para la vida pública nacional, pues reconoce dos
principios fundamentales: Primero, que las acciones de los
concesionarios de bienes y servicios públicos del Estado pueden ser
controvertidas mediante juicios de amparo cuando afecten las libertades
constitucionales; segundo, que el periodismo crítico es de relevancia
social y, por lo tanto, debe recibir la protección del Estado.
En un país en el que los concesionarios de radio y televisión están
acostumbrados a abusar del poder que les otorga su impacto en la opinión
pública para preservar sus privilegios e, incluso, arremeter contra las
mismas autoridades constitucionales, el que un juez les recuerde que no
pueden pasar por encima de los “fines sociales y públicos que deben
protegerse” es un importante precedente.
Múltiples son los casos que se pueden documentar del uso de estos
bienes públicos con fines estrictamente privados y particulares, como
las campañas de TV Azteca para golpear a Cuauhtémoc Cárdenas y su
gobierno tras el asesinato de Paco Stanley; los ataques de la misma
televisora contra Francisco Gil Díaz cuando fungía como secretario de
Hacienda para inhibir las acciones legales que había iniciado contra el
Grupo Elektra por violaciones a las disposiciones del mercado de
valores; o las campañas orquestadas por la empresa del Ajusco y Televisa
contra el Grupo Casa Saba cuando éste pretendió asociarse con Telemundo
para crear una tercera cadena; o contra la reforma constitucional y
legal que prohíbe la compra de propaganda político-electoral. Éstos son
sólo algunos ejemplos de los abusos más recientes y significativos.
Pero los concesionarios y los personeros del gobierno también se
aprovechaban de la debilidad de la legislación mexicana para proteger el
ejercicio periodístico, para censurar y despedir a periodistas
críticos, que no tenían instancia legal a la cual recurrir. La ausencia
de normas como la “cláusula de conciencia”, vigente en la mayor parte de
los países europeos para evitar o al menos moderar los cambios
radicales de las políticas editoriales de los medios de comunicación
para amordazar a los periodistas, les permitían inventar “lineamientos” o
nuevas reglas de operación con el único objetivo de acallar a los
comunicadores o forzarlos a renunciar.
En este escenario, el hecho de que un juez otorgue una suspensión
provisional a la aplicación de unos lineamientos que fueron impuestos
sin aviso o audiencia previa con la intención de abrir un espacio de
negociación entre la conductora Carmen Aristegui y la empresa MVS es
realmente una muy esperanzadora noticia para periodistas, comunicadores
y, en general, para la vida pública mexicana.
Y aun cuando la decisión fue audaz, el juez se vio cauto al no
obligar a la empresa a reinstalar a la conductora en su noticiero, para
invitar a las partes a buscar un acuerdo consensuado. Sin embargo, MVS
ya anticipó –aunque lo hizo extraoficialmente– que es imposible
reinstalarla, es decir, manifestó su nula disposición a alcanzar el
acuerdo. Así, seguramente será el juez quien tendrá que pronunciarse al
respecto, tras la celebración de la audiencia incidental y “una vez que
existan mayores elementos probatorios y argumentativos y una vez
valorada la colaboración de las partes para solucionar el conflicto”,
como él mismo precisó, de acuerdo con la nota informativa emitida por el
Consejo de la Judicatura Federal el pasado miércoles 15.
La suspensión provisional dictada por Silva García es trascendental
porque incorpora argumentos y elementos que nunca habían sido
reconocidos por las autoridades mexicanas, y cualquiera que sea el
resultado final del litigio los introduce al debate público. Por lo
mismo, más temprano que tarde modificará la normatividad en la materia
y, en consecuencia, ensanchará el espacio público, las garantías a la
libertad de expresión y la protección a los periodistas y su ejercicio
profesional, precisamente en los momentos en que más lo necesitan, ante
los embates de autoridades, delincuencia organizada y empresarios de los
medios.
Dada la respuesta extraoficial de MVS, es previsible que antes de
acatar la resolución intentará revertirla o, al menos, diferir su
aplicación por todos los medios legales a su alcance. La empresa sabe
que el tiempo opera a su favor, pues la gran fortaleza de los
periodistas es su presencia en los medios de comunicación masiva
–mientras el litigio se alarga, la comunicadora estará fuera del aire.
La batalla legal será, pues, larga y complicada y los criterios de
interpretación de las disposiciones constitucionales variarán en las
distintas instancias. Con todo, el precedente abre amplias posibilidades
a los periodistas y a la ciudadanía en general, que podrán invocar la
violación de sus derechos individuales.
En este sentido, los amparos individuales para defender los derechos
de las audiencias que se están interponiendo en favor de Aristegui para
que vuelva a la Primera Emisión de MVS Radio tienen un referente claro y
concreto que los fortalece. La resolución del juez abre múltiples
frentes, en los cuales el litigio entre la comunicadora y la empresa es
únicamente uno de ellos.
La resolución del juez Silva es el primer paso para modificar
sustancialmente la actual distribución del poder en México, tanto a
nivel de los tres poderes del Estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) como en la misma sociedad mexicana, y en la relación de ésta
con el Estado. En el primer ámbito, el Poder Judicial cierra el paso a
los ataques que el Ejecutivo perpetra en contra de la libertad de
expresión a través de interpósitas personas (Proceso 2003) y así
contribuye a un mejor equilibrio entre los poderes constitucionales
–Judicial y Ejecutivo–; en el segundo, coloca barreras a los abusos de
los patrones; y en el tercero, redefine los términos de las relaciones
periodistas-autoridades.
Pero el camino para concretar esta redistribución del poder todavía
es muy largo y habrá que librar muchas batallas: continuar con el
referido litigio; abrir otros frentes en el mismo ámbito judicial;
promover iniciativas de leyes que permitan consolidar los derechos de
los periodistas y las audiencias, y, desde luego, ejercer en los límites
el derecho a la libertad de expresión para denunciar públicamente todas
las acciones de las autoridades que violenten el estado de derecho.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
