México en pos de una nueva Constitución/III
28 marzo 2015 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Los brutales casos de explotación que brotan por todo el país como heraldos negros de mayores calamidades por venir son el fundamento del por qué los mexicanos debemos sentarnos a la par con los connotados juristas que han sido marginados de los cargos en los altos tribunales de justicia del país como la corte, para refundar nuestra Constitución. Hecha añicos en sus contenidos sociales y sus principios nacionalistas, luego de cientos de reformas a su articulado realizadas a espaldas del pueblo, nuestra Ley Fundamental conserva aún jurídicos que le permiten a un país agraviado en las últimas tres décadas, una amplia rendición de cuentas, por la sistemática violación a los derechos fundamentales de millones de mexicanos y la cancelación del desarrollo de los pueblos indigenas que los ha orillado a caer en situaciones de exclavitud, como la sucedida en el Valle de San Quintín, en Baja California, para no morir de hambre.
Artículos como el 39 y 136 establecen que el poder público dimana del pueblo y que éste debe instituirse para su beneficio, no de un grupo selecto de voraces empresarios tanto nacionales como extranjeros, razón por la cual el Constituyente del 17 estableció que el pueblo "tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", como también defender los principios de su constitución y restablecer su observancia.
No puede concebirse entonces que en aras de un modelo económico globalizado se atropellen de manera impune los derechos de los mexicanos, sobre todo los sectores más desvalidos, como los indigenas, los campesinos y la clase trabajadora, tomando como pretexto jurídico las regresiones y desmantelamientos que se han aplicado a nuestra Carta Magna, sin el menor concenso social.
Las reformas al articulado de nuestra Constitución no han buscado mayor protección social a los derechos del pueblo, sino convertirse en armas legales en su contra. No es fortuito que los excesos del poder y abusos conduzcan a los extremos de un verdadero estallido social. Los miles de jornaleros inhumanamente explotados en los campos agrícolas de Baja California y de otros estados como Colima, Jalisco y Baja California Sur, terminaron por salir a gritar su rabia y dolor ante las autoridades que hace mucho dejaron de defenderlos y aplicar las ya de sí mermadas leyes laborales en el país.
Son la mismas que permitieron que la Mina Pasta de Conchos funcionara en condiciones de inseguridad con la criminal anuencia de los inspectores de la Secretaría del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox; son las mismas que terminaron exonerando al accionista mayoritario de Grupo México, Germán Larrea, del crimen industrial en contra de los 65 mineros que aún permanecen sepultados en el socavón donde encontraron la muerte.
Son las mismas que han obligado a miles de indígenas a aceptar ser enganchados por verdaderos delincuentes, para no morir de hambre junto con sus familias en sus comunidades abandonadas de los proyectos de desarrollo de los gobiernos en turno.
Fuente: Revista Siempre!
