José Gil Olmos - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La marca de la casa del PRI de Enrique Peña
Nieto en la segunda parte de su administración parece que será la
impunidad frente a los actos de corrupción, violación de los derechos
humanos, asociación delictuosa, enriquecimiento inexplicable y compra de
votos que se avecinan para las próximas elecciones.
¿O cómo entender que se elija como ministro de justicia a Eduardo Medina Mora con antecedentes de corruptela, amiguismo y solapamiento? ¿O cómo entender también el caso del PVEM que viola la ley a su antojo para ganar más espacios en complicidad electoral con el priismo? O también ¿cómo entender que el gobierno federal se lave las manos en la caso de los estudiantes de Ayotzinapa mientras los familiares siguen pidiendo justicia o que se elija como procuradora general de la República a Arely Gómez vinculada con los directivos de Televisa?
Hace apenas unos días, Peña Nieto y 200 invitados viajaron a
Inglaterra en una gira que pareció ser más turística que de negocios. La
nota fue el despilfarro de la familia del presidente mexicano vistiendo
ropa de miles de pesos para visitar a la reina de Inglaterra y asistir a
una cena palaciega mientras en México hay 50 millones de pobres.
Con el barco a la deriva en medio de la violencia del crimen
organizado que no para en todo el país a pesar de la campaña mediática
oficial que festina la detención de los cabecillas mientras el cuerpo de
la delincuencia se multiplica, el PRI peñista se empeña en replicar la
impunidad dejando libres a los supuestos autodefensas Hipólito Mora y
Luis Antonio Torres El Americano responsables de la muerte de 11
personas en un enfrentamiento con tintes de crimen organizado el pasado
mes de diciembre en Michoacán.
Y mientras miles de familiares siguen pidiendo justicia para castigar
a quienes asesinaron o desaparecieron a sus seres queridos, –muchos de
ellos, autoridades protegidas por la ley-; mientras que organismos
internacionales como la ONU afirman que en México la tortura es una
práctica generalizada entre las autoridades mexicanas y mientras sigue
aumentando el número de periodistas muertos o desaparecidos rebasando el
centenar, el gobierno peñista sigue sin atender los 23 mil casos de
desaparecidos.
Además, censura la información sobre los muertos por homicidios
dolosos, le regresa a Raúl Salinas de Gortari miles de millones de pesos
que hurtó de las arcas públicas cuando su hermano Carlos era el que
controlaba a su antojo al país, deja libre al líder histórico del
narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, negocia con Televisa los
nuevos canales de televisión, ofrece contratos millonarios con sus
amigos empresarios de Higa, intenta privatizar el agua y se prepara para
ganar lo suficiente para mantenerse en el poder en las elecciones del 7
de junio ofreciendo dinero, despensas y medicinas medrando con la
pobreza con toda impunidad.
La impunidad proveniente del gobierno es la expresión más clara del
autoritarismo y eso es lo que el PRI está construyendo desde ahora al
debilitar a las instituciones de procuración de justicia, a las que
organizan las elecciones, a las que pueden defender los derechos humanos
o las que deberían dar seguridad social y al establecer la censura como
una política de información.
