La Jornada - Editorial
La explosión de una
pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa dejó ayer un
saldo preliminar de tres muertos –entre ellos, una bebé de seis meses–,
alrededor de 70 heridos –de los cuales 21 son recién nacidos–, y colapsó
el inmueble en 70 por ciento, aunque, dadas la gravedad de los daños
materiales y la magnitud de la explosión, el desastre pudo haber tenido
un saldo mucho más trágico. De acuerdo con pesquisas de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal presentadas ayer en un informe
preliminar, la explosión se originó por
una fuga en una manguera de la pipa, en una válvula, la cual no se cerró.
Independientemente de los datos técnicos que arrojen las pesquisas,
es claro que en este hecho confluyen un conjunto de negligencias de las
corporaciones gaseras y de las autoridades encargadas de regularlas. En
el caso de las segundas el hecho revela omisiones de diversa índole en
materia de seguridad del funcionamiento hospitalario, particularmente en
el proceso de suministro de combustible a ese tipo de centros. El hecho
de que se atribuya el percance a
una fuga en la manguera de la piparevela la falta de protocolos específicos para el suministro de sustancias peligrosas en los hospitales, el cual, según puede verse, se realiza en condiciones similares a las recargas de combustibles en domicilios particulares y pequeños negocios.
A las omisiones de las autoridades se suma su incapacidad para meter
en cintura a una industria gasera caracterizada por la forma caótica y
desordenada en que opera. Accidentes de este tipo suelen ir precedidos
de negligencias y desatenciones en el rubro de la seguridad industrial,
en aras de la rentabilidad y consecuencia de mentalidades empresariales
que operan con nulo sentido social e incluso con desprecio hacia la vida
humana.
Por añadidura, si bien el gas natural entubado debiera ser la respuesta lógica y segura a la proliferación de pipas y camiones
cilindrerosque constituyen peligros rodantes, hasta ahora ese servicio –concesionado a compañías energéticas trasnacionales– no ha podido superar la carga de desconfianza y percepción de inseguridad que padece entre la ciudadanía a consecuencia de riesgosos defectos en la instalación, fallas en el suministro, cobros abusivos y altos precios.
En lo inmediato, tras el desastre ocurrido ayer en el nosocomio de
Cuajimalpa cabe exigir a las autoridades de los tres niveles de
gobierno, además de una impecable atención médica, social y económica a
las víctimas, una investigación acuciosa y puntual de lo sucedido que
permita el deslinde de las responsabilidades civiles y penales a que
pudiera haber lugar. Pero es indispensable también revisar y corregir
las normas de seguridad en hospitales y otros sitios públicos y, desde
luego, extremar los controles a las empresas abastecedoras de gas en
todas sus modalidades. De no procederse en estos sentidos se acentuará
la percepción de un desdén generalizado a la seguridad y a la vida de la
población por parte de las autoridades y de los consorcios gaseros.