MEXICO, D.F. (apro).- Padres de familia de los estudiantes
desaparecidos y sus abogados recurrirán a instancias internacionales
para denunciar los hechos del 26 y 27 de septiembre, al considerar que
en México la investigación del caso se “perfila hacia la impunidad”.
Gloria Leticia Diaz - Proceso
Horas después de que el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, sostuviera en conferencia de prensa que los jóvenes
estudiantes fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula,
Guerrero, padres y abogados reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto
que haya roto su compromiso de informarles a ellos primero de cualquier
avance en las indagatorias.
Los abogados Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, del Centro de
Derechos Humanos Tlachinollan y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez, anunciaron que el martes 3 de febrero presentarán el caso de los
jóvenes desaparecidos al Comité contra la Desaparición Forzada de la
ONU, y que mantendrán el litigio en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Al rechazar la hipótesis de la PGR, sostenida con las declaraciones
de presuntos sicarios de Guerreros Unidos, los padres y normalistas
anunciaron que las movilizaciones por la presentación de los
desaparecidos continuarán hasta que las autoridades expongan una
investigación incontrovertible.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, acusó que por
“las prisas políticas” es que el gobierno federal pretende “cerrar de
manera descarada lo sucedido en Iguala, violentando y violando los
acuerdos que signó Enrique Peña Nieto en la reunión de Los Pinos, donde
el compromiso fue que cualquier situación de investigación se daría
conocer primero a los padres de familia”.
Tras considerar que la rueda de prensa de Murillo Karam fue la
respuesta al apoyo social a la demanda de los familiares, como se
evidenció en las movilizaciones de la víspera, De la Cruz repudió que se
pretenda concluir las indagatorias “con sólo la declaración de los
asesinos, insistiendo en la versión de que a los 43 los mataron y los
calcinaron en Cocula”.
El representante de la Normal de Ayotzinapa, David Flores Maldonado,
señaló que el gobierno de Peña Nieto mostró “su verdadera cara” al
romper los acuerdos sostenidos con los padres de familia, y que detrás
del anuncio de Murillo Karam hay un “interés político, que son las
elecciones, y por ello tienen la seria esperanza de que aceptemos su
versión”.
Flores Maldonado insistió en que no van a aceptar el cierre de la
indagatoria cuando faltan varios presuntos responsables por ser
detenidos.
Rosales Sierra y Aguirre Espinosa dieron a conocer diez puntos por
los que el caso de los ataques a estudiantes normalistas no se puede
cerrar.
Explicaron que a cuatro meses de las desapariciones no hay “certeza
científica” sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula, a pesar de que
la PGR ha mostrado diversos dictámenes sobre los cuales habría
suspicacias, dado que las procuradurías mexicanas “son especialistas en
fabricar delitos”.
Al considerar que el caso presenta serias deficiencias, y que unas 15
personas faltan por ser detenidas, entre ellas los responsables de la
Seguridad Pública, Felipe Flores y Francisco Salgado, apuntaron que en
la declaración del último capturado, Felipe Rodríguez Salgado, “El
Cepillo”, esto no aceptó haber permanecido en el lugar de los hechos.
También consideraron que no hay relación entre la primera versión que
ofrecieron los primeros 22 detenidos, quienes señalaban que el destino
final de los jóvenes fueron fosas comunes en Iguala, para después
sostener que fueron calcinados y sus restos arrojados al río.
Además, reprocharon que en las indagatorias de la PGR no se haya
investigado el homicidio de Julio César Mondragón, el joven que fue
desollado, ni se consideren las omisiones o complicidades en las que
pudieron haber incurrido miembros del Ejército mexicano, así como
autoridades de otros municipios de la región.
Incluso, advirtieron que la versión de la PGR es inaceptable, toda
vez que habría quejas de algunos de los 99 detenidos presentadas ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Vidulfo Rosales insistió en que dado que “este caso se empieza a
enfilar hacia la impunidad”, el siguiente paso legal será comprobar la
“la responsabilidad internacional del Estado mexicano, lo que tendrá que
ser revisado por organismos internacionales de ONU y la CIDH, y hacia
allá vamos a enfilar el caso”.
Enseguida, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y se continuará con el litigio en la CIDH, donde ya se abrió un expediente con las medidas cautelares otorgadas a las víctimas.
Enseguida, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y se continuará con el litigio en la CIDH, donde ya se abrió un expediente con las medidas cautelares otorgadas a las víctimas.
El fundamento del litigio, apuntó, es que la desaparición de los 43
jóvenes “no es un caso atípico, pues hay 23 mil personas desaparecidas
en México que acreditan que la desaparición es una situación
generalizada en el país”.
Segob llama al diálogo
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que el
gobierno federal mantiene apertura para proporcionar a los padres de los
43 normalistas de Ayotzinapa la información que requieran.
“Si los papás, o los jóvenes mismos de la escuela, desean
aclaraciones, seguimos abiertos para que pueda llegarse a profundidad en
los temas que a ellos les interesa respecto de lo sucedido allá en los
hechos de Iguala”, comentó Osorio Chong en breve entrevista.
También expresó su deseo de que sea la posibilidad de encuentro y no
de encono lo que permita solucionar cualquier problema y recordó que con
motivo de los cuatro meses de los hecho sen Iguala, este lunes 26 hubo
una manifestación ejemplar de principio a fin: “Espero que así sigan
conservándose las siguientes muestras, pueden ser de inconformidad, pero
que se puede dialogar y acordar”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
