La comisión especial para el caso Ayotzinapa, integrada por siete
diputados federales, fue instalada el 8 de octubre de 2014, a escasos
días de los hechos de violencia en Iguala en contra de estudiantes
rurales. Durante el primer mes de labores, la Comisión sostuvo dos
reuniones internas y ocho diligencias con diversos servidores públicos y
representantes de instancias nacionales e internacionales de derechos
humanos, no así con familiares de las víctimas ni con sobrevivientes de
los ataques. Desde su instalación, la Comisión se declaró “en sesión
permanente”. No obstante, no registra actividad alguna desde el pasado
13 de noviembre. Lilia Aguilar Gil, integrante de esta Comisión,
reconoce que la labor de este organismo no ha contribuido en nada a la
resolución del conflicto
Flor Goche - Contralinea
“No hemos hecho nada”. Así responde la
legisladora Lilia Aguilar Gil, cuando se le pregunta sobre las acciones
emprendidas por la Comisión Especial de Seguimiento a las
Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala,
Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, cuya creación fue resuelta el 7 de octubre de 2014 por el pleno de la Cámara de Diputados.
En entrevista con Contralínea, la
diputada federal precisa el sentido de sus palabras. Explica que si bien
los legisladores que integran dicha Comisión –ella incluida– han
sostenido una serie de diligencias con autoridades federales y
estatales, así como con representantes de instancias nacionales e
internacionales de derechos humanos para allegarse de información, su
labor no ha contribuido en nada con la resolución del conflicto.
“Esta Comisión ha tenido muchas
reuniones. ¿Útiles? Muy pocas. ¿Qué resultados ha tenido en la
resolución del conflicto? Ninguno.”
El 8 de octubre de 2014, la Comisión para el caso Ayotzinapa fue instalada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede principal del Congreso de la Unión en México. Los buenos deseos
emergieron durante la ceremonia de aquel día. Sin excepción, los
presentes participaron en vehementes discursos. José Guillermo Anaya
Llamas, en su carácter de presidente, fue el primero en hablar. Conminó
al equipo a ser la excepción a la regla, es decir, a romper con la
inercia de que las comisiones especiales no funcionan. Asimismo, pidió a
sus colegas tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente
comunicación con las familias de las víctimas.
A casi 4 meses de creación, la Comisión
ni siquiera se ha reunido con los familiares de los 43 estudiantes
desaparecidos forzadamente, tampoco con los sobrevivientes de la
embestida policial que tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2014
en Iguala, siendo que, como lo señala Aguilar Gil, “no hay fuente de
información más importante que ellos”.
A la Comisión le ha faltado voluntad y
decisión para establecer contacto con estas personas –no así con la
parte oficial–, sostiene la diputada por el Partido del Trabajo. Este
hecho, aunado a que al interior ha privado la idea de no acudir a Iguala
bajo el argumento de que “es peligroso”, la ha imposibilitado para
obtener información de primera mano, según refiere la legisladora.
La Comisión para el caso Ayotzinapa
fue declarada en sesión permanente. Así lo resolvieron, por unanimidad,
los siete diputados que la integran, representantes de distintas
fracciones políticas. No obstante, ésta no ha registrado actividad desde
el pasado 13 de noviembre, cuando se desahogaron reuniones con Salvador
Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y con Ariel
Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de las Naciones Unidas.
“He de confesarles que después de la
reunión con Cienfuegos, la Comisión cayó en un cierto letargo, es
decir, no se han realizado más reuniones”, reconoce, en su calidad de
miembro, Ricardo Mejía Berdeja, diputado por Movimiento Ciudadano.
Así las cosas, han transcurrido más de 2
meses de absoluta inactividad de la Comisión, situación que contrasta
con el esfuerzo cotidiano de los padres y las madres de familia por
encontrar a sus muchachos desaparecidos forzadamente. Marchas, mítines,
conferencias de prensa, incluso acciones de búsqueda ciudadana en
territorios permeados por la delincuencia organizada.
En materia legislativa, la Comisión para
el caso Ayotzinapa tampoco ha hecho nada. De acuerdo con la tabla
disponible en el apartado de asuntos turnados de su micrositio
electrónico, a casi 4 meses de funciones, la Comisión no ha turnado,
aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o
proposición.
Los ceros que predominan en dicha tabla,
reflejo de inactividad legislativa, contrastan, asimismo, con las
percepciones de los diputados mexicanos. Cada uno recibe del erario un
sueldo mensual –identificado como dieta neta mensual– de 73 mil 911
pesos, además de apoyos económicos por asistencia legislativa (para el
desempeño de las funciones legislativas) y por atención ciudadana (por
las labores de gestoría que realizan en su carácter de representantes
populares), que juntos ascienden a 74 mil 558 pesos, a los que se
adhieren 2 mil 780 pesos por vales de despensa y un cupón de alimentos
de 170 pesos por cada día de sesión.
A decir de Lilia Aguilar Gil, lo único positivo que ha hecho la Comisión para el caso Ayotzinapa es poner sobre la mesa
institucional que los hechos ocurridos en Iguala configuran, entre
otros, el delito de desaparición forzada, en el sentido de que el crimen
perpetrado contra los estudiantes de esa normal es obra de agentes del
Estado.
Frente a este panorama, la diputada
enfatiza en la necesidad de replantear la Comisión –facultad que compete
al Legislativo–, de tal manera que cambie de presidente, que se le
otorguen atribuciones de investigación y que establezca fechas puntuales
para el complimiento de su plan de trabajo.
“Nuestro papel como legisladores no se
está cumpliendo y, como consecuencia, tenemos estas crisis en las
calles. La gente ya no confía en las instituciones. No confía en el
presidente pero tampoco en los diputados”, sentencia Aguilar Gil.
Ricardo
Mejía Berdeja, diputado, refiere que además de la tarea de emisión de
un informe final de conclusiones y hallazgos, a la Comisión para el caso
Ayotzinapa
corresponde contribuir con el esclarecimiento de los hechos así como
con la presentación con vida de los estudiantes. En este sentido,
comenta que no se han cumplido a cabalidad los objetivos, no obstante
que la Comisión ha ayudado a visibilizar el tema.
“Se atravesó el fin del periodo pero
nosotros vamos a presionar para que volvamos a retomar el dinamismo de
los primeros momentos. No vamos a permitir que se quiera dar cerrojazo a la Comisión o dejarla que muera de inanición a raíz de que el tema pueda ir perdiendo vigencia ante hechos nuevos. No vamos a quitar el dedo del renglón para que la Comisión emita un informe lo más sólido posible”.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, tres alumnos de la normal de Ayotzinapa
(Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio César
Mondragón) fueron asesinados en Iguala por servidores públicos. En el
mismo episodio de violencia, 43 muchachos normalistas fueron víctimas de
desaparición forzada.
Estos hechos motivaron la creación y posterior instalación, al interior de la Cámara de Diputados, de la Comisión para el caso Ayotzinapa,
integrada por siete legisladores: José Guillermo Anaya Llamas, del
Partido Acción Nacional; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo;
Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo
Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Sonia Rincón Chanona, de Nueva
Alianza; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución
Democrática; y Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de
México.
Entre las 17 acciones específicas
encomendadas formalmente a esta Comisión –misma que estará vigente hasta
el término de la presente legislatura–, destacan: contribuir a
facilitar, agilizar y completar la búsqueda de personas desaparecidas;
verificar que las investigaciones procedan en apego al estado de
derecho, a los derechos humanos y a los principios de buena fe,
transparencia, rendición de cuentas, protección de las víctimas,
probidad, honradez y objetividad; impulsar y dar seguimiento a las
investigaciones, programas, medidas y acciones para facilitar los
trabajos y conclusión de la investigación que lleven a esclarecer los
hechos; y supervisar y verificar que, en caso de que se determine
responsabilidad a servidores públicos, se inicien, desarrollen y
resuelvan los procedimientos civiles, penales y/o administrativos
correspondientes.
A partir de su instalación, la Comisión para el caso Ayotzinapa
ha tenido dos reuniones internas: una para diseñar su programa de
trabajo y otra para evaluar los resultados obtenidos. Además, ha
desahogado ocho diligencias con diversos funcionarios y representantes
de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
Del 13 de octubre al 13 de noviembre de
2014, los integrantes de la Comisión se reunieron con Jaime Rochin,
presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; con Miguel
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; con Jesús Murillo,
procurador general de la República; con Monte Alejandro Rubido,
comisionado nacional de Seguridad Pública; con Iñaki Blanco, fiscal
general de Justicia del estado de Guerrero; con Ángel Aguirre,
exgobernador del estado; con Jesús Martínez, secretario general del
estado; con algunos diputados del Congreso local; con Jesús Peña,
representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos; con Raúl Plascencia, expresidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; con Perseo Quiroz,
director Ejecutivo de Amnistía Internacional; con Salvador Cienfuegos,
secretario de la Defensa Nacional; y con Ariel Dulitzky, presidente del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De la revisión del programa de trabajo de
la Comisión en cuestión se desprende que aún están pendientes las
siguientes diligencias: con las víctimas de los hechos, tanto con
estudiantes sobrevivientes como con todos los familiares de los
desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente y torturados;
con el director y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa;
con los representantes legales de las víctimas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos
José María Morelos y Pavón, Red Guerrerense de Organismos Civiles de
Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;
con el Equipo Argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en
las investigaciones. Falta, asimismo, realizar una inspección ocular en
el lugar de los hechos, en compañía del personal de servicios periciales
de la Procuraduría General de la República desplegado en la zona.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con cada uno de los diputados de la Comisión para el caso Ayotzinapa
. Sólo dos accedieron a la petición. Los demás comunicaron a este
semanario, a través de su personal, la negativa de entrevista por
cuestiones de agenda o, simplemente, porque al cierre de esta edición
aún se encontraban de vacaciones.
Omisiones y responsabilidad
Con fecha del 3 de noviembre de 2014, la Comisión para el caso Ayotzinapa emitió el documento Resumen de actividades, por medio del cual presenta un balance preliminar de sus acciones.
El legajo de 42 cuartillas deja entrever
algunas de las principales omisiones de las instancias federales,
estatales y municipales con relación a los hechos y consecuencias de la
violencia de Estado ejercida el 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala
en contra de estudiantes normalistas.
A la hora de apuntar las
responsabilidades institucionales, la Comisión para el caso Ayotzinapa
dedica especial atención al gobierno local así como a la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas. No ocurre lo mismo cuando se refiere a
la federación, ya que únicamente señala que, tal como lo reconoció
Osorio Chong, secretario de Gobernación, no se tomaron las medidas
adecuadas para evitar que el alcalde de Iguala, su esposa y el director
de Seguridad Pública del municipio se sustrajeran a la acción de la
justicia.
En contraste, Perseo Quiroz Rendón,
director ejecutivo de Amnistía Internacional, destaca dentro de las
observaciones que compartió a la Comisión que “no debe olvidarse que
tras los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la responsabilidad es del
Estado mexicano en su conjunto, pues hasta ahora se ha omitido observar
las recomendaciones formuladas a nivel internacional para la creación de
una ley general de desaparición forzada de personas y aceptar la
competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de [la Organización
de las] Naciones Unidas”.
La Comisión Especial para el caso Ayotzinapa destaca en su Resumen de actividades
los que considera los resultados sustantivos preliminares de su labor.
Así, señala que de la lectura de los informes rendidos por el gobierno
de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado, se
desprenden múltiples contradicciones relativas al número potencial y
total de víctimas presentes en el lugar de los hechos; a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la
detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores
ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los
estudiantes; a los nombres de los estudiantes; y a la manera o vía por
la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos.
Al respecto, apunta: “Llamó fuertemente
nuestra atención que en todos los informes existen diversos momentos que
no tienen una conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos,
contando las narraciones con diversas omisiones y, particularmente, con
la ausencia, a veces hasta por varias horas, de qué sucedió entre cada
uno de los hechos”.
En el tema de la desaparición forzada de
personas, las observaciones de la Comisión para el caso Ayotzinapa
coinciden con las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las
de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y las de Amnistía internacional. Todas ellas
advierten sobre la dilación institucional para calificar la conducta
delictiva como desaparición forzada y, en consecuencia, la aplicación de
diligencias incongruentes con este delito.
Por ello, como parte de las observaciones
presentadas a la Comisión para el caso Ayotzinapa, Jesús Peña Palacios,
representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, reitera las recomendaciones que
diversos órganos de la ONU han dirigido a México en la materia.
Entre ellas, impulsar cambios
legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de
las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda
de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y
fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear
un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley
general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las
víctimas de la violencia.
Flor Goche, @flor_contra
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Fuente: Contralinea
