Jesús Cantú - Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Llama la atención que sea The
Wall Street Journal el que haya denunciado los dos últimos escándalos de
corrupción en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: la casa de
fin de semana que compró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a
una constructora del Grupo Higa; y otra casa de fin de semana que el
mandatario compró a otro constructor favorito, Roberto San Román.
Ese rotativo dio un giro de 180 grados en el tratamiento al actual gobierno federal, pues en los primeros meses del sexenio la cobertura se enfocaba a las reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México y sus esperados efectos positivos sobre la economía mexicana; así como otros medios internacionales anticipaban que el momento mexicano había llegado gracias al liderazgo del presidente mexicano.
Representativo del entusiasmo que la gestión de Peña Nieto
despertaba en el mundo empresarial y financiero internacional, es el
artículo de opinión que Pierpaolo Barbieri y Niall Ferguson publicaron
el 26 de diciembre de 2013 en el diario financiero estadunidense, en el
cual concluían: “Aun en un año terrible para los mercados emergentes,
México tiene las más brillantes expectativas en la región. Bajo un
revitalizado PRI, el país está en el camino de una nueva forma de
revolución institucionalizada: una que lo transformaría permanentemente
del rezagado latinoamericano al nuevo motor de crecimiento de América
del Norte”.
Todavía en agosto del año pasado, cuando el Congreso de la
Unión aprobó la legislación secundaria de la reforma energética, los
medios internacionales se volcaban en elogios a la misma y auguraban un
futuro promisorio para el país. Sin embargo, el 26 de septiembre de ese
mismo año, unos 50 días después, el panorama empezó a modificarse
radicalmente tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
que conmovió a la opinión pública internacional, la cual al unísono
demandó su localización con vida, el esclarecimiento de los hechos y
sanción a los responsables.
El horizonte todavía se ensombreció más cuando el domingo 9
de noviembre Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que en enero
de 2012 (unos meses antes de la formalización de la candidatura a la
Presidencia) el constructor favorito del sexenio, Luis Armando Hinojosa
Cantú, le vendió a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, la Casa Blanca
de las Lomas a un precio preferencial y un crédito con tasa de interés
privilegiada. Unos días después la misma Carmen Aristegui denunció en su
programa de radio que el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto
Castillejos Cervantes, disfruta desde 2011 la renta de otra casa del
mismo constructor en la misma colonia residencial del Distrito Federal.
Las revelaciones llamaron la atención de los medios
internacionales y fue precisamente The Wall Street Journal el que en
diciembre denunciaba que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
también era beneficiario de los tratos favorables del constructor del
sexenio, al comprarle una casa en un exclusivo club de golf en
Malinalco. Y el pasado martes 20 el mismo diario estadunidense reveló
que Hinojosa no era el único constructor que dotaba de casas a la
familia Peña Nieto; también San Román le había traspasado una propiedad
en otro exclusivo club de golf en Ixtapan de la Sal, en 2005, unos meses
después de asumir la gubernatura del Estado de México, y a partir de
ese momento el gobierno de dicho estado le otorgó contratos de obras
públicas por 107 millones de dólares, pese a que antes sólo había
recibido un contrato menor.
Cuando Peña Nieto protestó como presidente la historia se
repitió, pues según la información difundida por MVS, en lo que va del
sexenio San Román ha recibido 12 contratos por alrededor de 596 millones
de pesos, cuando antes de eso únicamente le habían asignado uno.
Más allá de las declaraciones oficiales, que en todos los
casos recurren a argumentos jurídicos para rechazar la comisión de
cualquier delito y evaden referirse al evidente conflicto de interés
existente, es un hecho que el giro en la atención de los medios
internacionales y las investigaciones del diario financiero
estadunidense reflejan claramente que en las democracias consolidadas
estos actos no quedarían impunes.
Justo cuando aparecen las denuncias por las acciones del
presidente y su familia, los medios internacionales difunden que la
infanta Cristina, hermana del rey español Felipe VI, es sometida a
proceso penal por presuntos actos de corrupción que implican el desvío
de 7.5 millones de dólares de fondos públicos; y que el exgobernador de
Virginia, Bob McDonnell, fue sentenciado a dos años de prisión por
recibir regalos de poco más de 30 mil dólares (cifra ridícula comparada
con los casi 10 millones de dólares que suman las propiedades
involucradas en las distintas operaciones ya señaladas) por promover un
suplemento alimenticio.
Así, mientras en las democracias consolidadas los
inculpados son llevados ante los tribunales y en caso de ser encontrados
culpables, sentenciados como cualquier ciudadano, en México basta un
comunicado oficial o una declaración grabada de la esposa del presidente
para desechar cualquier investigación.
Sin embargo todo indica que los miembros del “revitalizado
PRI” (como lo denominaron los articulistas del Wall Street Journal)
mantienen las mismas prácticas del antiguo PRI y que la Casa Blanca de
Las Lomas o las casas de fin de semana en Malinalco e Ixtapan de la Sal
son simplemente las versiones actuales del Partenón de Arturo Durazo o
la casa de la “Colina del Perro”, del entonces presidente José López
Portillo, por citar únicamente los escándalos más recordados.
La diferencia ahora es que la globalización, las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y la alternancia en el
Ejecutivo mexicano modificaron el panorama de los medios (nacionales e
internacionales): hoy el presidente mexicano y su gabinete no podrán
escapar al escrutinio de los periodistas mexicanos y extranjeros y
tampoco podrán eludir los impactos de sus revelaciones.
Peña Nieto y su gabinete están en la mira de los
periodistas mexicanos y extranjeros y a juzgar por sus respuestas, éstos
no deben ser los únicos actos cuestionables, así que los medios
cumplirán con su labor de investigación y por ende, incidirán en la
construcción de una opinión pública crítica que obligue finalmente a las
autoridades competentes a cumplir sus responsabilidades de
fiscalización y sanción.
