Gloria Leticia Díaz - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles que asistirán al octavo
periodo de sesiones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la
ONU, el próximo 2 y 3 de febrero, consideraron que los hechos violentos
ocurridos en Iguala, Guerrero, demuestran la actuación recurrente del
Estadio mexicano en “incumplir con su obligación de búsqueda e
investigación adecuadas” en este tipo de casos.
En un comunicado en vísperas del escrutinio de México por parte de expertos independientes de ONU, las organizaciones resaltaron que la revisión en el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) ocurre en momentos en que las cifras oficiales hablan de más de 23 mil desapariciones hasta 2014, y con sólo seis sentencias condenatorias por casos de desaparición forzada.
Para las agrupaciones el hecho de que sólo existan seis sentencias
por desaparición forzada, “continúa generando la comisión impune,
generalizada y sistemática de las graves violaciones a derechos
humanos”.
Luego de explicar que en la sede de la ONU, en Ginebra, México será
examinado “sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas
en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, las ONG recordaron que el Estado
mexicano llega al CED con un largo historial de uso de la desaparición
forzada durante la guerra sucia, “cuya impunidad persistente” hizo
posible los miles de casos de personas sin localizar.
También señalaron que la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, Guerrero, “ha puesto en evidencia el actuar del Estado al
violar derechos fundamentales para luego incumplir con su obligación de
búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los
estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar
adecuadamente a los responsables y brindar la reparación adecuada y
proporcional por los trágicos hechos”.
A cuatro años de que fue ratificada la Convención Internacional, las
agrupaciones destacaron que la actuación del Estado mexicano frente al
CED se ha distinguido por “la falta de transparencia e información
adecuada”, pese al grave contexto en el que se encuentra el país
respecto de las desapariciones.
Además, recordaron que México presentó con retraso de dos años el
primer informe a la CED, que debió entregarse en diciembre de 2012 pero
que fue canalizado hasta marzo de 2014, año en el que rechazó la
propuesta del Comité para visitar el país.
De acuerdo con las ONG, el Estado mexicano “demoró y limitó su
contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité,
omitiendo abordar cuestiones más críticas, el número real de personas
desaparecidas, así como la actuación y respuesta frente a casos
emblemáticos como el de Ayotzinapa”.
Hasta ahora México se ha negado a reconocer la competencia del CED
para recibir quejas individuales e interestatales de casos de
desaparición forzada, lo que “limita seriamente los derechos humanos de
las víctimas a acceder a instancias internacionales que puedan
garantizar su derechos”.
Luego de recordar que la Cancillería no dio respuesta a un grupo de
organizaciones que solicitaban una reunión para abordar el punto
anterior, las ONG puntualizaron que en las sesiones en que se revisará
el cumplimiento de la Convención Internacional, el CED sostendrá un
diálogo público con representantes del Estado mexicano, se reunirá con
grupos y víctimas “para finalmente adoptar conclusiones y
recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero”.
En el comunicado, las ONG y familiares de personas desaparecidas que
participarán en la sesiones del CED coincidieron en la exigencia de que
“en México ninguna persona vuelva a desaparecer, además de que se
esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se
desconoce”, así como se alcancen los objetivos de “verdad, justicia y
reparación”.
El documento fue firmado por 15 agrupaciones, entre ellas la
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de
Violaciones a Derechos Humanos en México, los centros de derechos
humanos de las Mujeres, Juan Geraldi, Miguel Agustín Pro, Tlachinollan,
Paso del Norte y Fray Juan de Larios.
También asistirán a las sesiones representantes de Ciudadanos en
Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Hasta Encontrarlos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
México, Fundación Diego Lucero, Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho, Fundar, Centro de Análisis e Investigación e
HIJOS México.
