Mejora el nivel de vida, concluye la CDHDF
Ángel Bolaños Sánchez | Periódico La Jornada | Domingo 28 de diciembre de 2014, p.
27
La energía eléctrica
es un derecho humano y es necesario tomar medidas para establecer su reconocimiento, concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en una opinión técnica sobre el tema que le solicitó la Asamblea Legislativa capitalina. La Secretaría de Energía envió al mismo órgano legislativo respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la que rechaza el exhorto de la diputación local para que
cumpla lo ordenado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el sentido de que se abstenga de aplicar el contrato de adhesión para la instalación de medidores digitales o electrónicos con tarjeta de prepago, por su ilegalidad y que detenga los cobros amenazantes en contra de los usuarios.
En su respuesta al exhorto que promovió el presidente de la Comisión Especial
sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el DF, Alejandro Ojeda
Anguiano (PRD), la gerente de Relaciones Institucionales de la CFE, Karina
Elizabeth Rangel Juárez, sostuvo que dicho contrato
se encuentra debidamente aprobado y registradopor la Profeco”.
Ojeda Anguiano sustentó su exhortó con un oficio de la Profeco en el que
nos da la razón, en el sentido de que el contrato de adhesión de CFE relativo al prepago o pago programado, contiene diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En cuanto al dictamen que envió la comisionada de Derechos Humanos del DF,
Perla Gómez Gallardo, si bien aclara que carece de competencia para conocer
quejas en contra de las autoridades encargadas de regular o realizar la
aplicación de las disposiciones en materia de energía eléctrica, plantea que el
reconocimiento de esta como derecho humano debe tener dimensiones similares a
las del agua como
la disponibilidad, la accesibilidad (física, económica, de información), y la calidad.
La CDHDF sustenta su opinión técnica en diversas disposiciones
internacionales.
Establece que el derecho a la energía, como al agua, son indispensables para
garantizar un nivel de vida adecuado y fundamentales para asegurar la
satisfacción de otros derechos, como a la salud, la educación, la alimentación,
además de estar explícito en el derecho a una vivienda adecuada.