Deuda pública y sus ocultos beneficiarios
20 diciembre 2014 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Instalado en la Presidencia de la República en medio de un ambiente dominante de fraude electoral, en 1988, Carlos Salinas de Gortari siguió la línea tecnocrática iniciada por su antecesor, Miguel de la Madrid, y lejos de escuchar los reclamos sociales de las clases menos favorecidas, cansadas de pagar un alto costo por el modelo económico impuesto al país por las organismos internacionales, optó por aceptar los lineamientos diseñados desde Washington como el llamado Plan Brady, según el cual el gobierno norteamericano concedía al país una reestructuración de su deuda que, se decía, sería definitiva.
Pero como en sexenios anteriores, la benevolencia externa nunca existió, pues la oferta se utilizó como instrumento de presión para abrir sin restricciones nuestras fronteras al desventajoso Tratado de Libre Comercio (TLC), iniciando de paso la apertura del sector energético a la inversión privada, consumando la venta de los bancos y paraestatales como Teléfonos de México y la conseción de 52 carreteras. Pemex se fragmentó en cuatro subsidiarias y las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) dieron paso a la generación de electricidad a manos de particulares. Tal coctel neoliberal tendría uno de los más altos costos en la historia de la soberanía económica de México.
Ni Salinas ni su secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, valoraron los riesgos de apostarle a la llegada al país de abundantes capitales golondrinos que emigraron de Estados Unidos por las entonces bajas tasas de interés; se calcula que de 1990 a 1993 entraron a México, vía la Bolsa de Valores, unos 90 mil millones de dólares, pero tales recursos eran un falso espejismo en el que confió el entonces presidente, ignorando su volatilidad. También la banca privatizada vio en la expansión del crédito una opción de fácil rentabilidad. Aspe estaba convencido de que una vez instrumentadas las exigencias solicitadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la privatización de empresas públicas y el impulso de reformas tendientes a quitar las barreras de inversión privada al sector energético y otros más, el flujo de capitales para reactivar la economía llegaría en automático.
Una vez que las tasas de inversión comenzaron a subir en Estados Unidos y la especulación contra el peso de agudizó a causa de la imparable fuga de capitales y el desequilibrio en la balanza comercial por el incremento de las importaciones a raíz del desfavorable TLC, el escenario se configuró en una inevitable quiebra económica. De hecho de nada valió ni el Plan Brady ni los recursos que se le inyectaron al país, vía nuevos empréstitos, para evitar la debacle. De 100 mil millones de dólares con que recibió su cuestionado mandato, Salinas dejó a Ernesto Zedillo una deuda de 140 mil millones de dólares. Para variar, durante su gobierno, México pagó de intereses un promedio de 70 mil millones de moneda americana.
Fuente: Siempre!
