sábado, 27 de diciembre de 2014

Argentina: Una cita con los “buitres”

26 diciembre 2014 | Francisco Olaso | Proceso
BUENOS AIRES (apro).- La disputa entre el gobierno argentino y los fondosbuitres entra en un nuevo capítulo. La negociación podría destrabarse a partir del 1 de enero de 2015. Ese día vence una cláusula en los bonos en poder de 92.4% de los acreedores que en 2005 y 2010 aceptaron canjear sus títulos, impagos desde 2001, por otros de cobro efectivo pero con una importante quita.
En 2015 el gobierno argentino tendrá las manos libres para ofrecer mejores condiciones a 6.6% de los acreedores que no ingresó en los canjes de deuda. Ya no existirá el riesgo legal de que el grupo mayoritario pueda exigir la presentación de una oferta idéntica.

La popularidad de la presidenta Cristina Fernández Kirchner mostró un claro repunte en junio último, cuando el gobierno decidió ignorar la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa. El fallo impide al país seguir pagando puntualmente a 92.4% de los acreedores hasta no cancelar el pago a los fondos especulativos NML Capital y Aurelius por el valor nominal de los bonos en su poder. La disposición de la justicia estadunidense les concede una ganancia en dólares del mil 680%. Buena parte de la población argentina percibe el fallo como un castigo hacia el país.

Tanto el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) como su mujer y sucesora en el cargo, Cristina Fernández han culpado a las políticas neoliberales por la crisis que desembocó en el estallido social y la cesación de pagos de diciembre de 2001. En la década de los noventa, Argentina había seguido a rajatabla las premisas del Consenso de Washington.

En los últimos meses, Argentina presentó su caso en todos los organismos latinoamericanos, en el G20 y la ONU. Propone regular el accionar de fondos especulativos que compran bonos de deuda pública impagos, a precio de saldo, para luego exigir judicialmente el cobro de su precio nominal.

Puertas adentro, el conflicto ha impactado de manera negativa sobre la inversión y el consumo. Se prevé que la caída de la actividad económica en 2014 rondará 1.5%. El país sufría ya una restricción de acceso al crédito de bancos europeos y estadunidenses desde la declaración de “default” (cesación de pagos) en 2001. A partir de septiembre recibe créditos de China.

Argentina necesita divisas para importar combustibles, maquinaria, insumos. El precio internacional de la soya y otras materias primas que el país exporta ha tenido una fuerte caída en los últimos tres años. Ante la escasez de divisas, el gobierno restringe las importaciones.

Juan Carlos Sierra es representante en Buenos Aires de una empresa que lidera el mercado mundial de máquinas para la industria gráfica. Cada pedido de importación requiere de la autorización del gobierno. La mercancía llega por vía marítima. Cuando no hay tropiezos la operación demora 60 días. “Al no saber a qué precio voy a pagar mi mercancía, ya que depende del precio del dólar, la incertidumbre hace que uno tome un mayor margen de ganancia para poder cubrirse”, dice el representante a Apro. “¿Y está mal o está bien? –se pregunta–. Está mal. Porque uno no debería tomar estas precauciones cuando no son ciertas, pero ¿qué pasa?, en enero de este año hubo una devaluación de 25%. Y después tenemos toda la inflación que representan los impuestos, el aumento de sueldos. Yo debo andar en una inflación real de 30 a 35% anual –dice–. Entonces, está mal tomar esa precaución, pero si no la tomo, me fundo”.

En junio último Argentina saldó a través del Bank of New York un vencimiento de deuda por 539 millones de dólares. El dinero fue bloqueado por la justicia estadunidense. El gobierno niega que se encuentre en cesación de pagos. Denuncia, por el contrario, un impedimento de cobro.

Juan Carlos Sierra se detiene menos en la batalla semántica que en las consecuencias prácticas del conflicto. “Si yo me guío por mi vida cotidiana, el posible default o ‘default selectivo’, o como lo quieran llamar, no afecta en lo más mínimo la vida cotidiana de nadie en Argentina –explica–. Ahora, en el aumento de la incertidumbre, por supuesto que sí. Porque eso genera inflación. Ese mayor margen de ganancia que uno toma para prevenirse es también una de las causas”, reconoce.

En la calle

El Obelisco de la ciudad de Buenos Aires está emplazado en el cruce de dos grandes avenidas. Esta mañana el tránsito es cortado por un centenar de trabajadores de la empresa de autopartes Lear. Frente a un dispositivo de la policía antidisturbios y varios móviles de la televisión, los trabajadores elevan pancartas. “No a las patronales buitres”, “Reincorporación definitiva de los compañeros despedidos”, se lee.

“Ya hace seis meses que venimos con este reclamo”, dice a Apro el delegado gremial Rubén Matu. “Lear es una empresa de capitales estadunidenses, que tiene 221 filiales en todo el mundo, que el año pasado facturó 16 mil millones de dólares, que acá en Argentina ha despedido en forma masiva 240 trabajadores sin presentar los pasos legales correspondientes –explica–. Para despedir de la manera que lo hizo, Lear debería haber llevado adelante el ‘Procedimiento preventivo de crisis’, y argumentar y justificar la crisis que realmente no tiene”, dice el delegado.

Lear produce el cableado eléctrico para Ford, automotriz de la cual es proveedor exclusivo en Argentina. “Ford no va a bajar la producción, al contrario, la ha elevado; en sentido inverso a lo que pasó en el resto de la industria”, sostiene Matu.

De hecho, en los meses recientes, varias automotrices que en la última década vivieron un boom de ventas han suspendido parte del personal. De todas maneras, la tasa de desempleo en los aglomerados urbanos se mantiene estable: un índice de 7.5% en el tercer trimestre de 2014.

Rubén Matu trabaja en Lear desde hace diez años. Pertenece a una agrupación sindical trotskista, enfrentada a la empresa, al gobierno y también al sindicalismo peronista que maneja el gremio a nivel nacional. Denuncia que la empresa quiere “renovar el personal constantemente y flexibilizar de esa manera las condiciones de trabajo”.

Al caer la tarde, el torrente de autos que abandona el centro de Buenos Aires es intenso. Los conductores deben esquivar a otros transeúntes, los cartoneros, que recorren a esta hora la ciudad en busca de elementos reciclables entre la basura. La carga sobre sus carritos suele elevarse hasta una altura de tres metros.

Nélida López lleva 15 de sus 52 años en el oficio. Percibe un crecimiento de la competencia en los últimos dos años. La situación no se compara, sin embargo, con la vivida durante la crisis de 2001. Entones eran miles de personas las que llegaban al centro cada noche desde los suburbios y las villas de emergencia.

“Esto es papel blanco, cartón, plástico, botellas”, muestra Nélida López a Apro el contenido de su enorme bolsa de entretejido plástico erguida sobre el asfalto. “Eso ya es mugre”, señala con una mano las bolsas negras que ha revisado y vuelto a cerrar.

Nélida tiene diez hijos de entre 34 y 11 años. Tres de ellos y su nuera la acompañan cada tarde desde el sur del Gran Buenos Aires. Por su trabajo cobra 2 mil pesos por mes, unos 220 dólares. “Nada”, dice sin rencor. “Llega el sábado y por lo menos tenés algo. Igual la plata no rinde. A veces sale ropa, salecalzado, y todo eso lo vendemos en una feria”, cuenta.

Las clases medias y altas ven el dólar como refugio frente a la depreciación del peso. Nélida López defiende el valor de lo que gana comprando algunos alimentos y productos básicos en los supermercados del centro. Aquí se respeta más que en el suburbio el programa Precios Cuidados, que el gobierno pacta con las grandes empresas. Otros planes similares promueven la compra en cuotas de electrodomésticos (Ahora 12) y de automóviles (Pro.Cre.Auto). Se pretende así amortiguar la caída del consumo y la actividad económica.

Expectativas

“Hace diez años que yo no tenía un año serruchado, un mes bien, un mes mal, un mes bien, un mes mal”, dice a Apro el pastelero Pablo Castillo. “La verdad es que fue uno mejor que el otro. Es la primera vez en diez años que la utilidad no va creciendo con la inflación”, explica.

Castillo es propietario de una confitería en San Pedro, ciudad turística ubicada a 150 kilómetros de Buenos Aires. Se especializa en la elaboración de ensaimadas, un producto de repostería que llegó a esta zona junto a los inmigrantes mallorquines. Inauguró su local a comienzos de los noventa. Conoce los altibajos de la economía argentina.

“¡No se puede comparar con la recesión de finales de los noventa!”, dice. “En los noventa estábamos todos pobres, ahora nos agarra a todos ricos”, dice, en referencia a los comerciantes. “Ahora hay que esperar que pase. Después de 2001 no me asusta nada”, grafica.

Asume que cayó un poco el consumo y que van a venir años en los que se va a reducir la ganancia. “Está lejísimos de parecerse al 2001 –dice–. Pero como el 2001 fue tan traumático, y está tan cerca en el tiempo, entonces el medio opositor juega con eso”.

El medio opositor al que se refiere es el multimedios Clarín. Desde sus páginas, canales y radios se critica la supuesta impericia del gobierno en las negociaciones con los fondos buitre. Los candidatos opositores para las elecciones presidenciales de octubre de 2015 se han cuidado bien de no quedar fijados a posiciones demasiado claras. Cristina Fernández cuenta con el favor de buena parte de la población en su contienda con el sector más concentrado del capital especulativo. Alcanzar un acuerdo que no incluya cierto nivel de quita se percibiría como una derrota.

“Me parece que hubo mucho efecto negativo en el no arreglo. Pero no sé si va a ser proporcional al impacto positivo que podría haber de un arreglo”, dice a AproVictoria Giarrizzo, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. La economista revela mes a mes las expectativas de inversión y producción en un grupo de industrias pequeñas y medianas.

“En este segmento fue muy notorio el quiebre que hubo a partir del no arreglo con los buitres, hoy prácticamente no quedan empresas con proyectos de inversión”, explica. “Por otro lado, también afectó la confianza del consumidor, que paralizó el consumo al no saber hasta cuándo va a conservar su nivel de empleo, qué va a pasar con sus niveles de ingresos”, sostiene.

Giarrizzo no cree que el gobierno deba aceptar las condiciones que le imponen los fondos buitres. Pero sugiere dejar de lado el componente emocional a la hora de negociar. “Me parece que el mercado ya absorbió ese efecto y que hoy esa negociación va por un carril, y que la economía no lo está mirando tanto –sostiene–. Esto puede cambiar en la medida en que el gobierno empiece a usarlo como bandera política y los medios empiecen a estar encima y de cómo se traslade esa información al público. Pero como están hoy las cosas, yo creería que no debería haber ni impacto positivo ni negativo de un arreglo”, concluye.

Fuente: Proceso