La Jornada - Editorial
En su asamblea general
los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboraron una
resolución en la que piden al gobierno federal que permita la
realización de un congreso nacional politécnico con carácter resolutivo y
fundacional a fin de reformular el estatuto jurídico de la institución y
hacer efectivo el proceso de democratización. Asimismo, demandan la elección, mediante voto directo de alumnos, docentes y trabajadores del IPN, del sucesor de la ex directora general, Yoloxóchitl Bustamante, y proponen una serie de medidas que significarían, en los hechos, la autonomía.
En sus aspectos políticos, legales y administrativos, las demandas
estudiantiles son realizables y positivas. Nada justifica, hoy en día,
que el gobierno federal siga tutelando al Poli, vía la
Secretaría de Educación Pública, ni existe razón a la vista para negarle
la autonomía que poseen otras instituciones públicas de educación
superior. Por el contrario, la historia de éstas ha demostrado que el
régimen autónomo resulta saludable y necesario para el desarrollo de las
tareas académicas y de investigación.
La aceptación de estas peticiones depende únicamente de que las
autoridades exhiban la voluntad política necesaria para entregar el
control del IPN a una comunidad que ha demostrado con creces su madurez y
su civismo, y significaría la continuación de la actitud de apertura
exhibida en días recientes por el gobierno federal ante el movimiento
estudiantil.
Los reclamos presupuestales, sin ser menos justos, involucran a
actores adicionales y deben, en consecuencia, dar lugar a un proceso de
concertación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso
de la Unión, encargado de elaborar los presupuestos de egresos.
Por añadidura, tales demandan implican una revisión profunda del
modelo económico neoliberal aún vigente en lo que respecta a su descuido
tradicional y funcional de la enseñanza pública y su impulso a la
mercantilización educativa.
Sin desconocer que es éste uno de los aspectos más perniciosos de las
recetas económicas que se siguen imponiendo en el país, y que la
atención de la demanda estudiantil sería por demás positiva para el
desarrollo social y humano, parece necesario que el Ejecutivo federal
logre comprometer a las bancadas legislativas en la consecución de los
objetivos planteados por los estudiantes politécnicos. De lograrse, ello
significaría una contribución fundamental y trascendente para empezar a
superar los saldos de desastre causados en el sistema educativo
nacional por tres décadas de mentalidad privatizadora, depredadora y
devastadora de los bienes públicos y del bienestar social. Cabe esperar,
por ello, una respuesta receptiva del gobierno.