Bajo el manto sacralizado de las leyes secundarias en materia energética va a solaparse el mayor saqueo a la nación del que se tenga conocimiento en la historia mexicana. Pero ni siquiera ha sido necesario un nuevo marco constitucional como el reciente para que eso ocurra. Ese usufructo ya se ejercita desde hace varios lustros. Otro ejemplo: cuando el viernes 18 aún se discutía la Ley de Hidrocarburos en el Senado, entraban en vigor los Acuerdos Transfronterizos sobre la materia firmados entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual este último entregó un cheque en blanco a su contraparte en materia de exploración y explotación.
El viernes 18 de julio, el pleno del Senado de la República aún discutía la nueva Ley de Hidrocarburos, que legaliza la apertura de contratos a compañías privadas petroleras, incluyendo a las poderosas trasnacionales norteamericanas, pero los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) firmados entre Estados Unidos y México ya entraban en vigor ese día, restringiendo la participación de Pemex a sólo 20% de estos yacimientos, donde se calcula que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural.
La primera irregularidad estaba a la vista de los senadores que conocieron de este acuerdo avalado apenas el 19 de diciembre de 2013 por el Senado estadunidense mientras en México se discutía la reforma constitucional en materia energética: originalmente se le prometió a Pemex una participación “mínima” de 50% y ahora se reducía a 20% en estos yacimientos.
En tribuna, el mismo 18 de julio, la senadora del PRD Dolores Padierna recordó que estos acuerdos son anticonstitucionales. “Dicho de otra manera, la privatización energética en exploración y explotación de hidrocarburos se aprobó antes de aprobar el cambio constitucional”, sentenció.
“Durante 10 años estuvieron empresas norteamericanas, competidoras de Pemex, en una zona estratégica y estuvieron ensayando, logrando avanzar tecnológicamente. No sabemos por qué no se actuó en Pemex. El hecho contundente es que este acuerdo transfronterizo dejó sin protección el interés nacional, ya que las empresas norteamericanas ya estaban trabajando ahí en nuestra frontera marítima y no quedaron obligadas a una eventual distribución o reglas de ambos países para que nuestros hidrocarburos no se los llevaran al vecino país”, argumentó la legisladora.
Padierna advirtió el punto fundamental de los ATH entre México y Estados Unidos que explicaba la celeridad para aprobar en el Congreso mexicano las leyes secundarias: en el artículo 1 de este acuerdo se establece que “estas cláusulas no aplican sin la voluntad de las empresas que están trabajando en el área limítrofe con México”.
En otras palabras, no se podrán modificar las licencias y el acuerdo no aplica a la jurisdicción de aguas territoriales con Texas.
La senadora perredista afirmó que el área abarca 140 bloques marítimos en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, de los cuales 23 ya están concesionados a las grandes empresas de ese país, como Exxon-Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell y decenas de pequeñas compañías con sede en Texas.
Pemex ha explorado esa zona desde hace 14 años con plataformas sumergibles del Grupo R, propiedad del empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, y con plataformas semisumergibles de Carlos Slim, sin extraer los miles de barriles que se habían prometido del lado mexicano.
El senador Luis Sánchez, también del PRD, señaló en el mismo debate que deliberadamente Pemex no explotó los yacimientos transfronterizos para beneficiar a la contraparte estadunidense, y consideró que con 20% de participación la paraestatal mexicana “entregará los recursos del país”.
En defensa de los ATH, la senadora priista Hilda Flores Escalera admitió que la Ley de Hidrocarburos “se suma al acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los yacimientos transfronterizos”, porque “las fronteras son divisiones impuestas por los hombres, que las formaciones geológicas no respetan”.
Agregó que gracias a la citada ley “brindamos certeza sobre la explotación de recursos de la forma más conveniente para el país”. “La obligación de una participación en al menos 20% de Pemex u otra empresa productiva del Estado permitirá salvaguardar la soberanía nacional y proteger la propiedad de la nación”, sentenció.
Flores Escalera confirmó que en lo que respecta al yacimiento Eagle Ford, de la Cuenca de Burgos –que abarca a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, estudios de la Universidad de Texas revelan que la explotación en esa zona generó tan sólo en 2011 un total de 25 mil millones de dólares en ingresos y en 2013 alcanzó a producir 529 mil barriles diarios, el equivalente a una quinta parte de la producción mexicana de crudo.
“Hoy, sólo uno de estos cuatro estados (Texas) está aprovechando los beneficios de la explotación que esta formación ofrece y se encuentra, lamentablemente para nosotros, en territorio estadunidense, mientras los otros tres contemplamos solamente su potencial”, se quejó la legisladora del PRI.
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| Protesta contra la privatización del petróleo |
Contratos, a tribunales internacionales
El nuevo modelo de contratos que se detalla en la Ley de Hidrocarburos no sólo legalizará e intensificará la explotación de los yacimientos transfronterizos; permitirá que cualquier litigio lo resuelva ya no el Estado mexicano sino los tribunales internacionales.
En su voto particular, el senador Alejandro Encinas, del PRD, advirtió que esta ley establece como objetivo central “la definición de yacimientos transfronterizos, aquéllos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella”.
“También se considerarán como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Mar de las Naciones Unidas”, abundó.
Bajo este esquema, advirtió, “legalizan de manera permanente en el derecho interno los acuerdos interinstitucionales que comprometen la soberanía de la nación, y establecen obligaciones onerosas que contravienen la salvaguarda de los bienes nacionales”.
Puntualizó: “La Ley de Hidrocarburos exenta de mecanismos de contrapesos como el control parlamentario. La ausencia del Senado como revisor de la acción del Ejecutivo y sus secretarías compromete el futuro del país”.
Encinas calificó como “ínfima” la participación de 20% de Pemex en los yacimientos transfronterizos, y sostuvo que bajo el nuevo esquema de contratos que permite la exploración y explotación del petróleo y el gas hasta en 100% de inversión privada, “les permitirá llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos, sin garantizar de manera efectiva la transferencia tecnológica en beneficio del país, que genere el incremento de nuestro capital humano”.
También se establece “un trato discriminatorio” para Pemex, al no poder deducir el monto total de sus costos de producción ante el fisco, como sí se les permitirá a los contratistas bajo las modalidades de licencias, contratos de producción compartida o contratos de utilidad compartida.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD, reprochó en el debate sobre las reservas de los artículos 1, 3, 17 y 42 de la Ley de Hidrocarburos que no se previeran garantías para que Pemex tuviera una participación mayoritaria frente a las empresas privadas.
Durante la prolongada discusión de la Ley de Hidrocarburos –considerada la “pieza clave” de todas las 18 leyes reglamentarias–, los perredistas argumentaron que se mezcla el derecho público con el derecho privado para implantar un estado de excepción a modo, en beneficio de las empresas petroleras privadas.
Se violan la “Cláusula Calvo” del artículo 27 constitucional, que impide que se pueda solicitar el derecho extranjero en materia de bienes del subsuelo; el artículo 25, que establece la soberanía y rectoría del Estado, y el 27 sobre la expropiación por utilidad pública, según documentos de los asesores jurídicos del PRD.
Durante ese debate, que se prolongó hasta la madrugada, el PRI y el PAN rechazaron cualquier posibilidad de que se afecte la soberanía, y afirmaron que los ATH serán benéficos para el país.
Contratismo ventajoso
La legalización de los contratos para empresas petroleras privadas en los ámbitos de la exploración y la explotación de hidrocarburos se remonta al periodo 1983-1987, cuando Pemex vendió al exterior los primeros 14 productos petroquímicos básicos, en la época de la renegociación de la deuda externa en el sexenio de Miguel de la Madrid.
En su revisión histórica, publicada en la compilación Reforma Energética 2008, el ingeniero Alfonso Hickman Sandoval, integrante del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, advirtió que el primer paso a la privatización vía contratos se dio en 1990, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari introdujo a la consultora McKinsey en Pemex para reorganizar la paraestatal.
Esta firma propuso el proyecto de que a la paraestatal se le dividiera en cuatro subsidiarias, lo cual se concretó el 14 de julio de 1992. “El problema surgió cuando se aplicó el esquema McKinsey, pues las teorías administrativas chocaron con las intenciones controladoras del presupuesto y la renta petrolera por parte del Ejecutivo federal”, recordó Hickman en su ensayo.
“A partir de 1993 se inició la especulación sobre el inicio de privatización de algunas plantas del Complejo Petroquímico de Cosoleacaque, para seguir después con Morelos, Camargo, Salamanca y La Cangrejera”, apuntó Hickman. Hubo empresas interesadas, como Texaco, BASF, Bayer, Hoechst, Mexpetrol, Shell y Exxon, asociadas con algún consorcio mexicano, como Alfa, Cydsa, Celanese e Idea.
Sin embargo, las diferencias entre los magnates mexicanos y el gobierno de Salinas, en plena negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impidieron la apertura del sector petroquímico al capital privado y la inclusión del petróleo en el tratado. El 9 de agosto de 1993 el gobierno salinista decidió no modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución ni las leyes relativas a la petroquímica, a pesar de la fuerte presión de las trasnacionales.
“El proceso de privatización arrancó formalmente con la licitación pública internacional No.PPQ-01, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 1995, para enajenar diversos activos propiedad de Pemex Petroquímica en Cosoleacaque, Veracruz. Los privados tendrían 80% de las instalaciones y Pemex 20%”, apuntó Hickman. Esta licitación se enfrentó a “fuertes resistencias” de los trabajadores.
En el sexenio de Ernesto Zedillo se ensayó el modelo de Contrato de Servicios Integrales (CSI) que Pemex comenzó a firmar desde 1996 con compañías como Haliburton y Schlumberger, cuyo negocio es diferente al de las compañías petroleras tradicionales como Exxon-Mobil o Shell. La primera licitación se entregó en abril de 1997 a Schlumberger, Perforadora México y Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), filial de Pemex para el desarrollo del potencial gasífero de la Cuenca de Burgos. El director de Pemex era Jesús Reyes Heroles González Garza.
En los mismos años, el senador panista José Ángel Conchello comenzó a denunciar que compañías petroleras estadunidenses perforaban en pozos mexicanos. Específicamente, en marzo de 1996 exigió que la Secretaría de Relaciones Exteriores informara sobre la perforación de un pozo en el Golfo de México a cargo de cuatro compañías estadunidenses, entre ellas Reading and Bates Corp.
Ahí comenzó la discusión en torno a los yacimientos transfronterizos y el interés estratégico de Estados Unidos en ellos. Conchello falleció en un accidente vehicular en 1998, 10 días después de haberle exigido a José Ángel Gurría –secretario de Hacienda y canciller con Zedillo– que investigara la sospecha de que compañías extranjeras explotaban petróleo en aguas mexicanas.
En 2003, bajo el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron en la misma zona de la Cuenca de Burgos los Contratos de Servicios Múltiples (CSM). El foxismo entregó siete y Felipe Calderón llegó a nueve. El CSM es un contrato de servicio operativo mediante el cual una firma privada sustituye a Pemex Exploración y Producción en la extracción de hidrocarburos. La ganancia para el contratista radica en la diferencia entre el precio que Pemex le paga y el precio que pacta con los subcontratistas. La “regalía” pasa gradualmente de 12 a 60% del valor de la producción cuando el precio se eleva de cinco a 10 dólares el millar de pies cúbicos. El pago de derechos por la extracción de hidrocarburos queda a cargo de Pemex.
Contratos que son concesiones
La Ley de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo federal y aprobada finalmente por el Congreso permitirá lo que se buscó desde 1992: la participación de las empresas privadas sobre los derechos de las reservas petroleras.
Bajo el nuevo esquema, el Estado le otorgará a Pemex “asignaciones” y podrá celebrar con la empresa contratos para la exploración y extracción petrolera. A Pemex se le darán asignaciones vía la llamada Ronda Cero, a cargo de la Secretaría de Energía. Los contratos con empresas privadas serán licitados vía la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Además de los CSM que se legalizaron en la reforma de 2008, ahora existirán “licencias”, “contratos de utilidad compartida” y “contratos de producción compartida”.
Un estudio de anticonstitucionalidad elaborado en mayo de 2014 por asesores del PRD en el Senado afirma que las fórmulas de estos contratos “no contienen ningún mecanismo que limite la contraprestación del contratista para la recuperación de su inversión y un retorno razonable sobre la misma”.
“Las fórmulas están diseñadas para cubrirle sus gastos (salvo en la licencia, en que la tasa se aplica al valor de los hidrocarburos) y después repartir las ganancias del petróleo entre el Estado y el contratista.
“Al repartirle ganancias del petróleo, se le está permitiendo explotar el petróleo. Explotar quiere decir, precisamente, recibir los frutos o ganancias de un bien o un negocio. Como el petróleo es un bien público, lo que los contratos hacen es darle un derecho al contratista para explotar (para decirlo de otra forma) recibir las utilidades de un bien público.
“El acto administrativo mediante el cual se le otorga al particular el derecho de explotar o recibir las utilidades de un bien público se denomina concesión. Estos contratos son, por tanto, concesiones”, apunta el estudio.
El PRI y el gobierno federal han negado hasta ahora que se trate de un esquema de concesiones a petroleras privadas. Sin embargo, en los mismos Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos firmados entre México y Estados Unidos se admite que operarán bajo la figura jurídica de las concesiones que rige en la ley estadunidense.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
