domingo, 27 de julio de 2014

El gobernador de la represión y la mentira

Su mala fama crece, ganada a pulso… o mejor dicho, a mano dura. Cuando el gobernador Rafael Moreno Valle seguía refinando sus prácticas represivas contra la disidencia poblana amparado en su Ley Bala, se topó con pared: la muerte del niño José Luis Tehuatlie a raíz de una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad del estado de Puebla, aun cuando el mandatario insiste en exculparlas. Implacable, la condena de prácticamente todos los sectores políticos y sociales de esa entidad, y aun de los nacionales –con excepción del PAN, su partido– se cierne sobre el mandatario cortándole las alas a su aspiración presidencial.
27 abril 2014 | Álvaro Delgado y Gabriela Hernández | Proceso
PUEBLA, PUEBLA (Proceso).- Las imágenes son dramáticas: Decenas de niños de la primaria Belisario Domínguez corren con sus padres en medio de nubes de gas lacrimógeno lanzado por la Policía Estatal para dispersar a unos 200 manifestantes que pretendían ingresar a la Secretaría de Finanzas, en la capital del estado.

El gas alcanzó también al hospital Betania, contiguo al edificio gubernamental, en cuya área de urgencias fueron atendidas varias personas, víctimas de la impericia policial para disolver la protesta de vendedores de autopartes que exigían la devolución de mercancía incautada.

Tras el operativo, el 11 de mayo de 2011, el entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado —actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM)—, se ufanó de aplicar la ley contra los manifestantes. "No son hermanos de la caridad y yo no soy un payaso. Somos policías y estamos actuando".

Con esta acción policiaca, el panista Rafael Moreno Valle conmemoró sus primeros 100 días como gobernador de Puebla, una política de garrote que ha aplicado en todo su sexenio y cuya más reciente expresión —ya con Facundo Rosas como jefe policiaco— fue la batida contra campesinos, el miércoles 9, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

"Ustedes han visto cómo la ley que se aprobó en Puebla se aplica", se regodeó ante periodistas tras el operativo inaugural de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública —la vigente Ley Bala—, cuyas consecuencias pueden hundir su proyecto presidencial.

En medio de la peor crisis de su carrera tras la muerte del niño de 13 años de edad, el sábado 19, el Gobernador se ha aferrado a que a éste lo mató un cohetón lanzado por los manifestantes y no un artefacto de la policía —una bala de goma o un cartucho de gas lacrimógeno—, como aseguran testigos con base en evidencias.

"Ese señor es un criminal. Él miente, él cree que puede pasar por encima de todo. Si llega a la Presidencia, qué no hará", alerta, desde su humilde hogar, Elia Tamayo, la madre del niño al que sus amigos llamaban Conan y que ese miércoles regresaba de clases.

PAN, CÓMPLICE: ANA TERE

Con reputación de déspota, caprichoso y frívolo, el emblema de Moreno Valle ha sido la represión sistemática de toda expresión disidente, sobre todo de campesinos, indígenas y organizaciones sociales que se defienden de los proyectos empresariales impulsados por su gobierno.

Cualquier manifestación opositora a sus proyectos ha sido hostilizada y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, pero también con la cárcel, a menudo —conforme a numerosas denuncias de los afectados— con fabricación de pruebas.

Por lo menos 31 activistas están bajo proceso penal, 25 de ellos aún en las cárceles del estado, por oponerse a los megaproyectos privados. Sólo en la Sierra Norte, con población mayoritariamente indígena, existen 90 concesiones para minas y la construcción de ocho hidroeléctricas que impugnan los habitantes.

Al gobierno de Moreno Valle lo culpan del homicidio de un activista: Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, asesinado el 4 de junio de cuatro balazos.

También ha aflorado la crueldad del Gobernador: Hace un mes falleció en la cárcel el activista Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, a quien el Gobierno estatal le negó el derecho a seguir su proceso en su domicilio, como lo exhortó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Del despotismo de Moreno Valle también ha sido víctima el Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita desde 2009: ha encarcelado, amenazado y hostilizado a sus críticos, hasta tomar el control completo en Puebla y con gran influencia en el nacional, en contubernio con Gustavo Madero.

Postulado por la coalición integrada por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza —el partido de su madrina Elba Esther Gordillo—, Moreno Valle cooptó también al PRI estatal —su antiguo partido— para controlar el Congreso, el Poder Judicial y los organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, aval de todos sus abusos.

Con los medios de comunicación controlados mediante un robusto presupuesto publicitario —uno de los más opacos del país, según las ONG Fundar y Artículo 19—, el afán absolutista de Moreno Valle se consolidó luego de tres años y cinco meses de gobierno.

Pero lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan, donde la policía disolvió un bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco de campesinos que protestaban por la reinstalación del registro civil en las juntas auxiliares, alteraron sus planes: el PAN le hizo el vacío, el PRD promoverá juicio político contra él y el PRI censuró su "política criminal".

No fue el PRI estatal —cuya dirigencia será sustituida en breve—, sino el grupo parlamentario en el Senado el que expresó, en la propuesta de un punto de acuerdo, que lo ocurrido el miércoles 9 "deja de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad".

Con un inusual dureza, añadió: "Aunque el Gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre del menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas".

Al respecto, Isabel Allende, diputada federal priísta de Puebla, afirma que es inaudito el exceso de fuerza en San Bernardino. "Hay una incapacidad total del Secretario de Seguridad Pública y de sus colaboradores, y la Secretaría de Gobierno no tiene el más mínimo interés en mantener la gobernabilidad del estado".

Pero el responsable, aclara, es Moreno Valle y por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe investigar a cabalidad los hechos, aunque el abogado del Gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn, es amigo del presidente del organismo, Raúl Plascencia.

Hijo del ex gobernador priísta Mariano Piña Olaya y de Patricia Kurczyn, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Piña Kurczyn fue secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública hasta que, en 2012, su amigo Plascencia lo designó sexto visitador de la CNDH.

Justo al día siguiente del desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, Piña renunció como secretario general nacional de la Fundación Colosio del PRI, para hacerse cargo de la defensa de Moreno Valle, su amigo desde que éste era priísta.

El único partido que se ha mantenido silente es el PAN. En su más reciente elección interna, en mayo, Moreno Valle fue clave para la reelección de Madero, cuyo círculo cercano admite que tiene también aspiraciones presidenciales.

Al respecto, Ana Teresa Aranda, la única opositora de Moreno Valle desde que ingresó al PAN —por lo cual ha sido amenazada de muerte y sus denuncias archivadas—, lamenta que su partido a nivel local y nacional calle. "Hay un silencio sepulcral con respecto a Chalchihuapan".

LA SIERRA, ‘UN POLVORÍN’

Para los líderes de organizaciones sociales de Puebla que padecen la mano dura de Moreno Valle, por su oposición a sus "proyectos de muerte" —como llaman a las mineras y las hidroeléctricas—, el proyecto presidencial está afectado con la represión en San Bernardino Chalchihuapan y la muerte del niño Tehuatlie Tamayo.

Raymundo García López, dirigente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena y del Comité Revolucionario Indígena de Zapotitlán, afirma que "la mano dura de Moreno Valle fue un mensaje a los mercados financieros internacionales de que puede resolver los problemas, pero ahora su aspiración se ve menguada".

Sin embargo, no avizora que disminuya la hostilidad gubernamental, sobre todo porque los habitantes de la Sierra Norte no cederán a las presiones y a la "represión" para que depongan su oposición a los proyectos mineros e hidroeléctricos.

"Puede haber un conflicto regional de gran envergadura si no se detienen estos proyectos. Y serán mayores con la reforma energética, especialmente con la ocupación temporal. Ojalá los diputados corrijan lo que aprobó el Senado".

—¿Qué consecuencias podría haber?

—Sería un polvorín en las regiones indígenas donde están los proyectos. Nosotros, por más humildes que seamos, no nos dejamos engañar.

Fuente: Proceso


Fue un operativo calculado

27 julio 2014 | Gabriela Hernández | Proceso
SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, PUE.– Los testimonios de los sobrevivientes de la Ley Bala, que presentan heridas similares a la que causó la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, echan por tierra la versión que defiende el gobernador Rafael Moreno Valle de que el niño fue víctima de un cohetón que lanzaron los manifestantes en la protesta del miércoles 9.

Aún convalecientes, Martín Romero Montes, Hugo Jiménez Varela, Vicente Tecalero Jiménez y Filemón Pacio Grande –cuyas fotografías circulan en las redes sociales– no tienen dudas al señalar el origen de sus lesiones.

Son producto, dicen de los cartuchos de gas lacrimógeno que desde tierra y aire dispararon los elementos de la Policía Estatal de Puebla contra los pobladores de Chalchihuapan, que ese día bloquearon por hora y media la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el servicio del Registro Civil fuera restituido a las juntas auxiliares.

“Primero fueron los granaderos, pero luego atacaron al pueblo desde un helicóptero, fue como si estuviéramos en guerra”, relata una joven, que igual que Tehuatlie Tamayo salió de la escuela poco antes de las dos de la tarde, justo cuando los uniformados iniciaron el desalojo.

Romero Montes, de 65 años, estaba parado al costado oriente de la vía, a pocos metros de donde se encuentra el pueblo. Iba a recoger a su nieto al otro lado de la autopista, donde se ubican las dos secundarias y el bachillerato a las que asisten los niños y jóvenes de la localidad.

Vio a los uniformados cuando avanzaron en bloque haciendo sonar escudos y toletes: “¡No pueden hacer esto. Hay muchos niños, acaban de salir de la escuela!”, les gritó. Estaban a cinco metros de él. Lo ignoraron y empezaron a disparar cartuchos de gas sin importarles la presencia de mujeres –una de ellas estaba embarazada–, niños y ancianos.

Romero no pudo brincar el muro de contención de la carretera para correr como lo hicieron otros; trató de agacharse pero uno de los proyectiles lo impactó en la mejilla izquierda. Su fotografía circuló en los días siguientes en internet.

Hoy apenas puede hablar. Sus dientes están unidos por ligas, luego de dos operaciones en las cuales se le reconstruyó su quijada. Según sus hijos, quizá sea sometido a otra intervención quirúrgica.

Mediante señas y con ayuda de una foto en la que aparecen los artefactos que recolectaron los pobladores el jueves 10, Romero sostiene que su herida fue causada por un cartucho metálico en forma cilíndrica de unos 25 centímetros de largo y cinco de diámetro.

Tecalero Jiménez, de 21 años, no sabe exactamente qué lo golpeó. Estaba parado a un lado de la carretera mirando hacia la manifestación cuando sintió el impacto en su cabeza y se desmayó. Despertó en el hospital, donde estuvo 15 días debatiéndose entre la vida y la muerte.

Pacio Grande, quien aparece en una fotografía con una herida en el abdomen, sí vio el artefacto –un “torpedo de plástico negro”– relleno de un líquido que le provocó ardor y quemaduras cuando golpeó su cuerpo.

Jiménez Varela, por su parte, relata que iba en un taxi con su esposa y sus hijos, una menor de seis años y otro de dos, cuando vio la refriega. Corrió para proteger a su familia pero los policías los siguieron. Cuando volteó vio un cartucho de aluminio; no puedo esquivarlo.

En un hospital particular, porque no lo quisieron atender en ningún otro, tuvo que ser sometido a una operación para detener una hemorragia en su ojo izquierdo, una reconstrucción del párpado y la reparación de la fractura de nariz.

–¿Qué opina de la versión del gobernador Moreno Valle según la cual Tehuatlie Tamayo murió por un cohetón que lanzó la gente? –se le pregunta.

–Yo creo que el gobierno lo que quiere es lavarse las manos.

De las mantas a las piedras

Los pobladores de Chalchihuapan insisten en que el miércoles 9 sólo llevaban cartulinas y una manta.

Eso puede verse en uno de los videos en el cual se aprecia que ninguno de los manifestantes cargaba piedras, palos o cohetones cuando la policía avanzó hacia ellos y comenzó a lanzarles gases, comenta Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de la localidad.

Se queja porque, dice, ningún funcionario acudió a ofrecerles instalar una mesa de diálogo; uno de los policías incluso les advirtió que tenían cinco minutos para retirarse, pero ni siquiera esperó, pues él y sus compañeros empezaron a avanzar contra la gente.

Y empezaron las detenciones de Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, a quienes acusaron de ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte, así como de lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio y robo.

La averiguación previa 468/2014/DMZS es tan falsa, dice, que se acusa a Pérez Tamayo, quien tiene más de 72 años, de “levantar en vilo” a un policía.

Durante una reconstrucción de los hechos, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y representantes de la CNDH, un joven relató que estaba cerca de Tehuatlie Tamayo, en la zona poniente, donde están escuelas, cuando empezaron los disparos. La madre del niño, Elia Tamayo, caminaba unos metros atrás.

En las fotografías publicadas en los medios locales se observa cuando algunos policías comenzaron a disparar cartuchos y balas de goma; otros empuñaban carabinas lanzagás AM-600, marca Cóndor calibre 37/38 mm y DEF TEC 1315, calibre 37mm.

La semana antepasada, un grupo de uniformados llevaron un documento al periódico Intolerancia en el que admiten que en el operativo del miércoles 9 recibieron órdenes de disparar “con todo”. Llevaban cartuchos de gas lacrimógeno caducos, que no estallaron y se convirtieron en proyectiles.

La madre de Tehuatlie Tamayo insiste en que la fotografía en la cual su hijo está agarrando una manta es un fotomontaje. Los vecinos coinciden con ella.

El niño cayó herido en el cuadrante sur-poniente de la intersección que se forma entre la autopista y el puente que conduce a Chalchihuapan, mientras que las mantas estaban al lado contrario de la vía de cuota.

Ante la agresión, la gente enardeció y empezó a juntar piedras y palos para repeler a los policías. En ese momento, precisamente cuando el menor y otros vecinos cayeron heridos, arrinconaron a uno de los agresores.

Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del Estado, se mantuvo como observador dentro de su camioneta, estacionada a pocos metros del lugar, custodiado por granaderos.

Muchos pobladores que no habían participado en la protesta se sumaron a la lucha al enterarse de que entre los heridos había niños y que otros se desmayaron al inhalar los gases que, según declararon, los “inmovilizaban y les dificultaban la respiración”.

Como a las tres de la tarde un helicóptero empezó a sobrevolar la zona y a lanzar otros cartuchos de manera indiscriminada. Fue entonces cuando habitantes de otras comunidades vecinas llegaron al lugar con cohetones y comenzaron a lanzarlos al aire para que el humo entorpeciera los ataques aéreos.

Una vez que los pobladores superaron en número a los policías, atraparon al menos a 20 de ellos y los despojaron de toletes, escudos y cascos.

Alrededor de las cinco de la tarde la subsecretaria de Seguridad, Ofelia Flores Ramos, se comunicó por teléfono con los inconformes para negociar la liberación de los rehenes. La mayoría fueron puestos en libertad; sólo dos que estaban heridos se quedaron. Las autoridades locales batallaron para evitar que la turba los linchara, sobre todo los familiares de Tehuatlie Tamayo, quienes clamaban venganza.

La madrugada del jueves 10, los pobladores dejaron que una ambulancia entrara al pueblo para llevarse a los policías heridos.

José Salomé Pacio Grande, presidente subalterno de San Martín Tlamapa, asegura que el operativo fue planeado para intimidar a las autoridades tradicionales que defienden las juntas auxiliares.